La mayor plataforma inversora del mundo especializada en hidrógeno bajo en carbono decidió reforzar su apuesta por España, con un plan que prevé movilizar unos 2.000 millones de euros en proyectos de hidrógeno renovable. La señal internacional contrasta con la situación del proyecto de HIF Global en Paysandú, que continúa sin definición final y condicionado por dos aspectos centrales, el acuerdo energético con UTE y la eventual relocalización de la planta dentro del departamento.
Hy24, a través de su fondo Clean Hydrogen Infrastructure Fund, pasó a controlar Enagás Renovable tras elevar su participación del 30 al 80%. Enagás queda como socio minoritario con el 20%, mientras que salieron del accionariado Pontegadea, la firma de inversión de Amancio Ortega, y Navantia. Enagás Renovable cuenta con una cartera de más de 20 proyectos de gases renovables, más de 850 megavatios de capacidad de electrólisis y ocho iniciativas que ya alcanzaron decisión final de inversión.
La nueva etapa de Enagás Renovable prevé movilizar alrededor de 2.500 millones de euros en gases renovables en España. De ese total, unos 2.000 millones estarían destinados al hidrógeno verde y entre 400 y 450 millones al biometano. La compañía participa en proyectos asociados a grandes grupos industriales como Repsol y Moeve, en un país que busca posicionarse como uno de los principales polos europeos de producción y transporte de hidrógeno.
El movimiento confirma que, aunque el desarrollo mundial del hidrógeno verde avanza más lentamente de lo previsto, los grandes fondos continúan apostando por proyectos con escala, demanda industrial, financiamiento y condiciones regulatorias claras. En España, además, el hidrógeno aparece asociado a la red H2Med y a la posibilidad de exportar energía limpia desde la península ibérica hacia Francia y Europa Central.
En Paysandú, en cambio, el megaproyecto de HIF Global atraviesa una etapa de espera. La iniciativa prevé una inversión total de U$S 5.385 millones para producir hasta 876.000 toneladas anuales de e-metanol, a partir de hidrógeno verde y dióxido de carbono reciclado. Según la empresa, la planta generaría un promedio de 1.300 empleos durante la construcción y 300 puestos directos en la etapa de operación, con una contratación estimada de 70% de mano de obra local.
El proyecto ingresó en marzo la solicitud de Autorización Ambiental Previa ante la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Ambiente, junto con el Documento de Proyecto y el Estudio de Impacto Ambiental. HIF informó además que el diseño fue ajustado para reducir la superficie de la planta en 35%, disminuir la altura de las antorchas de seguridad y aumentar el área de servidumbre ecológica.
Sin embargo, la confirmación de la inversión sigue atada a la negociación energética. El Poder Ejecutivo y HIF acordaron extender hasta fines de junio el plazo para cerrar las condiciones del proyecto, luego de que no se alcanzara un acuerdo para que UTE se encargue del suministro de energía necesario para la planta.
A ese punto se suma otro elemento de incertidumbre, la posible relocalización de la planta. Aunque la ubicación originalmente informada por HIF es Constancia, a 15 kilómetros de Paysandú, el gobierno y Ancap estudian un predio de 48 hectáreas junto a las plantas de Ancap en Nuevo Paysandú como alternativa para instalar el emprendimiento. De acuerdo con información pública, la alternativa en Nuevo Paysandú ofrecería ventajas logísticas por su cercanía con ALUR, Ancap, la ruta, la ciudad y la cabecera ferroviaria, aunque también abriría nuevas etapas de evaluación y tramitación ambiental.
El intendente Nicolás Olivera sostuvo que la relocalización dentro del departamento no alteraría el cronograma previsto, sino que podría mejorar las condiciones para concretar la inversión.
Así, mientras España recibe una señal fuerte de capital internacional para acelerar su cartera de hidrógeno verde, Paysandú permanece en una etapa decisiva. La magnitud del proyecto HIF lo mantiene como una de las inversiones más relevantes previstas para Uruguay, pero su avance depende de definiciones que aún no están cerradas: el precio y esquema de suministro de energía, la ubicación final de la planta y las garantías institucionales que permitan pasar de la expectativa a la ejecución.
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