El diputado colorado Gabriel Gurméndez afirmó, en declaraciones a EL TELEGRAFO, que el debate sobre el futuro del portland de Ancap no puede limitarse a una discusión nacional sobre pérdidas, sino que debe mirar de frente su impacto en territorios concretos como Paysandú, donde una de las plantas forma parte de la actividad industrial, laboral y económica del departamento. En ese marco, defendió su proyecto de ley para que el ente deje de fabricar cemento portland y sostuvo que la salida deberá contemplar el destino de las instalaciones, los activos, las canteras y, especialmente, de los funcionarios contratados y trabajadores tercerizados vinculados al sector.
Si bien la iniciativa ya fue difundida públicamente, el legislador profundizó en la entrevista sobre los alcances de la propuesta, especialmente respecto a qué ocurriría con las instalaciones, las canteras, las subsidiarias y el personal público, contratado y tercerizado que hoy depende directa o indirectamente de la producción de portland.
El proyecto plantea derogar la competencia legal que habilita a Ancap a fabricar cemento y otorgar al Poder Ejecutivo un plazo de un año para resolver el destino de los activos vinculados al negocio. Gurméndez sostuvo que el gobierno deberá contar con “las más amplias facultades jurídicas de disposición” para definir qué hacer con plantas, canteras y empresas subsidiarias, pero también remarcó que la salida deberá contemplar garantías laborales.
“El propio proyecto indica que se le mantendrán los derechos adquiridos y que se encontrará una solución que garantice la estabilidad laboral mediante la redistribución en la propia Ancap o en el propio Estado”, afirmó. En ese marco, sostuvo que “la idea es que ningún funcionario pierda su fuente laboral”.
PERSONAL CONTRATADO EN PAYSANDÚ
Consultado sobre el personal contratado y tercerizado que trabaja en la actividad del portland, tanto en Paysandú como en Minas, Gurméndez dijo que esa situación está prevista dentro de las facultades que se encomiendan al Poder Ejecutivo.
“En el artículo que da facultades al Poder Ejecutivo precisamente se solicita la atención por este asunto, que no son funcionarios públicos y en algunos casos hasta tienen una antigüedad mayor que muchos funcionarios de la Ancap”, expresó.
El diputado reconoció que el impacto laboral es uno de los aspectos más sensibles de la propuesta, pero sostuvo que “es mucho más económico para la sociedad mantener esa situación que seguir esta actividad industrial a pérdida”.
Gurméndez señaló que la iniciativa no busca trasladar el problema a los trabajadores, sino resolver lo que definió como una actividad estructuralmente inviable. En ese sentido, insistió en que el proyecto procura “retener la estabilidad laboral y los ingresos de trabajadores en una actividad que hoy la sociedad uruguaya no tiene por qué seguir financiando”.
“NO SE PUEDE SEGUIR CON ESTA AVENTURA”
El legislador explicó que, una vez derogada la competencia legal de Ancap para producir portland, el Poder Ejecutivo deberá resolver el destino de los activos. En el caso de plantas y canteras, no planteó una única salida, sino varias posibilidades.
“Puede ser venta, puede ser cesión, reutilización, si hay algo valioso para el Estado, utilizarlo en otra cosa”, señaló. Según dijo, el criterio central debe ser encontrar “la mejor forma de administrar los activos que tienen tanto en Ancap como en las empresas subsidiarias”, con asesoramiento preceptivo del propio ente.
No obstante, fue enfático en que la actividad no debe continuar en las condiciones actuales. “Creo que no se puede seguir con esta aventura”, afirmó. Y agregó que el país no debe “proseguir por un camino que no ha sido capaz de dar resultados”.
Para Gurméndez, la discusión ya no pasa por ensayar nuevas alternativas, sino por asumir que los distintos intentos realizados durante sucesivas administraciones no permitieron revertir las pérdidas. “El negocio del portland de Ancap no ha logrado en sucesivas administraciones revertir la situación de pérdidas estructurales y de pérdidas operativas”, sostuvo.
PÉRDIDAS Y FALTA DE ALTERNATIVAS
El diputado ubicó el centro de su argumentación en el costo que, según afirmó, ha tenido para la sociedad uruguaya mantener la producción estatal de portland. “Desde el año 1996 viene perdiendo más de 800 millones de dólares”, señaló. Además, indicó que “el año pasado la pérdida de Ancap por esta actividad fue de 31 millones de dólares”.
