Tras áspero debate, con el consabido pase de facturas entre los ediles, por mayoría la Junta Departamental de Paysandú aprobó en la noche del jueves, en su sesión plenaria de carácter ordinario, una declaración de apoyo a los vecinos de la zona de Ituzaingó y Monte Caseros, que se hicieron presentes a efectos de procurar que el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) desista de la instalación de un refugio en el edificio del ex Sanatorio Pasteur.
La postura de los vecinos fue compartida plenamente por los ediles del Partido Nacional y el Partido Colorado, que constituyeron la mayoría de 21 votos por la que finalmente se aprobó la declaración del cuerpo en respaldo a los vecinos y el reclamo de que el Mides encuentre soluciones a esta compleja problemática de personas en situación de calle sin afectar al resto de la sociedad.
Desde el Frente Amplio se defendió a capa y espada la actuación de este ministerio, tanto a nivel departamental como nacional, y a la vez se acusó a ediles de la mayoría departamental de ser “aporofóbicos”, al negar derechos a las personas en esta situación simplemente por su condición de indigencia.
Corresponde traer a colación que la filósofa española Adela Cortina acuñó el término aporofobia en los años ‘90 para definir el miedo, la aversión o el rechazo hacia las personas pobres. La palabra considera que hay discriminación hacia quienes no tienen recursos y/o están en la indigencia, y por regla general los dirigentes de izquierda de nuestro país han reflotado el término —que fue incorporado por la Real Academia Española (RAE) en su diccionario— para cuestionar la postura de quienes se oponen a la instrumentación de determinadas respuestas a problemas o medidas de corte social que provienen del gobierno.
La problemática de los refugios fue precisamente un tema en el que los ediles del Frente Amplio utilizaron ampliamente el término, lo que fue rechazado por sus colegas del oficialismo departamental, señalando que la izquierda es la que trae al tapete la lucha de clases, sin tener en cuenta la complejidad y diversidad del tramado social.
Ediles nacionalistas cuestionaron que el Mides, desde el gobierno nacional, ha retaceado recursos para desarrollar su tarea en Paysandú, y que la propia directora departamental optó por destinar una casa de su familia en la zona portuaria para albergar a personas en esta situación, mientras por otro lado se destinan recursos a otras áreas que no son prioritarias o se utilizan por interés demagógico.
“El Mides no sale a la calle en Paysandú, no recorre la ciudad para atender o evaluar a las personas en situación de calle”, sino que se hace todo esto desde un escritorio, sentenció el edil Alejandro Colacce, quien junto a Ignacio Ifer fuera uno de los directores del Mides en Paysandú durante el gobierno de Luis Lacalle Pou.
Desde el Frente Amplio se respondió señalando que los ediles del oficialismo departamental hacen gala de “aporofobia”, haciendo hincapié en que la izquierda lleva solo un año en el gobierno y que se está en la etapa de instrumentación del denominado plan 365 días-24 horas por el Mides, lo que a su juicio implica dejar de lado el plan del anterior gobierno y centrarse en un abordaje integral de la problemática de las personas en situación de calle, mediante un equipo multidisciplinario que necesita tiempo para trabajar y obtener resultados.
Asimismo, en su momento terció en el debate el representante colorado David Helguera, quien sostuvo en el curso de su exposición que mientras el Frente Amplio sigue errando en cuanto a las acciones a llevar adelante respecto a las personas en situación de calle, no ha encontrado mejor recurso que meterlos en una “ratonera” en el edificio del ex Sanatorio Pasteur, justo en un enclave céntrico, en medio de una zona comercial, con centros educativos y asistenciales, ámbito que será duramente distorsionado por el funcionamiento de este centro del Mides.
Consideró que evidentemente se ha perdido el sentido del equilibrio y hasta de la realidad por los representantes de la izquierda sobre la incidencia de la problemática de personas en situación de calle, y cómo el deambular de estas personas por zonas residenciales, comercios, plazas, pernoctando y haciendo sus necesidades en los zaguanes de los vecinos, con sus adicciones y provocando disturbios entre ellos y a los propios vecinos, genera un entorno que distorsiona la tranquilidad del vecindario.
Finalmente, se llegó al término del prolongado debate con dos propuestas de declaraciones: una del oficialismo —que contó con el apoyo de Helguera—, en respaldo al reclamo de los vecinos, que se analice el tema en comisión y que se integre un grupo de vecinos y ediles para hacer las gestiones correspondientes ante el ministro de Desarrollo Social, en procura de que se revea esta decisión, además de plantear en conjunto con esta inquietud la problemática del refugio Santa Elena.
A su vez, el Frente Amplio presentó una moción que no se llegó a considerar, al aprobarse la anterior, y que en líneas generales respalda en su totalidad la actuación del Mides, sin dejar de comprender la inquietud de los vecinos que se consideran afectados y su derecho a reclamar por la problemática de convivencia. Por otra parte, señalan que el plan 365-24 horas constituye una modalidad que va mucho más allá de brindar alojamiento, sino que es un abordaje integral, atendiendo las diferentes problemáticas que atraviesan, brindando contención y acompañamiento con el objetivo de que puedan superar la situación de calle. Asimismo, rechazan “enfáticamente algunas de las expresiones vertidas en sala por algunos ediles que evidencian una mirada aporofóbica hacia las personas en situación de calle, que es una estigmatización hacia compatriotas que atraviesan situaciones de extrema vulnerabilidad”, a la vez de apoyar las políticas que se desarrollan desde el gobierno para que estas personas puedan dejar de estar en situación de calle e integrarse a la sociedad.
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