La Intendencia de Paysandú solicitó que la exintendenta Nancy Núñez responda patrimonialmente si la comuna resulta condenada en el juicio iniciado por la Constructora Humberto Viera SRL, que reclama el pago de un saldo de $1.400.000 más IVA por trabajos de limpieza efectuados en el arroyo Sacra durante 2025.
El planteo fue formulado por la Administración al contestar la demanda promovida por Humberto Viera, por sí y en representación de la empresa, con el patrocinio del abogado Federico Álvarez Petraglia. La Intendencia rechaza la existencia de una deuda, pero pidió la citación en garantía de Núñez por entender que la contratación cuestionada habría sido autorizada durante su período al frente del Ejecutivo departamental.
El expediente tuvo una nueva instancia ayer, jueves 11 de junio, con una audiencia judicial. La controversia presenta dos aspectos que deberán ser dilucidados por la Justicia. Si la Intendencia mantiene una deuda con la constructora por trabajos que la empresa afirma haber realizado y, en caso de que el reclamo prospere, quién deberá asumir el pago.
RECLAMO POR TRABAJOS EN TRES TRAMOS DEL ARROYO
Según el escrito presentado por la constructora, las tareas comprendieron tres sectores del arroyo Sacra, desde Bulevar Artigas a avenida Enrique Chaplin.
La empresa sostiene que entregó un presupuesto por $2.100.000 más IVA y recibió la autorización para comenzar la limpieza, iniciada el 17 de febrero de 2025. Posteriormente, afirma, la Intendencia abonó $700.000 más IVA, pero quedó pendiente el pago de los restantes $1.400.000 más IVA.
El reclamo judicial incluye además intereses, reajustes, costas y costos. En forma subsidiaria, para el caso de que no se reconozca la existencia de un contrato incumplido, la empresa solicita que se considere un eventual enriquecimiento sin causa por parte de la Administración.
“EL TRABAJO ESTÁ HECHO”
La demanda contiene cuestionamientos directos a la posición asumida por la Intendencia. La constructora señala que la respuesta recibida durante una instancia de conciliación fue que la compra no figuraba como impaga en el sistema.
Frente a ese argumento, sostiene que la obra fue encomendada por quien ejercía la máxima autoridad departamental y que existieron comunicaciones, visitas al lugar y un pago parcial.
“La respuesta de la IDP parece, a esta altura de los acontecimientos, poco seria”, expresa la denuncia de Viera. Añade que las actuales autoridades, “muy sueltas de cuerpo, sostienen que no se hacen cargo de lo que la IDP me encomendó”.
La empresa también afirma que las eventuales irregularidades administrativas no pueden trasladarse al particular que realizó el trabajo. El escrito sostiene que se trata de una cuestión que deberán resolver las autoridades con Núñez y agrega que no corresponde trasladar “a un simple ciudadano lo que dice o deja de decir el Tocaf o la legislación vigente”.
“Más allá de lo que pueda argumentar la IDP, el trabajo está hecho”, afirma la demanda. A continuación señala que “un problema de coordinación entre una administración saliente y una entrante” no puede ser invocado para que la persona jurídica demandada se excuse de afrontar sus obligaciones.
LA INTENDENCIA RECHAZA LA DEUDA
La comuna controvirtió la versión de la constructora y solicitó que la demanda sea desestimada. En su contestación sostuvo que no existe un contrato incumplido y que el único presupuesto procesado formalmente generó una orden de compra que fue abonada.
La Administración entiende que, si existieran otros créditos pendientes, tendrían origen en una contratación realizada por fuera de los procedimientos previstos. En ese marco solicitó la citación en garantía de Nancy Núñez.
El documento municipal es explícito: “Para el caso de que la demanda fuera acogida parcial o totalmente, quien debe hacerse cargo del pago de esa ‘eventual’ condena a la Administración es la exfuncionaria antes referida”.
PEDIDO DE REINTEGRO A NÚÑEZ
La citación en garantía no implica que Núñez haya sido condenada ni que la Justicia haya determinado su responsabilidad. Se trata de una solicitud de la Intendencia para que la exjerarca participe en el proceso y, si la comuna debe pagar, se evalúe si corresponde que reintegre el monto.
Núñez se opuso a su incorporación mediante excepciones. Posteriormente, la Administración pidió que esos planteos fueran rechazados y que se mantuviera su comparecencia en el juicio.
El proceso deberá determinar ahora si existió una deuda pendiente por la limpieza del arroyo Sacra y si corresponde atribuir responsabilidades por la forma en que se habría dispuesto la contratación.
PRÓXIMAS ACCIONES
El próximo 26 de agosto se realizará una inspección ocular en el lugar donde se realizó la obra.
Entre el 2 y 3 de setiembre se tomarán declaración a varios actores, caso de Martín Thomasset, Horacio Mársico y el exintendente Bertil Bentos.
Luego, se realizarán los alegatos y se dictará sentencia.
