En los últimos días se ha generado una intensa polémica en torno a la instalación del nuevo centro del Mides en el antiguo Sanatorio Pasteur, ubicado en pleno centro de la ciudad. De acuerdo con lo informado por EL TELEGRAFO, “la directora departamental del Mides, María Inés Firpo, señaló que desde mayo pasado buscaban una vivienda acorde a las necesidades del refugio y ante el incremento de las personas en situación de calle. El antiguo sanatorio surgió como una posibilidad para trasladar a aquellas personas que se encuentran en un proceso diferente. Está pensado como un centro de medio camino, de vivienda asistida y con un trabajo más avanzado por parte del equipo del refugio”. El Sanatorio Pasteur dispone de unas 14 habitaciones y tiene capacidad para albergar a 50 personas. La situación que estamos viviendo en la ciudad de Paysandú se repite a lo largo y ancho del país. En efecto, la instalación y funcionamiento de refugios del Mides genera frecuentemente molestias de convivencia en los barrios de Montevideo, tales como aglomeraciones en la vía pública, ruidos molestos nocturnos, personas que hacen sus necesidades en plena vía pública, discusiones en voz alta, agresiones físicas y verbales, suciedad y denuncias por inseguridad o consumo problemático de sustancias en sus alrededores. Los centros del Mides están desbordados, tal como lo ha denunciado el propio Pit Cnt en su página web, advirtiendo sobre “precarización laboral, vaciamiento técnico —particularmente de psicólogos— y condiciones de hacinamiento en refugios”. El diagnóstico impacta; la lista es elocuente. El Mides preocupa. Desde la dirección del Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines (Sutiga) se encendieron las luces de alerta porque, en momentos en que el invierno impacta en nuestra región, “la situación para las personas que viven y duermen en la calle bajo la órbita de la política pública y gestión del Ministerio de Desarrollo Social es grave”. O sea: mal que le pese al ministro Gonzalo Civila y a la directora departamental María Inés Firpo, “no todo lo que reluce es oro”, razón por la cual el relato frenteamplista sobre el Mides se cae a pedazos y pierde pie un día sí y otro también. En pocas palabras, y como si se tratara de un partido de fútbol: Realidad 5-Mides 0.
Sobre la sesión, EL TELEGRAFO informó que “hubo numerosas personas presentes en la barra del recinto, y en la instancia hicieron uso de la palabra sucesivamente la presidenta del Centro Comercial e Industrial de Paysandú, Belén Capurro, en representación de los comerciantes; la doctora Cristina Zeni, representando a los vecinos de la zona, y el periodista independiente Milton Nan.
Belén Capurro dijo en su exposición que no cuestiona las políticas ni que se procure acompañar a estas personas, que necesitan respuestas y contención, pero expresó preocupación respecto a dónde se instalan los servicios y cuestionó la planificación que se lleva adelante. En tal sentido, dijo que recogió la preocupación de los vecinos porque hay antecedentes cercanos, con episodios de violencia y disturbios como se dan frecuentemente en el centro del INAU del microcentro. Recordó que esa situación la plantearon reiteradamente, ante una realidad que no es para estigmatizar, pero subrayó que, en lugar de avanzar en planificación y descentralización, ‘se los trae de nuevo al centro’. Trajo a colación que calle Monte Caseros tiene comercios, centros asistenciales e institutos docentes, entre otras dependencias, y preguntó si se evaluó el impacto y la planificación territorial, si se analizó el aspecto de la convivencia con los vecinos, el impacto en el comercio, la situación de los vecinos, la seguridad del barrio y el funcionamiento de los centros educativos cercanos, entre otros aspectos. Dijo que también afecta el turismo, al no tener un centro de la ciudad accesible y donde los comerciantes puedan trabajar”.
Lo peor de toda esta situación es que el Centro Latinoamericano de Economía Humana (Claeh), encargado de la gestión del refugio del Mides en Paysandú, ya firmó el contrato de alquiler con el propietario del inmueble donde antiguamente funcionara el Sanatorio Pasteur, y se prevé su ocupación en setiembre. O sea: una vez más, se impuso una decisión política por sobre el diálogo social —el verdadero, no el politizado—. Sin lugar a dudas, la instancia llevada a cabo en la Junta Departamental hace unos días es necesaria e importante, pero la verdad es que fue totalmente ineficaz: al Mides y al Claeh nunca les interesó el diálogo ni buscar puntos de encuentro con la sociedad, y por eso se firmó el contrato de arrendamiento del inmueble ubicado en el cruce de las calles Monte Caseros e Ituzaingó. Y a los vecinos “se los llevaron puestos”.
En este marco, y tratándose de hechos consumados, es importante pensar en los vecinos del Sanatorio Pasteur, quienes obviamente verán caer el valor de sus propiedades una vez que se instale en ese lugar el refugio del Mides. ¿Quién querrá comprar o alquilar una vivienda o un local comercial ubicado en este entorno? Como sucede en otros barrios del país donde se han instalado refugios similares, cabe temer que las puertas de esos inmuebles amanezcan con frecuencia con botellas rotas, excremento humano o vómitos que obliguen a los vecinos a limpiar las entradas de dichos lugares. Habrá roces con los inadaptados —la gran mayoría, personas que cumplieron recientemente condenas en la cárcel—, insultos y abusos que llevarán a discusiones que no lograrán resolver nada. La decisión del Mides resulta contraria al sentido común y al desarrollo urbanístico, comercial, turístico y social de nuestra ciudad. A pesar de que los frenteamplistas repiten la palabra “aporofobia” (odio a los pobres) como si se tratara de un mantra proveniente del “Manual del Perfecto Izquierdista Latinoamericano”, lo cierto es que no se trata de eso ni de discriminar, sino de convivir en forma armónica en una ciudad con alarmantes niveles de desempleo e informalidad. Así las cosas, ¿cuánto tardarán en llegar las demandas judiciales de los vecinos del Sanatorio Pasteur contra el Mides por los daños y perjuicios ocasionados por la caída del precio de venta o alquiler de sus propiedades? Es importante recordar que, según el artículo 1319 del Código Civil, “todo hecho ilícito del hombre que causa a otro un daño impone a aquel por cuyo dolo, culpa o negligencia ha sucedido, la obligación de repararlo”. Esa obligación de reparación no incluye solo el llamado “daño emergente” (la pérdida o disminución real del patrimonio que sufre una persona), sino también el “lucro cesante” (la ganancia o el dinero que una persona o empresa deja de percibir debido a un daño, un accidente o un incumplimiento de contrato causado por un tercero). El artículo 1.323 del mismo Código lo establece claramente: “El daño comprende no solo el mal directamente causado, sino también la privación de ganancia que fuere consecuencia inmediata del hecho ilícito”. ¿Acaso el ministro Civila o la directora departamental María Inés Firpo se harán cargo de pagar esos daños y perjuicios, o seremos todos los uruguayos —los eternos “paganini”— quienes tendremos que hacernos cargo de las consecuencias del autoritarismo inconsulto de ambos jerarcas?
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