Los números nacionales suelen ser útiles para describir tendencias, pero muchas veces esconden realidades que marchan en sentido contrario. Uruguay puede exhibir la creación de 26.000 nuevos puestos de trabajo y destacar que la mayoría de esos empleos fueron ocupados por mujeres. Sin embargo, ese crecimiento no se distribuyó de manera homogénea en el territorio. Al norte del río Negro, y particularmente en el litoral, la realidad laboral continúa marcada por el desempleo, la informalidad y la escasa generación de empleo de calidad.
Esa diferencia territorial no es una percepción ni una interpretación política. Fue señalada por dirigentes sindicales del interior del país y terminó siendo reconocida por el propio ministro de Economía, Gabriel Oddone, durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados, donde se analiza la Rendición de Cuentas.
El país es uno, pero sus realidades son múltiples. Allí donde crece la informalidad, no crece el empleo de calidad.
En esa situación se encuentran los departamentos del norte. El promedio nacional de informalidad alcanza el 22,8%. Sin embargo, en Rivera asciende al 44,4%; en Cerro Largo llega al 40,9%, y tanto Tacuarembó como Artigas superan el 30%. En el otro extremo aparecen Flores, con una tasa de 13,4%, y Montevideo, con 15,5%, muy por debajo del promedio. El problema es que los gobiernos suelen llegar a todo el territorio con un discurso uniforme, cuando las realidades departamentales son profundamente diferentes.
Lo mismo ocurre con el desempleo. Según el último trimestre publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondiente al período marzo-mayo de 2026, Maldonado registra el índice más bajo del país, con 3,2%, muy por debajo del promedio nacional de 7,6%. En cambio, el litoral continúa exhibiendo tasas de dos dígitos: Paysandú alcanza el 11%, Río Negro el 12,1% y Treinta y Tres encabeza la lista con 12,5%.
Sin embargo, al igual que ocurre en otras regiones, la informalidad en Maldonado —22,5%— continúa siendo un desafío y se ubica por encima del promedio nacional de 21,5%. En Paysandú, el trabajo no registrado alcanza el 25,8%.
El crecimiento de la informalidad constituye una clara señal de deterioro del mercado laboral y de la pérdida de trabajadores dentro del sistema de seguridad social. El Pit Cnt, en su última reunión con el presidente Yamandú Orsi, le transmitió que los modelos enfocados exclusivamente en el crecimiento económico no están generando los resultados esperados para la masa trabajadora.
El documento entregado al mandatario señala: “Llama la atención que, a pesar de que se han creado más empleos que los que se han destruido, la informalidad crece”. Agrega que “abarca a 386.000 personas, equivalente al 22,1% de quienes trabajan”, y concluye: “Este indicador nos habla de que los empleos que se crean son de calidad inferior a los que se destruyen. Estos datos corresponden al primer trimestre del año”.
Es importante que el Pit Cnt destaque esta situación y que pueda comprobarse en el territorio. Las economías informales carecen del poder adquisitivo suficiente para dinamizar el consumo y fortalecer el circuito económico que sostiene a múltiples sectores de actividad. Sin embargo, el discurso oficial omite estos aspectos, imprescindibles para comprender el verdadero escenario económico, al menos en esta región del país.
La creación de empresas en Uruguay también admite una lectura menos optimista. Desde el gobierno se destaca un crecimiento cercano al 5% respecto del mismo período del año anterior.
Sin embargo, los datos del Instituto Nacional de Estadística muestran que las nuevas empresas son cada vez más pequeñas, que las bajas aumentan y que los nuevos emprendimientos generan, en promedio, poco más de un puesto de trabajo cada uno.
Esto demuestra el avance de las empresas unipersonales y de las microempresas familiares. Y eso, por sí solo, no implica un crecimiento significativo del empleo. De hecho, las empresas que cerraron entre enero y marzo de este año dejaron sin trabajo a 11.359 personas.
Las cifras son elocuentes. Se crearon 10.659 nuevas empresas, que generaron 12.603 puestos de trabajo. El promedio es de apenas 1,18 trabajadores por empresa, lo que representa una caída cercana al 12% respecto del último trimestre de 2025.
Los emprendedores continúan activos y siguen generando sus propias fuentes de trabajo, aunque en una escala menor y con una capacidad cada vez más limitada para impulsar el empleo formal. Al mismo tiempo, también aumentó, en torno al 5%, el cierre de empresas respecto del año anterior. Fueron 8.282 las que cesaron su actividad y daban empleo a 11.359 personas. El saldo entre aperturas y cierres arroja más de 2.300 empresas nuevas, aunque, en su enorme mayoría, corresponden a emprendimientos unipersonales o microempresas, tal como surge de los propios datos.
Las lecturas globales, acompañadas por el contexto interanual, permiten comprender el complejo entramado del empleo en Uruguay, donde el desempleo que afecta a determinadas regiones no responde a una coyuntura pasajera, sino a problemas estructurales. Por eso resulta apresurado afirmar, sin mayores matices, que se crearon 26.000 nuevos empleos distribuidos de manera inclusiva en todo el territorio. En el litoral esa realidad no se percibe y la histórica dependencia de las zafras continúa siendo la principal esperanza para miles de trabajadores que el resto del año sobreviven en la informalidad.
En ese contexto llega al Parlamento la Ley de Competitividad, cuyo objetivo es reducir las gestiones que enfrentan las micro y pequeñas empresas ante una burocracia estatal cada vez más compleja. Hasta allí el planteo resulta atractivo. Sin embargo, las expectativas que genera esta iniciativa son moderadas, porque no aborda otros costos estructurales, como las tarifas públicas, los costos laborales o el precio de los combustibles, que inciden directamente sobre la viabilidad de cualquier emprendimiento. En consecuencia, difícilmente tenga un impacto significativo sobre las economías familiares, que luego alimentan el movimiento económico del resto de las actividades e inciden en las estadísticas de cada departamento. Tampoco se vislumbran cambios sustanciales para las zonas fronterizas, donde la actividad económica no depende de la simplificación de un trámite administrativo, sino de una realidad mucho más determinante: los precios son más convenientes del otro lado de la frontera.
También es necesario que los discursos políticos se adapten a las circunstancias de cada región, donde la historia, la cultura y la idiosincrasia marcan diferencias que perduran a través de las generaciones. Es lo que ocurre en Paysandú, cuya identidad continúa estrechamente ligada a un pasado de fuerte impulso industrial.
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