El eventual ingreso del Uruguay al Acuerdo Transpacífico –hoy conocido como CPTPP (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership)– constituye una de las discusiones estratégicas más importantes para la inserción internacional del país. Se trata de un acuerdo comercial de nueva generación que reúne economías de Asia y América con un fuerte peso en el comercio mundial. Para un país pequeño y abierto como Uruguay, la posibilidad de acceder preferencialmente a esos mercados presenta oportunidades relevantes, pero también riesgos que deben ser administrados con inteligencia política y económica.
Uno de los principales beneficios para Uruguay sería la ampliación del acceso a mercados, teniendo en cuenta que depende fuertemente de sus exportaciones agropecuarias y agroindustriales, especialmente carne, soja, arroz, lácteos y celulosa. Muchos de los miembros del CPTPP –como Japón, Vietnam, Malasia, Canadá o México– aplican aranceles relativamente altos a productos en los que Uruguay es competitivo. Ingresar al acuerdo permitiría reducir o eliminar esas barreras, mejorando la posición de los exportadores uruguayos frente a competidores que ya forman parte del bloque, como Australia o Nueva Zelanda. En términos macroeconómicos, esto podría traducirse en un aumento de las exportaciones, mayores inversiones extranjeras y una diversificación de destinos comerciales. Uruguay ha sufrido históricamente la dependencia de pocos mercados, particularmente Brasil, China y Argentina. El CPTPP permitiría disminuir esa concentración y reducir vulnerabilidades geopolíticas o comerciales. En un mundo cada vez más complejo, competitivo pero también con brotes proteccionistas, la diversificación aparece como una necesidad estratégica de pura lógica.
Para el consumidor uruguayo también existirían ventajas importantes. La apertura comercial suele aumentar la competencia y reducir precios de bienes importados, especialmente en sectores donde Uruguay tiene costos elevados. Productos tecnológicos, maquinaria, insumos industriales, medicamentos, ropa o ciertos alimentos podrían abaratarse. Además, una mayor competencia normalmente impulsa mejoras en calidad y variedad. Desde el punto de vista del bienestar del consumidor, el ingreso al CPTPP probablemente tendría efectos positivos, particularmente sobre la clase media y los sectores de menores ingresos, que son los más afectados por precios altos en economías pequeñas y relativamente protegidas.
Sin embargo, los riesgos y perjuicios potenciales también son significativos. El más importante es el impacto sobre determinados sectores productivos y, sobre todo, el empleo. Uruguay posee industrias pequeñas y medianas que sobreviven gracias a ciertos niveles de protección arancelaria dentro del Mercosur. Si el país abre abruptamente su economía a productos manufacturados provenientes de economías mucho más competitivas, algunas empresas podrían desaparecer o reducir significativamente su actividad.
Sectores como el textil, el calzado, parte de la industria plástica, algunas ramas metalúrgicas y ciertas manufacturas livianas podrían enfrentar dificultades severas. El problema no sería solamente empresarial, sino social: pérdida de puestos de trabajo, caída salarial y aumento de desigualdades territoriales, especialmente en ciudades del Interior dependientes de pequeñas industrias. El empleo constituye el núcleo más delicado del debate. La apertura comercial genera ganadores y perdedores. Mientras los sectores exportadores probablemente expandirían actividad y empleo, otros sectores quedarían expuestos a una competencia difícil de enfrentar. Además, los nuevos empleos creados no necesariamente absorberían rápidamente a los trabajadores desplazados.
Por eso, el principal desafío para Uruguay no es simplemente entrar o no entrar al CPTTP, sino cómo hacerlo. La experiencia internacional demuestra que los países que mejor aprovechan los acuerdos comerciales son aquellos que acompañan la apertura con políticas activas de reconversión productiva y protección social.
Desde el ámbito sindical precisamente se han replanteado reparos respecto a las eventuales consecuencias del ingreso de nuestro país al acuerdo Transpacífico, según da cuenta El País. Esa así que la Confederación de Sindicatos Industriales salió al paso para que se revisen capítulos que, según dice, van en contra de algunos rubros de la industria nacional y de las pequeñas y medianas empresas (PYME).
Danilo Dárdano, presidente de la confederación, en rueda de prensa luego de la conversación que mantuvo con la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi, en Cancillería, afirmó que “lo que nos preocupa de la adhesión al (Tratado) Transpacífico es que no se mejoran las salvaguardas y, por ejemplo, si no hay un blindaje de compras públicas, vamos a tener perjuicios muy importantes”.
“Los perjuicios los veremos en especial en unos sectores, que no nombraré porque no queremos ser los sepultureros, donde podríamos tener cientos de puestos de trabajo perdidos cuando el acuerdo se implemente”, agregó sin dejar de mencionar algunos ejemplos, como familias del Interior que trabajan “a façon” (a destajo) para algunas fábricas. “A nuestro entender, con el Transpacífico, fábricas van a ir cerrando paulatinamente y se acabarán trabajos directos y también los fasoneros”, advirtió.
Un planteo sectorial y de interés general muy atendible, para un país donde precisamente no abundan las fuentes de trabajo y que por el contrario, sufre frecuentes cierres de empresas que no tienen rentabilidad y no encuentran salida en las actuales condiciones de trabajo. Ergo, las opciones para el Uruguay deberían encaminarse por un lado a negociar plazos de desgravación largos y diferenciados para los sectores más sensibles, eventualmente con períodos de transición de diez, quince o incluso más años para industrias vulnerables, permitiendo adaptación gradual y evitando shocks bruscos sobre el empleo.
Paralelamente, deberían implementarse políticas de reconversión laboral, mediante capacitación, programas de formación técnica y apoyo a trabajadores desplazados, así como apostar decididamente a sectores donde tiene ventajas comparativas dinámicas y no solamente tradicionales. Además de la agroexportación, existen oportunidades en software, servicios globales, logística, biotecnología, energías renovables y economía del conocimiento, al contar el país con capital humano relativamente calificado y estabilidad institucional, elementos valiosos para atraer inversiones de calidad.
Desde una perspectiva más amplia, existe desde hace décadas un problema estructural del Uruguay que condiciona la inserción en la economía global sin sacrificar cohesión social. La apertura comercial puede aumentar la eficiencia económica general, pero con consecuencias disímiles entre los actores del tramado socioeconómico, por cuanto habría grupos de actividad beneficiados pero también perjuicios sobre trabajadores e industrias vulnerables.La clave estaría por lo tanto en diseñar una estrategia nacional inteligente, negociando condiciones graduales, proteger sectores vulnerables durante la transición, e invertir fuertemente en capacitación laboral, sobre todo apuntando a un mayor valor agregado, que es el talón de Aquiles de nuestro país debido a sus gravosos costos. El verdadero desafío en acuerdos de este tipo es no solo comerciar más, sino lograr que la inserción internacional contribuya efectivamente al desarrollo, al empleo de calidad y al bienestar general.
Sé el primero en comentar