Esta semana se dio a conocer una decisión de la Unión Europea (UE) por la que prohibirá la importación de carne procedente de Brasil a partir del mes de setiembre próximo. La medida se anuncia menos de dos semanas después de que se activara provisoriamente el acuerdo firmado entre el bloque europeo y el Mercosur por el que los productos sudamericanos ingresan en mejores condiciones arancelarias a los mercados del viejo continente.
“Bruselas ha sacado a Brasil del listado de países autorizados a exportar a la UE al considerar que incumple las reglas que exigen que los productos estén totalmente libres de agentes antimicrobianos usados para el engorde”, publicó El País de Madrid al dar cuenta de la razón para semejante prohibición.
Si el veto entra en vigor —porque el gobierno norteño ha anunciado que recurrirá la decisión—, Brasil no podrá exportar tanto carne como otros productos tales como miel, embutidos o pescado. Las exportaciones de carne bovina brasileña a Europa superaron las 370.000 toneladas en 2025, unos 1.800 millones de dólares, según datos oficiales que citó Folha de Sao Paulo.
“La resistencia a los antimicrobianos es una de las mayores amenazas para la salud pública”, justificaron en Bruselas. “Al garantizar el uso prudente en animales, la UE protege la salud de sus ciudadanos”, agrega el texto que acompañó al listado actualizado, en el que ya no figura Brasil. Los antimicrobianos engloban antibióticos, antivirales, antifúngicos y antiparásitos. De esta forma, Brasil, a partir de setiembre recibe un verdadero cachetazo tras la activación del histórico acuerdo por el que se bregó durante 25 años contra la oposición de la ruralidad europea, una negociación que se desbloqueó en los últimos tiempos en vistas del nuevo escenario global, en el que los lazos históricos de Europa con Estados Unidos se han visto debilitados, al punto de verse temblar las estructuras de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Los otros tres socios del Mercosur permanecen —permanecemos— en la nómina de países autorizados, eso supone que, en un contexto en el que no se encontraron acuerdos internos para la distribución de cuotas para las exportaciones al amparo de este acuerdo, el gigante vecino podría perder terreno. Es decir, esta decisión de alguna manera nos termina favoreciendo.
Sin embargo no podemos dejar de observar que es posible que detrás de esta decisión hayan existido presiones de parte de los sectores productivos para activar una suerte de barrera para-arancelaria frente a las exportaciones del bloque.
¿Qué quiere decir esto? Pues que hay que hacer, de ahora en adelante, muy buena letra en algunas cuestiones en las que el país ha protagonizado algunos recientes reveses, siendo liviano en la consideración de responsabilidades.
Por supuesto que nos referimos a los reiterados problemas que hemos tenido en China, nada menos que nuestro principal socio comercial, con contenedores de carne que han sido rechazados en destino por encontrarse residuos de garrapaticidas en la carne. Y hablamos de China, un mercado que tienen sus exigencias —a la vista está—, pero que no se acercan a las que plantea la UE para los productos que ingresan para abastecer la demanda de sus consumidores.
El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) anunció en su momento una serie de medidas tendientes a reforzar controles en la detección de residuos de garrapaticidas en carne bovina exportada. Entre estas medidas se encuentran el refuerzo de los muestreos, con mayores controles en plantas frigoríficas enfocado en productos de larga persistencia; vigilancia en cuanto a los tiempos de espera antes de ingresar el ganado a plantas de faena tras los tratamientos sanitarios; sanciones a los productores que envíen a faena animales con residuos superiores a los permitidos, entre otros, como el etiquetado de los envasas con indicación de los plazos de espera necesarios tras la aplicación.
En sí, el volumen de carne regresada al país no fue demasiado significativo, de allí que alcanzase con que se devolviesen los envíos y no se aplicaran otras medidas por parte del país destinatario.
Lamentablemente un episodio de este tipo en un mercado con los niveles de exigencia de los europeos podrían, eventualmente, tener otro tipo de consecuencias.
Pero otro tema quizás tan preocupante como este son las fallas groseras que en el Sistema Nacional de Información Ganadera evidenciaron los episodios —permítasenos el eufemismo— de los fondos ganaderos.
Los perjuicios sufridos por miles de ahorristas que pusieron su confianza en estos mecanismos atestiguan que el sistema no cumplió con el cometido, que es vulnerable, y por tanto la confiabilidad de los datos que se maneja allí puede ser puesta en tela de juicio.
“La Auditoría Interna de la Nación (AIN), un órgano de control desconcentrado del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), presentó el informe de una auditoría realizada al Sistema Nacional de Información Ganadera (SNIG), cuyo objetivo era evaluar la integridad de la información utilizada por el sistema para la toma decisiones”, publicó El País de Montevideo. El 14 de abril la AIN decidió clasificar el informe como reservado, “lo que implica que el contenido del documento no será de acceso público”. Eso nos priva —a nosotros y al mundo— de conocer dónde falló el sistema, que permitió que se expidieran caravanas identificatorias correspondiente a ganado que no existía.
¿A qué viene todo esto? A que tenemos flancos débiles que podrían, eventualmente, dar lugar a decisiones como la que hoy afecta a Brasil. Y esto, aunque parezca que es un problema que atañe al aparato productivo, ya tenemos de sobra evidencia de que cuando tuvimos problemas para exportar nuestro principal producto, no solamente la economía, sino que la sociedad toda la pasó mal.
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