Uruguay atraviesa un momento económico que podría definirse como de estabilidad, pero carente de dinamismo. Si bien los indicadores dan cuenta de una economía ordenada, con instituciones sólidas y previsibilidad jurídica, no está presente la efervescencia necesaria para generar un ciclo sostenido de inversiones y crecimiento, y lo que reina es una especie de calma que en otros momentos fue una ventaja comparativa, pero que hoy comienza a parecer insuficiente en un mundo que cambia a una velocidad inédita.
El desafío no es nuevo, pero sí cada vez más evidente. Mientras la economía global se reorganiza alrededor de sectores estratégicos como la inteligencia artificial, los semiconductores, los minerales críticos, la robótica, la energía y los centros de datos, Uruguay no logra encontrar una propuesta de valor que lo coloque en esa conversación. El país mantiene un buen clima de negocios desde el punto de vista institucional, pero eso ya no alcanza cuando los capitales internacionales buscan ventajas competitivas específicas y sectores de alto crecimiento, como queda expuesto por la baja tasa de inversiones que recibe el país.
En ese escenario resulta oportuno traer a colación una referencia cercana y conocida: Paraguay. Hasta no hace mucho tiempo, apenas dos o tres décadas atrás, la nación guaraní era considerada un mercado periférico, con notorias e históricas debilidades institucionales y profundas desigualdades sociales. Sin embargo, logró construir en este período una estrategia clara basada en generar competitividad. Ha contado para ello con disponibilidad de energía eléctrica barata, un régimen tributario simple, menores costos laborales, paz sindical y una política decidida de atracción de inversiones, lo que ha permitido el desarrollo de industrias, parques logísticos y manufacturas orientadas a la exportación. Paraguay no resolvió todos sus problemas, por supuesto —todavía enfrenta desafíos importantes en materia de justicia, infraestructura y desarrollo social—, pero consiguió algo que hoy Uruguay parece haber perdido: un rumbo de crecimiento, con la sinergia que ello conlleva en todas las áreas.
La diferencia es significativa. Paraguay apostó a convertirse en un país competitivo para producir. Uruguay, en cambio, se ha mantenido dentro de parámetros que pudieron haber sido muy valiosos para otros tiempos, pero sin seguir la evolución que implica estar a tono con los tiempos y, peor aún, con políticas de cobertura social que consumen grandes recursos sin traducirse en respuestas eficaces, al mismo tiempo que los estímulos son más los parches promovidos por cada gobierno que el producto de políticas realmente sostenidas y de Estado.
Ello explica, aunque parcialmente, que no haya sido suficiente para impulsar tasas de crecimiento superiores de forma sostenida. El problema de fondo no responde exclusivamente a deficiencias del gobierno actual ni del anterior, sino que está de por medio una problemática estructural para definir cuál será el motor de la economía uruguaya durante las próximas décadas. La inversión privada permanece en niveles bajos porque las oportunidades de obtener rentabilidades atractivas son escasas. Y cuando la inversión no despega, tampoco lo hace el empleo, la innovación ni el crecimiento.
En ese contexto, sería razonable profundizar instrumentos que ya han demostrado resultados. La Comap (Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones) es el organismo encargado de evaluar proyectos de inversión empresariales con el objetivo de promover el crecimiento económico y la creación de empleo. Ha sido una herramienta para incentivar la reinversión de empresarios nacionales y podría ampliarse y modernizarse para facilitar nuevos proyectos, especialmente aquellos vinculados a innovación tecnológica, transformación digital y exportación de servicios.
Pero el verdadero desafío es que Uruguay necesita construir una estrategia nacional de crecimiento que trascienda los períodos de gobierno y se transforme en una política de Estado. El agro continuará siendo un pilar fundamental, pero difícilmente alcance por sí solo para sostener el desarrollo futuro, sobre todo porque hasta ahora ha primado la producción primaria, con exportación de materia prima pero con muy relativo valor agregado dentro de fronteras, cuando lo tiene. Existen oportunidades en la pesca, en la bioeconomía, en la industria forestal y, sobre todo, en posicionar al país como un hub regional para centros de datos, inteligencia artificial y servicios tecnológicos de alto valor agregado. La estabilidad institucional, la matriz energética renovable y la calidad de vida constituyen ventajas reales que podrían convertirse en activos económicos mucho más relevantes si fueran acompañadas por una estrategia agresiva de promoción internacional.
Otro capítulo merece la política de atracción de residentes fiscales y reales. Uruguay ya ha demostrado que puede captar talento, empresarios e inversores internacionales gracias a su calidad institucional y seguridad jurídica. En un mundo donde el trabajo remoto y la movilidad del capital son cada vez mayores, esa estrategia debería profundizarse como parte de un modelo de desarrollo más amplio.
Naturalmente, avanzar hacia una economía más competitiva también exige revisar los costos estructurales que enfrenta el sector privado. Una presión del gasto público cercana al 30% del producto representa una carga considerable para empresas que ya operan con costos elevados respecto a sus competidores regionales. Sin un sector privado dinámico resulta difícil imaginar un crecimiento robusto.
Otra rémora pasa por discusiones político-ideológicas coyunturales que distraen la atención en un país que necesita concentrarse en desafíos mucho más trascendentes. La agenda de reformas económicas, la mejora de la competitividad y la construcción de nuevos sectores productivos requieren continuidad y acuerdos amplios.
En materia macroeconómica, incluso la política antiinflacionaria merece una consideración distinta a la que ha tenido hasta el presente. Si bien alcanzar y mantener niveles muy bajos de inflación constituye un objetivo deseable, ello conlleva elevados costos fiscales y un consecuente impacto negativo sobre la actividad económica, si se tiene en cuenta que se hace sobre todo a costa de un tipo de cambio planchado, y no a partir de una convergencia más gradual, con cierta estabilidad, pero sacrificando en los hechos crecimiento e inversión.
Es impensable, por muchas razones, que en Uruguay se “importe” el modelo paraguayo, ni mucho menos, pero sí es pertinente evaluar por dónde pasan los factores que le han dado la dinámica de crecimiento a que hacíamos referencia, con una lección de base insoslayable: los países que crecen son aquellos que encuentran una propuesta clara para el mundo. Paraguay la encontró en la competitividad productiva. Y Uruguay debería encontrar la suya combinando institucionalidad, innovación, tecnología, energía limpia y calidad de vida, con una visión de largo plazo que resulte en un verdadero proyecto nacional de crecimiento.
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