La semana pasada se presentó un informe que recoge los resultados de una investigación realizada por Equipos Consultores, a instancias de Unicef y el Inisa, respecto a las características de la población atendida por el instituto con medidas de privación de libertad, a la vez que sobre su capacidad de respuesta en función del estado de su infraestructura y la composición y la calificación de los recursos humanos con los que cuenta.
El estudio, a grandes rasgos, reveló que las cosas no cambiaron mucho desde la evaluación de 2018. Esto puede ser leído como algo bueno: el problema no se agravó, y es una lectura válida. Pero claro, en la medida en que la situación ya en 2018 no era ni cerca de buena, la lectura del medio vaso vacío es que en estos años transcurridos no se pudo hacer nada para mejorar los números, que son, a la postre, el reflejo del funcionamiento de un sistema que poco aporta en cuanto a reinsertar, rehabilitar o interrumpir una carrera criminal incipiente, mostrando que hay otro modo de vida posible. No quiere decir que no se intente, no quiere decir que no se haga diariamente un esfuerzo enorme detrás del objetivo, con menos personal y menos recursos, tanto financieros como técnicos, de los que se requeriría, aunque el mismo presidente de Inisa, Jaime Saavedra reconoció que no hay un problema en ese sentido.
Entrando en tema, veamos y comentemos algunos de los datos que evidenció el estudio, cuyo propósito primero fue “conocer la situación de los y las adolescentes en situación de privación de libertad vinculada a diferentes dimensiones (salud, proceso judicial, tiempo de encierro, actividades, vínculo con el exterior, convivencia interna, entre otros) y analizar sus valoraciones sobre los centros”.
Los adolescentes encuestados tienen un promedio de edad de 17 años. La estructura de edad de la población privada de libertad es similar a la registrada en las encuestas de 2018 y de 2021: 33% tiene 18 años o más y 40% se ubica en los 16-17 años. En términos de género, la población sigue siendo muy masculinizada: 98% de quienes fueron encuestados son varones. Esto implica que la muestra obtenida se compone de 252 varones y 6 mujeres adolescentes. Por otra parte, antes de ingresar al Inisa un 47% vivía en Montevideo, 17% lo hacía en Canelones y 36% en los demás departamentos. Esto implica un aumento de casi 10 puntos porcentuales de la participación de adolescentes residentes en Montevideo en comparación con el relevamiento realizado en 2021, aunque sigue siendo menor al registro de este indicador en el censo de 2018 (54%).
Uno de los datos por los que el presidente de Inia mostró mayor preocupación fue la del nivel educativo máximo alcanzado por la población adolescente privada de libertad, aunque se observa una leve mejora en un contexto general de bajo nivel de educación formal. En comparación con 2021, se observa un descenso en la proporción de adolescentes privados de libertad que solo llegó a cursar educación primaria, pero aún la amplia mayoría no había alcanzado a completar el ciclo básico de educación media antes de ingresar al Inisa (85%).
Si se analiza el nivel educativo según edad, incluso entre los adolescentes de 16 y 17 años, apenas un 16% había logrado culminar el ciclo básico antes de su ingreso a los centros del Inisa y entre los adolescentes privados libertad que tienen actualmente 18 años o más, solo un 25% contaba con ciclo básico completo o había alcanzado a cursar bachillerato.
Se dirá que tal vez no era esperable otra cosa de la población adolescente que termina cumpliendo una pena en el Inisa que el desprecio por la educación formal, pero no menos cierto es que tampoco se logra un avance en forma de una revinculación teniéndolos a disposición en forma permanente, en una situación en la que dedicarse a estudiar, a formarse, podría ser tomado, con la canalización debida, como una segunda oportunidad. Es en cuanto a esto que Saavedra plantea que en una década no se logró mover la aguja, en el sentido de que los números siguen siendo en este apartado muy deficientes para un sistema que tiene el objetivo que tiene.
Un 8% de los adolescentes encuestados en 2025 tienen al menos un hijo o hija (todos los casos corresponden a adolescentes varones), mientras que en 2021 este indicador alcanzaba un 11%.
Otra característica distintiva de la población adolescente privada de libertad, y que se mantiene a lo largo de las diferentes ediciones de este censo, es el vínculo con experiencias de institucionalización y privación de libertad en su entorno cercano. La mitad tiene actualmente algún familiar privado de libertad (indicador que aumenta su incidencia en comparación con 2018) y dos de cada tres tienen familiares que estuvieron privados de libertad en el pasado. Por otra parte, la mitad de los adolescentes privados de libertad tuvieron algún tipo de vínculo anterior con el Sistema Penal Juvenil (SPJ), ya sea con sanciones privativas o no privativas de libertad. Esta proporción de adolescentes con experiencia con el SPJ es levemente mayor a la registrada en los censos de 2018 y de 2021. Además, desde la primera edición del censo, en 2018, hasta la actualidad se confirma un cambio en la composición interna de los adolescentes que tuvieron sanciones del SPJ, donde se aprecia un crecimiento de las sanciones no privativas de libertad (de 9% a 27%) y baja la cantidad de adolescentes que solamente tuvieron sanciones privativas de libertad (de 24% a 9%).
En cuanto al tipo de infracción –delito si se tratase de adultos– por la que está privado de libertad, entre 2018 y 2025 hay una fuerte reducción de las Rapiñas, que pasaron de ser el 72% al 37%, un incremento en los Homicidios, que pasaron en el mismo lapso del 19 al 27%, de la Comercialización o suministro de drogas, que del 2% subió al 19%, y de los casos de Violación-abuso sexual, que de no tener registro crecieron al 8%.
Sé el primero en comentar