La independencia de poderes no es un simple concepto escrito en la Constitución. Es, quizás, una de las garantías más importantes que tiene cualquier democracia seria.
En Uruguay existen tres poderes independientes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y justamente cuando alguna decisión vinculada a uno de ellos genera dudas o incertidumbre en la ciudadanía, corresponde hablar con serenidad, con respeto institucional, pero también con legítima preocupación.
La fiscal de Corte, Mónica Ferrero, resolvió trasladar al fiscal Alejandro Machado hacia la Fiscalía de Cibercrimen. Hasta ahí, podría interpretarse como una decisión administrativa normal dentro de la estructura del Ministerio Público. El problema no es el traslado en sí. El problema son las circunstancias y el momento.
Porque el fiscal Machado tenía bajo estudio investigaciones de enorme sensibilidad institucional. Entre ellas, el denominado caso Cardama y también la investigación relacionada con la destrucción de un documento público, hecho que involucraría a figuras de relevancia del anterior gobierno encabezado por Luis Lacalle Pou.
Más aún: desde julio de 2025 el fiscal había solicitado información al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre ese episodio y, según trascendió públicamente, se encontraba próximo a adoptar resoluciones importantes respecto a posibles involucrados, entre ellos la ex vicecanciller Carolina Ache, el exsubsecretario del Interior Guillermo Maciel, además de otras figuras vinculadas al entorno del anterior gobierno.
Y es allí donde naturalmente aparecen las dudas. No afirmaciones irresponsables. No acusaciones temerarias. Dudas. Porque cualquier cambio de fiscal en medio de investigaciones delicadas inevitablemente provoca interrogantes en la opinión pública. El nuevo fiscal deberá interiorizarse, estudiar expedientes, analizar pruebas y retomar líneas de investigación. Y eso, inevitablemente, puede dilatar decisiones que parecían próximas.
En democracia, las formas importan. Y mucho. La confianza pública en la Justicia y en la Fiscalía se sostiene no solamente en la legalidad de las decisiones, sino también en la percepción de transparencia e independencia que esas decisiones transmiten a la sociedad.
Por eso, con el mayor de los respetos hacia las instituciones y hacia las autoridades competentes, corresponde expresar preocupación. Porque cuando se trata de causas que involucran poder político, cualquier movimiento genera sensibilidad. Y en tiempos donde la ciudadanía reclama cada vez más claridad y certezas, lo peor que puede instalarse es la sensación de incertidumbre.
Uruguay ha construido históricamente una sólida imagen institucional. Cuidarla es responsabilidad de todos. También de quienes toman decisiones que, aunque legales, deben evitar dejar espacio para sospechas o interpretaciones que terminen debilitando la confianza pública.
Ing. Agr. David Doti
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