El proyecto de Ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida impulsado por el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, representa uno de los intentos concretos de los últimos años para abordar problemas que desde hace décadas figuran entre las principales preocupaciones de productores, empresarios y consumidores uruguayos. Más allá de las diferencias que puedan surgir durante su discusión parlamentaria, resulta difícil cuestionar la pertinencia de un diagnóstico que identifica al exceso de burocracia, la lentitud administrativa y los elevados costos estructurales como obstáculos para el desarrollo económico nacional.
La iniciativa tiene el mérito de concentrarse en aspectos identificados de la gestión estatal que afectan diariamente la actividad económica.
La simplificación de trámites, la unificación de registros, la reducción de plazos administrativos y la ampliación de la vigencia de habilitaciones constituyen medidas que, aunque puedan parecer menores de forma individual, tienen la posibilidad potencial de generar un impacto acumulativo significativo sobre la productividad y la competitividad del país. En un contexto donde las empresas deben destinar tiempo y recursos a cumplir exigencias burocráticas, cualquier avance en materia de eficiencia representa una mejora para el clima de negocios, aunque en apariencia pueda no mover la aguja.
También es relevante el énfasis puesto en la promoción de la competencia. Uruguay ha convivido durante años con mercados relativamente pequeños y, en algunos casos, con niveles de concentración que limitan la posibilidad de reducir precios para los consumidores. La facilitación de importaciones y la eliminación de ciertas barreras de acceso podrían contribuir a una mayor diversidad de oferta y a una presión competitiva beneficiosa para el mercado interno. No obstante, el verdadero desafío estará en garantizar que esas medidas se traduzcan efectivamente en menores costos y no solo en ventajas para determinados actores económicos.
El ministro Gabriel Oddone ha apuntado a documentar en esta iniciativa una serie de planteos que ha formulado en las últimas semanas, uno de los cuales expuso precisamente en el reciente Congreso de la Federación Rural, en el sentido de reducir trabas burocráticas para el sector, mejorar la logística y reducir el costo de la energía, en un país que resulta muy caro para los sectores reales de la economía, y también para afrontar el costo de vida con los ingresos salariales de sectores bajos y medio bajos.
En este proyecto de ley el secretario de Estado incluye más de 240 artículos con reformas microeconómicas diseñadas para modernizar el Estado, promover la inversión, facilitar el comercio exterior y eliminar trabas burocráticas.
En cuanto a desburocratización y agilización de Trámites, propone registros unificados, con creación de registros que evitan duplicar documentación, a la vez que se establecen tiempos máximos de respuesta para la administración pública; si el Estado no responde en ese plazo, se considerará aprobado el trámite.
Por otro lado, respecto a trámites sanitarios y técnicos se amplía la vigencia de habilitaciones de 5 a 10 años, se permiten renovaciones por declaración jurada y ya no será obligatorio traducir documentos al inglés o portugués.
Apuntando a la vez a la reducción del costo de vida y mejorar la competencia, la idea a través de estas medidas es facilitar la existencia de múltiples importadores para un mismo producto y se habilita el autodespacho aduanero, mientras que en defensa de la competencia se fortalece a las instituciones encargadas de fiscalizar y asegurar mercados más libres y competitivos.
En el área de apoyo a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) el principal estímulo parte de la facilitación financiera, mediante la creación de una plataforma de información positiva para facilitar el crédito a personas y empresas con buen historial de pagos.
En Flexibilización y tributación, el proyecto establece una graduación tributaria, un sistema integrado de gestión y facturación, y menores costos de registro de productos para proteger al sector que concentra gran parte del empleo.
Sin embargo, corresponde mantener expectativas realistas respecto al efecto de la iniciativa, pese a ser positiva en sí. La experiencia demuestra que los problemas de competitividad uruguayos tienen raíces profundas que exceden los procedimientos administrativos. El costo de la energía, la infraestructura logística, la dimensión del aparato estatal, las rigideces regulatorias y la escasa escala del mercado interno son factores estructurales cuya solución requiere procesos de largo aliento y acuerdos políticos amplios. En ese sentido, esta ley puede constituir un paso importante, pero difícilmente alcance por sí sola para modificar de manera sustancial el denominado “costo país”.
Otro aspecto destacable es la disposición expresada por el propio gobierno a discutir y perfeccionar el proyecto durante el trámite legislativo. Las reformas de esta naturaleza suelen enfrentar resistencias de sectores que perciben amenazados sus espacios de influencia, beneficios adquiridos o formas tradicionales de funcionamiento. Por ello, la construcción de consensos aparece como una condición indispensable para que los cambios no queden limitados a declaraciones de intención y logren una implementación efectiva.
En definitiva, el proyecto de Oddone parece orientarse en la dirección correcta al reconocer que la competitividad no depende exclusivamente de variables macroeconómicas como el tipo de cambio o la política tributaria. Mejorar la eficiencia del Estado, reducir costos de transacción y facilitar la actividad productiva son objetivos que deberían convocar apoyos más allá de las fronteras partidarias. El éxito de la iniciativa dependerá, en última instancia, de la capacidad del sistema político para transformar un diagnóstico ampliamente compartido en reformas concretas y sostenibles, capaces de generar beneficios tangibles para empresas, trabajadores y consumidores.
