Es motivo de honda preocupacion mantener el respeto irrestricto a las instituciones, y me veo en la obligación moral de expresar mi profunda preocupación ante los recientes acontecimientos que involucran al presidente de la República, Yamandú Orsi, en relación con la adquisición de su vehículo particular.
La investidura presidencial constituye el máximo punto de referencia ético y político de la nación.
Por ello, el acceso a un beneficio prebendario de gran magnitud –como el descuento de 25.000 dólares otorgado por una automotora privada días antes de asumir el cargo– no puede asimilarse como una simple transacción comercial de índole privada. Este hecho compromete de forma directa la necesaria independencia, transparencia e imparcialidad que debe regir la función del cargo de presidente. Lo que resulta aún más alarmante es la sucesiva cadena de explicaciones confusas, omisiones significativas y decisiones inconsistentes con las que se ha pretendido manejar el propio presidente y su entorno immediato acerca de la situación ante la opinión pública. La revelación de que un vehículo Renault donado originalmente para la campaña electoral terminó utilizándose como parte de pago, para adquirir un bien patrimonial privado desnudó una alarmante opacidad. Intentar clausurar el debate ético e institucional mediante el anuncio de la donación del coche a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), no enmienda el problema de fondo; por el contrario, parece una maniobra de distracción que elude rendir cuentas de forma clara y transparente ante la ciudadanía y los organismos de control. La confianza ciudadana no se sostiene con explicaciones a cuentagotas ni con relatos que se acomodan a medida que surgen las investigaciones periodísticas. Cuando el máximo mandatario de un país ofrece verdades a medias, no solo lesiona su credibilidad personal, sino que debilita el capital moral de la propia institución presidencial y degrada la calidad democrática que históricamente ha distinguido al Uruguay. La institucionalidad de la República exige total claridad, coherencia y un estándar ético absoluto. Los ciudadanos merecemos gobernantes –en todos los niveles– de conductas que no dejen margen a la duda ni a la sospecha de tráfico de favores corporativos o clientelares. En particular la dignidad del cargo presidencial se defiende con la verdad entera, sin evasivas y con un respeto inquebrantable a las normas de transparencia y etica pública.
Dr. Marcelo Tortorella