A su entender, esas cifras muestran que la actividad ya no tiene justificación económica ni social. “No hay ninguna justificación desde el punto de vista social para que la sociedad en definitiva tenga que seguir soportando este costo”, afirmó.
Gurméndez recordó que se intentaron distintos caminos para revertir la situación, entre ellos inversiones y asociaciones con privados. Mencionó “el famoso horno”, que “nunca se pudo ni siquiera instalar por los altos costos que eso implicaba”, y también el intento de asociación estratégica desarrollado durante la administración anterior, que no logró interesados.
“El gobierno hace ya más de un año y medio que está instalado y no ha presentado ninguna alternativa que pueda dar vuelta esta situación”, sostuvo. En su visión, “se han agotado ya todas las alternativas y los plazos”.
EL PRECIO DEL CEMENTO
Consultado sobre si la salida de Ancap del mercado, dejando el negocio del cemento en manos privadas podría generar un encarecimiento del producto, con impacto en la vivienda, la obra pública y la construcción, Gurméndez rechazó esa posibilidad.
“Creo que es al revés”, respondió. Según su visión, Ancap no está operando como un factor de abaratamiento, sino como un piso de precios por sus altos costos industriales. “La presencia de Ancap a estos precios tan altos a los que se ve obligado a vender por tener costos industriales tan importantes, en realidad está dándole un piso elevado al precio del portland”, sostuvo.
El diputado agregó que Ancap tiene “un 33% del mercado” y que, “en definitiva es minoritario”, pero procura vender a precios más altos para sostener su estructura de costos.
Incluso afirmó que la empresa estatal ha llegado a vender cemento elaborado con producto comprado a competidores. “Ancap está vendiendo cemento muchas veces fabricado con producto que le adquiere a la competencia”, dijo. “Se está vendiendo portland con la marca que proviene de adquisiciones a la competencia para mantener participación de mercado. Son situaciones bastante insólitas”.
“EL ESTADO NO ES UN BUEN EMPRESARIO”
Gurméndez sostuvo que el cierre o reconversión de una actividad pública industrial tiene antecedentes en Uruguay. Mencionó como antecedentes actividades vinculadas al alcohol en Ancap, la planta de El Espinillar, AFE e ILPE. “No tiene sentido llevar adelante una actividad cuando produce estas pérdidas tan importantes para la sociedad y los recursos públicos requieren otra prioridad”, afirmó.
“El Estado no es un buen empresario”, dijo. Sin embargo, aclaró que no plantea el tema desde una discusión ideológica, sino desde la realidad concreta de Ancap.
“No estoy hablando en términos ideológicos, estoy hablando en términos de la realidad”, señaló. A su entender, administraciones de distintos partidos intentaron caminos diferentes para sostener el negocio, pero ninguna logró revertirlo. “Ninguna administración –estoy hablando de administraciones de distinto signo político– ha sido capaz de ensayar alternativas exitosas”, afirmó.
SIN CONVERSACIONES PREVIAS
El diputado confirmó que el proyecto no fue conversado previamente con el Frente Amplio ni con otras fuerzas políticas. “No lo hemos hablado”, dijo.
“Es un planteo que se tiene que tomar como una alternativa frente al Estado actual, donde no hay planes, no hay alternativas”, señaló.
Sobre el trámite parlamentario, estimó que “va a ir a la Comisión de Industria de Diputados para que sea analizado y discutido en ese ámbito”.
Gurméndez reconoció que se trata de una decisión fuerte, pero sostuvo que la postergación solo profundiza el problema. “Los gobiernos tienen que tomar decisiones audaces”, afirmó. Y agregó que “a medida que pasa el tiempo se hace más necesario que se tomen este tipo de decisiones”.
“DEJAR DE TIRAR EL DINERO”
“Si el Uruguay realmente quiere generar crecimiento económico para dar oportunidades laborales, si quiere ser competitivo y proyectarse para adelante, necesita tomar estas decisiones”, expresó.
El legislador sostuvo que mantener actividades deficitarias compromete recursos que podrían destinarse a otras prioridades. “La única manera de traer oportunidades de trabajo y de resolver los temas económicos para la gente es dejar de tirar el dinero en cosas que han demostrado que no tienen una justificación para la sociedad”, concluyó.
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