Como se temía —y era esperable, o mejor dicho, inevitable—, la prolongación del conflicto bélico en Medio Oriente tuvo como inmediata repercusión un incremento global en los precios del petróleo, afectando en consecuencia a la economía mundial. Si bien el impacto ha sido diferente en cada país según sus realidades internas, esta nueva situación no ha podido ser soslayada en ningún caso.
En ese sentido, agencias internacionales señalan que el petróleo aumentó un 55% a nivel global tras el primer mes de la guerra en Medio Oriente. A ello se suma la incertidumbre que marcó las últimas semanas y la confirmación de lo más temido por los mercados: la prolongación del conflicto, sin un desenlace claro en el corto plazo y con señales de estancamiento.
Durante este período, la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán alteró bruscamente la aparente calma de los mercados financieros. Al cumplirse un mes, el barril de petróleo Brent se disparó un 55%, alcanzando los U$S 112.
Se configura así el escenario más temido: un conflicto prolongado en el tiempo, que ha derivado en un aumento de los precios del petróleo y del gas, impulsado por daños en infraestructuras energéticas y el riesgo de una menor oferta global.
El barril Brent —referencia en Europa— subió un 55,31% desde el inicio del conflicto, llegando a rozar los U$S 120. Por su parte, el crudo de referencia en Estados Unidos, el West Texas Intermediate (WTI), aumentó un 48,67% y se acerca a los U$S 100, su nivel más alto desde mediados de 2022.
En paralelo, el gas se revalorizó más del 70%, alcanzando los U$S 62,52 por megavatio hora.
Asimismo, se registraron caídas en las principales bolsas. Según el analista de XTB, Manuel Pinto, estas reflejan un escenario de pesimismo ante una posible desaceleración económica, producto del aumento de los precios energéticos, el repunte inflacionario y la expectativa de subas en las tasas de interés.
Si el escenario global ya es complejo, la situación en Uruguay presenta desafíos adicionales. El país importa el 100% del petróleo que consume y, aun sin conflictos internacionales, registra algunos de los precios de combustibles y electricidad más altos de la región. En este contexto, cualquier variación, por mínima que sea, impacta en una economía con elevados costos internos para todos los sectores.
Como todo importador de crudo, Uruguay es tomador de precios internacionales, por lo que el traslado de los aumentos al consumo interno resulta inevitable. De lo contrario, se generarían pérdidas a lo largo de la cadena hasta llegar al surtidor, algo insostenible en el tiempo.
Esto explica que en prácticamente todos los países se hayan ajustado los precios de los combustibles, y Uruguay no será la excepción. El gobierno dispuso un incremento a partir del 1º de abril, lo que ya generó tensiones políticas, dado que desde la oposición se señalan omisiones y responsabilidades del Poder Ejecutivo.
En este contexto, el senador del Partido Colorado, Tabaré Viera, promoverá la convocatoria de la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, ante la Comisión de Industria del Senado, a raíz del aumento dispuesto.
Desde el 1º de abril, el precio de la nafta súper será de $82,27 (un aumento de $5,39), mientras que el gasoil 50S pasará a $50,63 (un aumento de $3,31), según informó el gobierno en un comunicado conjunto. El supergás, en tanto, se ubicará en $94,65 (un incremento de $6,19).
Si bien los ajustes son bimensuales —y se esperaba que el próximo fuera en mayo—, el gobierno aplicó la cláusula prevista en el artículo 5º del decreto 130/025, que habilita a suspender transitoriamente el mecanismo en caso de condiciones excepcionales que afecten significativamente el sistema de precios. Tanto Cardona como el ministro de Economía, Gabriel Oddone, calificaron el contexto internacional como “extraordinario”.
No obstante, Viera señaló que la convocatoria busca conocer los criterios que seguirá el gobierno para la fijación de precios en este escenario, así como las previsiones sobre el abastecimiento energético.
“Queremos saber qué planifica el gobierno, cómo evalúa la realidad internacional y el impacto de los conflictos en el precio del petróleo”, expresó el legislador.
Asimismo, cuestionó el cambio en la metodología de fijación de precios. “Nos preocupa que este gobierno haya modificado el régimen anterior. Fue una decisión política que consideramos temeraria, en el marco de una lógica de cambio por cambio, estableciendo un esquema bimensual”, afirmó.
Por su parte, el presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), Rafael Ferber, consideró que la suba de los combustibles es “lógica en el contexto internacional”. No obstante, advirtió que persisten problemas estructurales, como los subsidios al supergás y al transporte, que continúan cargándose sobre el gasoil.
En esa línea, el ministro Oddone aclaró que, por el momento, el aumento de combustibles no se trasladará al precio del boleto de ómnibus.
“Entendemos que esos costos no deberían recaer sobre el gasoil productivo, sino financiarse por otras vías”, sostuvo Ferber.
Quedan así expuestas distintas visiones sobre una problemática que, si bien se agrava en la coyuntura internacional, tiene raíces estructurales en Uruguay: la alta carga impositiva sobre los combustibles, el rol de Ancap, los costos logísticos, el centralismo y la rigidez de los costos fijos, además de la persistente confrontación política.
En definitiva, el intercambio constante de responsabilidades entre oficialismo y oposición, sin una mirada autocrítica, refleja una dinámica que profundiza la vulnerabilidad del país. Así, cualquier alteración externa —por mínima que sea— termina teniendo un impacto significativo en la economía nacional.
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