Solicitada: ¿Estudiar es un delito para el Instituto Nacional de Colonización?

Considero que es un deber ético y moral denunciar públicamente ante la opinión pública de nuestro departamento y del país la flagrante injusticia, la arbitrariedad y el desamparo que el Instituto Nacional de Colonización (INC) pretende cometer contra Soledad Parietti Zeni, una joven colona de tan solo 24 años de la Colonia Juan Gutiérrez. que mediante la Resolución N° 21 (Acta N° 5789), adoptada con el digno voto en contra del Director Dr. Luca Manassi, el Directorio del INC resolvió rescindir de forma intempestiva el contrato de arrendamiento de la fracción N° 28 de la Colonia Juan Gutierrez,ordenando el desalojo inmediato y el inicio de acciones judiciales contra esta joven colona.
Esta medida no solo representa un severo golpe a una familia de trabajo radicada en el interior de Paysandú, sino un peligroso precedente que violenta el más elemental sentido común y los fines de la propia Ley de
Colonización. Soledad no es una colona improvisada; se radicó en esa tierra junto a sus padres cuando tenía apenas un año de edad. Tras el fallecimiento de su madre cuando tenía apenas tres años, se crió y trabajó codo a codo con su padre, haciendo de la actividad agropecuaria su único y legítimo medio de vida. Cursó la escuela pública de la Colonia Juan Gitierrez y sus estudios secundarios en la Escuela Agraria de Guichón, manteniendo siempre allí su única y efectiva vivienda. Si existe un ejemplo vivo en Paysandú del espíritu de la Ley 11.029, que busca poblar la campaña y lograr el arraigo de las familias en el medio rural, es el de esta joven.
Sin embargo, el argumento de la burocracia montevideana para decretar su expulsión roza lo absurdo y lo abiertamente discriminatorio: pretenden sancionarla porque actualmente cursa estudios en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de la República en la Regional Norte. El Instituto de Colonización de manera insólita transforma un mérito evidente en un demérito administrativo. ¿Desde cuándo el derecho al desarrollo personal, al estudio y a la capacitación técnica para producir mejor el campo son causales de exclusión? Soledad estudia para volcar sus conocimientos profesionales en su propia tierra y cooperar con el desarrollo de la zona. Desalojarla por estudiar es un mensaje nefasto para toda la juventud rural de nuestro interior.
Sin perjucio y como profesional del derecho debo, señalar que esta resolución del Instituto de Colonización, está completamente viciada de nulidad y plagada de falsedades técnicas, que denotan una animosidad manifiesta de los responsables de esta medida. La mayoria del Directorio invoca supuestos incumplimientos financieros y ordena el cobro de deudas cuando la realidad material, tajante e indiscutible, es que la joven colona se encuentra absolutamente al día con el pago de sus rentas. Para colmo, el acto fue dictado entre gallos y medianoches, de espaldas a la interesada, sin conferirle la vista previa ni la notificación personal que por ley corresponden, dejándola en un total estado de indefensión. Se ignoró deliberadamente que ya en marzo de 2025 la propia Oficina Regional de Paysandú del INC había informado que todos los supuestos inconvenientes estaban subsanados y recomendaba la renovación del contrato por dos años. Hoy, un año después y de forma arbitraria, se decreta el desalojo sin previo aviso. No se puede aplicar la sanción más grave de la ley cuando no existe una sola causal legítima para hacerlo.
Frente a este atropello que lesiona la seguridad jurídica y los valores de la comunidad productiva sanducera, exijimos una solución inmediata. No hay causa justa, ni grande ni chica, que ampare semejante despropósito. Apelo firmemente a que las máximas autoridades del Instituto Nacional de Colonización tengan la capacidad y sensatez, de rever semejante decisión, y también al Poder Ejecutivo – en la persona del Ministro de Ganaderia,
Alfredo Fratti que dijo ser defensor de los colonos, para que, en el marco de los recursos que segun me han informado se han interpuesto en vía administrativa, procedan de forma urgente a la suspensión de la ejecución de este desalojo y a la revocación total de la resolución que propició esta ilegitima medida. Desde que, es un deber del Estado proteger, incentivar y amparar a los jóvenes como Soledad que eligen vivir, estudiar y trabajar en el campo.
Dr. Marcelo Tortorella, edil departamental por
el Partido Nacional