Día: 26 de marzo de 2026

Con vastas regiones de tierras cultivables, gran biodiversidad y consolidada como potencia exportadora de alimentos a nivel global, América Latina presenta una de las contradicciones más profundas y dolorosas de nuestro contexto económico y social: acceder a una nutrición equilibrada se ha transformado en un símbolo de estatus, un lujo reservado para quienes se mueven en los deciles superiores de ingresos.

No es que faltan alimentos, lo que hay es una crisis de calidad donde el hambre en algunos países y sectores de la población convive una creciente obesidad y sobrepeso que afecta de manera desproporcionada a las poblaciones más vulnerables en el marco de un sistema que incentiva el consumo de calorías baratas y alimentos ultraprocesados, mientras se hace difícil acceder a productos frescos y naturales.

El informe del Panorama Regional de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición 2025, publicado en febrero pasado en forma conjunta por varios organismos de la Organización de las Naciones Unidas (FAO, FIDA, OPS, PMA y Unicef), arroja cifras que deberían interpelarnos como habitantes del lugar del mundo donde más cuesta acceder a una dieta saludable.

Mientras que el promedio mundial del costo diario para tener una alimentación que cumpla con los requerimientos nutricionales básicos se sitúa en unos 3,66 dólares, en el continente latinoamericano esa cifra asciende a 5,16 dólares diarios por persona. De esta manera, alimentarse en Bogotá, México o cualquier ciudad uruguaya es proporcionalmente más caro que hacerlo en muchas de las capitales de países desarrollados donde los ingresos son mucho más elevados. No se trata solo del precio nominal de las papas o la lechuga sino de su relación con el poder adquisitivo real de los hogares. Eso, que en términos de la economía del bienestar recibe el nombre de “asequibilidad”, no es otra cosa que la relación entre el costo de la canasta nutricional y el bolsillo de las familias. Es también una ecuación que arroja resultados lamentables para la equidad social porque cuando el costo de comer sano se vuelve algo prohibitivo para las familias, éstas se ven forzadas a realizar sustituciones que son razonables desde el punto de vista financiero a nivel familiar, pero muy negativas para la salud.

En este sentido, se ha visto que las sustituciones se dirigen invariablemente hacia los productos ultraprocesados, que ofrecen una densidad calórica elevada a un costo mínimo, saciando el hambre de forma inmediata pero sembrando en nuestro cuerpo semillas de enfermedades a largo plazo, que podrían ser evitadas. Evidentemente no es lo mismo comer proteína fresca (como carnes rojas, pollo o pescado) y verduras que fideos con caldos en cubos y refresco azucarado, panchos o pan con mortadela. A corto plazo resulta una decisión racional para llegar a fin de mes pero a largo plazo este tipo de alimentación se relaciona con problemas como obesidad o hipertensión. El problema de la obesidad es transversal incluso en países que han logrado reducir el hambre de manera significativa como Uruguay, Brasil o Chile, donde las tasas de sobrepeso continúan aumentando. Por otra parte, en los últimos 30 años la región ha experimentado grandes cambios en los patrones de consumo. La apertura del mercado ha permitido la entrada masiva de la industria de alimentos ultraprocesados sin marcos regulatorios claros para proteger la salud pública. Estos alimentos no son otra cosa que formulaciones industriales diseñadas para su consumo rápido, con producción y distribución barata que han ido desplazando los sistemas alimentarios locales y las dietas tradicionales basadas en granos, tubérculos, granos y frutas y verduras frescas. El uso de estrategias de marketing agresivas, muchas veces dirigidas a los niños, donde el consumo de estos productos se vincula a lo moderno, la felicidad o la pertenencia social resulta ampliamente ganador ante el costo de las proteínas de alta calidad como el pescado o pollo sin procesar y los micronutrientes esenciales presentes en los vegetales verdes.

El caso de Uruguay es digno de estudio porque por un lado ha logrado erradicar la subalimentación severa, pero por otro, existe en paralelo una crisis de malnutrición por exceso que es una amenaza para la salud pública. Con un 72% de sobrepeso y un 36% de obesidad en la población adulta, supera a Brasil y se encuentra apenas por debajo de Argentina en la prevalencia de exceso de peso. En lo que respecta al sobrepeso en niños y adolescentes, es preocupante que nuestro país se encuentre entre los peores de la región, afectando casi a 4 de cada 10 escolares.

La obesidad no es un tema estético, sino de salud para la persona y la sociedad dado que su relación con la hipertensión, diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares está ampliamente documentada.
La explicación también tiene que ver con los hábitos alimentarios y las decisiones de compra de las familias. La Universidad de la República ha desarrollado la Canasta Básica Alimentaria con Enfoque Nutricional (Cbaen) como una herramienta para medir cuánto cuesta comer de forma saludable.
El costo mensual de esta canasta era de 7.268 pesos uruguayos por persona a diciembre del año pasado. Si consideramos un hogar de cuatro o cinco personas, el presupuesto necesario solo para cubrir una dieta sana supera ampliamente lo que perciben miles de trabajadores por salario mínimo o asistencia social.

El informe de la Cbaen 2025 señala también que ante un incremento de la capacidad de gasto, los hogares uruguayos no siempre sustituyen ultraprocesados por alimentos frescos, sino que más bien aumentan el gasto de ambas categorías, lo cual sugiere que el consumo de ultraprocesados es un hábito tan arraigado y funcional a los ritmos de vida modernos que aún teniendo dinero extra no se traduce en siempre en mejor decisión para la salud.

Importa señalar que nuestro país ha destinado recursos a fortalecer la atención primaria de la salud y ha sido pionero en iniciativas vinculadas a la alimentación, como el rotulado frontal de alimentos mediante octógonos que advierten sobre exceso de sodio, azúcares o grasas saturadas, existiendo además políticas sociales que inciden en la alimentación, como el aumento del 50% del denominado “bono crianza” para los hogares más vulnerables con niños o el Programa de Alimentación Escolar que atiende a miles de niños diariamente.

No obstante, la alimentación de mala calidad es un síntoma de un sistema con fallas donde lo sano es caro y lo que enferma suele ser más barato. ¿Acaso no será hora que las políticas públicas trasciendan la información nutricional y entren en el terreno de la economía de la alimentación y se consideren subsidios directos a las verduras, frutas o legumbres para garantizar la accesibilidad de la misma forma que hoy lo hace con la leche pasteurizada? ¿O promover las huertas familiares, que eran tan comunes en las casas de nuestros abuelos hace apenas 30 ó 40 años? ¿Qué otras soluciones pueden ser viables para que el acceso a una dieta equilibrada no siga siendo un privilegio de clase y la obesidad una marca física de la desigualdad? Urge pensarlo.