El martes próximo se dará a conocer el documento final emanado del proceso de Diálogo Social, una instancia a la que convocó el gobierno, tal como se había comprometido durante la campaña electoral. Ese compromiso surgió después que algunos sectores del Frente Amplio decidieran que no acompañarían la iniciativa que procuraba dar marcha atrás con la reforma de la Seguridad Social que había aprobado el gobierno anterior, y no de los ejes de esa campaña, promovida por el Pit Cnt, fue volver la edad mínima jubilatoria a los 60 años. De paso cañazo, en ese plebiscito también se promovió la derogación de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional, sí, las AFAP.
Aunque no se conocen detalles de ese documento, lo que ha trascendido es que incluye una propuesta para modificar el régimen de la previsión social, no eliminando las AFAP, pero sometiéndolas a un organismo estatal, que podría ser el BPS u otro.
Al respecto hemos escuchado en las últimas horas numerosos pronunciamientos al respecto, empezando por una declaración de la Anafap, asociación que reúne a las AFAP, donde alude juntamente a estos trascendidos, y argumenta, en cuatro puntos, las razones por las cuales se opone al paso pretendido. Anafap advirtió respecto a una supuesta recomendación para trasladar la administración de las cuentas individuales desde las AFAP a un ente estatal único.
Plantean al respecto que no existirá una “mejora prometida para el trabajador”, en la medida que “Aún eliminando toda estructura comercial y de atención al cliente de las AFAP, la mejora en la jubilación total del trabajador sería inferior al 1%” y que para financiar esta nueva institucionalidad habría que recaudar más “a través de impuestos, tasas o mecanismos ideados para ese fin, o en su defecto, con más déficit”.
También afirman que el proceso planteado implicaría una estatización de los fondos, en la medida que se reemplaza un sistema que tiene una lógica de competencia por un organismo estatal único. Es por definición una estatización”. El último punto en la declaración refiere a que una modificación de este tipo iría en contra de lo que la ciudadanía expresó en las urnas con la adhesión de “más del 61% de los uruguayos”.
Ahora bien, más allá de todo esto, y de concepciones ideológicas que se dan de frente, como ahorro individual, que se puede asumir como una postura capitalista, versus el sistema de solidaridad intergeneracional, que reviste un aura progresista. Pero el sistema de ahorro individual es realmente una solución individual, o es que más allá de que este formato permita llevar cuentas personales, ha tenido una contribución a la comunidad y al pueblo uruguayo, aunque sea de forma indirecta. Hay que verlo, debemos insistir, despojados de preconceptos ideológicos.
Según datos publicados por el Banco Central del Uruguay, al cierre del año pasado, los fondos administrados de los afiliados ascendieron a $1.049.405 millones (un millón de millones de pesos), lo que representó un aumento de $11.447 millones en el período. La mayor parte de estos recursos la administra República AFAP, propiedad de varios organismos del Estado: el Banco de la República (mayoritario), el Banco de Seguros y el Banco de Previsión Social, que de esta manera participan del negocio de la administración del fondo.
En su gran mayoría las inversiones de las AFAP se realizan en emisiones del Estado, en diferentes títulos de valores e instrumentos de regulación monetaria emitidos por el Banco Central, con lo que también allí hay una parte de beneficio para el Estado, que dispone de una fuente de financiamiento en el fondo, pero no de libre disposición, sino controlado y administrado por las empresas. Un control y administración –el trabajo que realizan las AFAP–, que permitió prácticamente duplicar el monto, porque ese total del fondo se compone entre un 40 y 50% de dinero que se obtuvo invirtiendo parte del dinero de los trabajadores. Sin este trabajo de las AFAP, sencillamente habría la mitad del dinero en el fondo y estaría –en el mejor de los casos– quieto, sin generar nada.
Y esto viene al caso porque en segundo término entre los destinos de las inversiones de las AFAP encontramos a los valores emitidos por empresas privadas, los que representan en promedio un 15% de lo invertido. Cuántos puestos de trabajo, cuántos salarios, cuánto crecimiento, cuánta demanda de materiales e insumos, en fin, cuánto movimiento de la economía y desarrollo para el país hay detrás de estas inversiones.
Cuánto del “milagro” de la transformación energética, por ejemplo.
Todo esto habría que incluirlo en las cuentas que se hacen, cuando se hacen con conciencia y con honestidad intelectual, procurando entender realmente cuál ha sido la incidencia de este régimen. Sin considerar situaciones individuales de perdedores/ganadores a la hora de cobrar la jubilación, porque sí, es de admitir que, como siempre que se habla de dinero y de resultado de una inversión, quien más pone en juego es quien se lleva el mayor resultado cuando se distribuyen las ganancias, de esta forma es comprensible que quienes tienen mayor salario y tuvieron que aportar más de su salario para la jubilación, dispongan de una cuenta individual con mayor solidez.
Otra cosa que cuesta entender es cómo podrá, de qué manera, una nueva institución, que esté por encima de las empresas, y bajo la gestión estatal, hacer más eficiente al sistema, cuando lo esperable es que, por el contrario, suponga la inclusión de nuevos gastos que se pagarán, a la postre, con los recursos de los trabajadores uruguayos.
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