En la sede de Fucvam en calle 25 de Mayo, organizaciones de jubilados y pensionistas, y también el Movimiento 26 de Marzo, convocaron a un encuentro abierto bajo la consigna “Este diálogo social es un fraude”. La actividad reunió a referentes del Movimiento en Defensa de la Seguridad Social (Mondess) y de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas (Cojupe), en el inicio de una gira por el litoral que se extenderá hasta Colonia.
Antes del encuentro, Marita Rodríguez, referente de Mondess, y José Borges, integrante de Cojupe, plantearon a EL TELEGRAFO reparos al proceso de diálogo social impulsado por el gobierno y advirtieron que, a su juicio, no aborda los problemas estructurales del sistema previsional.
Rodríguez aseveró que la organización mantendrá una agenda de movilización más allá del cierre de esa instancia. “Se terminó el diálogo social, pero los problemas graves y profundos que tiene la seguridad social no se van a agotar con una reforma”, afirmó. Según explicó, el colectivo viene desarrollando actividades de difusión y reuniones con sindicatos y partidos políticos tras el plebiscito que no alcanzó los votos necesarios.
La dirigente señaló que el documento final del proceso será elevado al Poder Ejecutivo y luego derivará en un proyecto de ley. “Tenemos que esperar a ver qué sale del gobierno, porque después eso se va a discutir en el Parlamento”, indicó. En ese recorrido, adelantó, insistirán en la “movilización” y en “llamar a la conciencia de la gente”.
Rodríguez definió a la seguridad social como un eje central de protección estatal. “El BPS es el organismo que ampara a los ciudadanos en sus múltiples vulnerabilidades, en el desempleo, en la enfermedad, en la discapacidad”, dijo. A su entender, el sistema ha sido “diezmado” durante décadas y enfrenta problemas de financiamiento vinculados, entre otros factores, al régimen de las AFAP.
En la misma línea, Borges consideró que persisten incertidumbres sobre el contenido final del documento que surgirá del diálogo. “Hay temas que todavía no están totalmente acordados”, señaló, y agregó que los “problemas de fondo no quedan solucionados según el enfoque que se ha aplicado hasta ahora”.
El integrante de Cojupe apuntó especialmente al financiamiento del sistema. “No fue tratado a fondo y es necesario discutirlo”, afirmó. Según su planteo, el esquema actual recae en mayor medida sobre los trabajadores. “Los trabajadores estamos aportando tres veces más que los empresarios”, sostuvo, al tiempo que propuso que el financiamiento “esté a cargo principalmente de quienes hoy han concentrado la riqueza en Uruguay”.
Borges cuestionó además el peso del argumento demográfico en el debate previsional. “El último de los problemas es la relación pasivo-activo”, dijo, y vinculó las dificultades del sistema a la estructura de ingresos. En ese sentido, afirmó que los recursos derivados hacia las AFAP alcanzan unos “2.000 millones de dólares por año”.
Rodríguez retomó ese punto para contrastarlo con el nivel de las jubilaciones más bajas. Recordó que, en el marco del plebiscito, estimaban en unos “430 millones de dólares” el costo de elevar las pasividades mínimas al salario mínimo nacional. “Se dio un aumento de 400 pesos por mes, que es una vergüenza”, subrayó.
También comparó la asistencia estatal a distintos subsistemas. Señaló que la llamada caja militar recibe unos “550 millones de dólares por año” de rentas generales para atender a unos 55.000 beneficiarios, mientras que el BPS cubre “casi 800.000 pasividades” y una gama más amplia de prestaciones. Según mencionó, el organismo ha reducido su necesidad de financiamiento a unos “280 millones de dólares” en parte por ingresos vinculados al fideicomiso de los denominados cincuentones. Para esta referente de Mondess, el énfasis en la demografía desvía la discusión de problemas estructurales. “Se ha construido un relato como que la culpa del déficit es que vivimos más”, afirmó, y vinculó la sostenibilidad del sistema a variables como el empleo y los salarios. “La seguridad social empieza con el trabajo, con un buen salario”, dijo.
Rodríguez amplió el enfoque hacia la distribución de la riqueza y el diseño de políticas públicas. Cuestionó exoneraciones fiscales a empresas privadas y planteó que el sistema tributario recae de forma desproporcionada sobre los sectores de menores ingresos. “Hay privilegios y subsidios a los más poderosos del país, y no hay ese mismo trato para la mayoría”, aseguró.
En ese marco, reivindicó el carácter de la seguridad social como derecho. Citó el artículo 67 de la Constitución para subrayar que el financiamiento debe contemplar aportes de trabajadores, empresarios y asistencia estatal, y planteó una interpretación basada en criterios de equidad. “Los que tienen más capacidad son los que tienen que poner más”, afirmó.
El planteo de las organizaciones se inscribe en la etapa posterior al cierre del diálogo social, cuyo documento final será presentado al Poder Ejecutivo antes de su envío al Parlamento. Mientras tanto, los colectivos de jubilados anunciaron que continuarán con actividades públicas en distintos puntos del país.
Sé el primero en comentar