Dos abogados uruguayos que defienden a militares procesados por delitos cometidos durante la dictadura sostuvieron en el Parlamento Europeo que en Uruguay se llevan adelante condenas sin pruebas suficientes, que la presunción de inocencia se encuentra debilitada y que decisiones políticas y judiciales posteriores revirtieron soluciones jurídicas ya establecidas por el Estado.
Las afirmaciones fueron realizadas en una exposición en Bruselas, en el marco de un foro sobre Uruguay organizado por grupo de legisladores europeos de partidos de derecha, donde se discutió el funcionamiento del sistema judicial uruguayo en causas vinculadas a violaciones de derechos humanos.
El abogado Emilio Mikolic, integrante del equipo de defensa de militares, señaló a EL TELEGRAFO que la convocatoria surgió a partir de la preocupación de un legislador europeo por la persistencia de estos procesos judiciales a más de medio siglo de los hechos investigados.
“Que nos invitaran y que estén preocupados por estas cosas no es un detalle menor”, dijo Mikolic al describir el origen de su participación.
Según relató, su intervención y la de la abogada Graciela Figueredo tuvo un carácter técnico y acotado por el tiempo disponible. Ambos expusieron sobre los fundamentos jurídicos que, a su juicio, están siendo desatendidos en estos procesos.
“Yo expliqué desde el lado de la prescripción y la caducidad, y Graciela lo hizo desde el lado de la falta de garantía de los derechos”, aseveró.
En su intervención, Mikolic cuestionó el estándar probatorio de las causas y la valoración de la prueba utilizada en los procesos. “Hay una presunción de inocencia que está impartida, y hay una total falta de prueba”, afirmó, para luego agregar que en estos casos se estaría operando a partir de lo que definió como una “verdad histórica u oficial” construida por el Estado.
“En función de una verdad histórica o una verdad oficial que está poniendo el Estado en distintas cosas, un Estado enemigo de los que fueron en su momento los que estaban del otro lado, están procediendo a condenas”, dijo.
El abogado sostuvo además que, en su experiencia, la defensa en este tipo de causas genera estigmatización en el ámbito profesional. “Es así, hay que preguntarse qué abogado muy conocido hay que se meta en estos asuntos. Ninguno. No se pueden quemar”, afirmó.
Ley de caducidad
Uno de los ejes centrales de su exposición apuntó a la aplicación de la Ley de Caducidad, aprobada en 1986, que según recordó fue declarada constitucional por la Suprema Corte de Justicia en 1988 y refrendada en instancias posteriores.
“La ley de caducidad para mí es muy importante porque es el gran quid de la cuestión”, señaló.
En ese punto, Mikolic sostuvo que el sistema político uruguayo habría modificado el tratamiento jurídico de estos casos tras cambios de orientación gubernamental posteriores a 2005. “Se empieza a hablar de su ilegitimidad, se la comienza a cuestionar y se la empieza a tomar como un obstáculo para la investigación”, afirmó.
Para el abogado, la reapertura de causas ya alcanzadas por la caducidad implica una afectación del principio de seguridad jurídica. “Lo que hicieron literalmente para juzgar estos hechos fue resucitar un muerto y eso no tiene ninguna explicación jurídicamente”, dijo.
En su análisis, también apuntó a lo que considera un rol determinante de la Fiscalía en el curso de los procesos. “La justicia funciona como un homologador de su voluntad. Lo que pide Fiscalía se le da”, sostuvo, al tiempo que cuestionó la debilidad del control judicial frente a los pedidos de acusación.
Mikolic también puso en cuestión la forma en que se construye la responsabilidad penal en estas causas, especialmente cuando se atribuye responsabilidad a partir de jerarquías o funciones institucionales de hace décadas.
“Dicen fulano estaba ahí, cumplía las funciones de ese dos, debió saber o debió haber evitado tal daño”, afirmó.
A su juicio, ese razonamiento sustituiría la prueba directa de participación por inferencias basadas en cargos o pertenencias institucionales: “Eso no se prueba. No se puede probar hoy quien comete un delito, imagínate hace 50 años”.
La exposición incluyó también críticas al tratamiento de los principios del derecho penal, en particular el de presunción de inocencia y el principio de duda. “Se invierte el estado de inocencia donde desde el día uno vos sos culpable porque sabés que vas a ser culpable”, afirmó.
“No es por afinidad”
En otro tramo de su intervención, el abogado aseguró que la discusión trasciende lo estrictamente jurídico y adquiere una dimensión institucional más amplia. “Estamos defendiendo el Estado de Derecho”, dijo, y agregó que el problema no se vincula con afinidades políticas sino con el respeto a las normas vigentes.
“Esto no es por afinidad ni nada por el estilo. Somos uruguayos y tenemos una ley. El parlamento ha decidido esto y hay que ser respetuoso de eso”, indicó.
Mikolic cuestionó, a su vez, la falta de debate público sobre estos temas en Uruguay y recalcó que existe un clima social adverso para quienes asumen la defensa en estas causas. “Hoy, aunque parezca mentira, defendiendo esto sos el más rebelde contra el sistema”, afirmó.
En su análisis, el abogado amplió la crítica hacia el funcionamiento general del sistema judicial en este tipo de expedientes, al que describió como condicionado por la posición de la Fiscalía. “Si Fiscalía pide una condena, se condena”, dijo.
Mikolilc reflexionó sobre el equilibrio entre verdad judicial, memoria histórica y garantías procesales. “Se moralizó el tema y estamos en una moral. La moral tiene épocas, tiene momentos, pero nos estamos olvidando de la ética que es lo que corresponde”, aseguró.
Las declaraciones se enmarcan en un debate persistente en nuestro país sobre el alcance de los procesos judiciales vinculados a la dictadura, la vigencia de la Ley de Caducidad y el papel de la Justicia en la reconstrucción de responsabilidades penales por hechos ocurridos hace más de cuatro décadas.
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