En una especie de carrera demagógica, esta semana se presentaron en el Parlamento una serie de proyectos de ley que tienden a reducir costos legislativos, aunque no se trata de gastos directamente generados por la función legislativa, sino de gastos que han estado históricamente en discusión, como los viáticos por viajes al exterior y el subsidio del que disponen los legisladores una vez que cesan su actividad parlamentaria.
La bancada oficialista presentó dos de estos proyectos. La primera de las iniciativas busca restablecer obligaciones de transparencia que existían pero fueron retiradas en el año 2020: propone regresar a la obligación de rendir cuentas a todos los legisladores nacionales y ediles departamentales que perciban viáticos por misiones en el exterior o comisiones de servicio en el país. El proyecto lleva la firma del senador Daniel Caggiani (MPP) y, en su exposición de motivos, plantea que lo que se pretende es “fortalecer y transparentar el uso adecuado de los dineros públicos, generando nuevos sujetos obligados que deberán acotarse a las disposiciones de la norma”. De esta manera, todo funcionario comprendido por la norma dispondrá de hasta diez días hábiles desde su regreso para rendir cuentas de sus gastos. En caso de que le sobrase dinero, deberá devolverlo al organismo (Parlamento o Junta Departamental), de acuerdo con lo reseñado en un artículo del semanario La Mañana. Las sanciones previstas para quienes incumplan consisten en que, si el funcionario percibe salario, se le descontará el monto total del viático asignado de sus retribuciones futuras, hasta completar la totalidad de la deuda. Si, en cambio, se trata de un cargo honorario, como el de los ediles, se remitirán los antecedentes a las autoridades que lo designaron para que tomen las medidas que estimen pertinentes. En cualquiera de los casos, la persona no podrá volver a ser designada para una nueva misión o comisión de servicio que genere derecho a viático.
El proyecto también incorpora la obligatoriedad de presentar, en el plazo de diez días desde el regreso, tras la participación en actividades, congresos, seminarios, visitas oficiales o cualquier misión financiada total o parcialmente por Estados, instituciones u organismos internacionales, un informe detallado ante la Presidencia de su Cámara. Allí deberá incluirse una copia de la invitación oficial, la identificación del organismo o Estado que efectuó la invitación y el detalle de los gastos cubiertos por terceros: pasajes, alojamiento, alimentación, viáticos, transporte interno y cualquier otro beneficio económico o en especie.
Otro proyecto presentado por Caggiani apunta a recortar el subsidio por cese político. Actualmente, quienes ocupen una responsabilidad política durante más de un año pueden acceder a un subsidio de hasta 12 meses, equivalente al 85% de sus haberes. La intención es reducir este plazo a seis meses y el monto al 66% de los haberes del cargo ejercido. A ello se suma la condición de que el subsidio no se otorgará a quienes estén omisos en la presentación de la declaración patrimonial obligatoria, y que el reingreso a la Administración Pública implicará el cese automático del beneficio.
A continuación, el senador Pedro Bordaberry, del Partido Colorado, presentó un proyecto que va incluso más lejos, porque propone directamente prohibir los viajes al exterior pagados por el Parlamento.
De acuerdo con lo publicado por Montevideo Portal, el proyecto busca establecer como regla general que senadores y diputados no podrán viajar al exterior con dineros públicos o del presupuesto del Parlamento, y deberán participar en actividades internacionales tales como reuniones, conferencias, congresos o foros mediante videoconferencia u otro mecanismo a distancia cuando esté disponible.
El proyecto de Bordaberry agrega, a modo de excepción, la posibilidad de que las cámaras autoricen un viaje con el apoyo de dos tercios del total de sus integrantes, en casos en que se justifique la presencia física del legislador como necesaria y en la medida en que no pueda ser sustituida por una participación virtual. La restricción alcanzará tanto a los legisladores (senadores y diputados) como a los funcionarios de los servicios comunes del Poder Legislativo, quienes también deberán participar a distancia, salvo que su viaje sea autorizado por la referida mayoría especial. Abre, sí, la posibilidad de que los legisladores viajen por su cuenta sin necesidad de autorización, siempre que paguen todos los gastos con recursos propios y no exista ningún costo directo o indirecto para el Parlamento ni para otros fondos públicos.
Al igual que el proyecto de Caggiani, la iniciativa de Bordaberry también obliga a presentar un informe al regreso, solo que es más generosa con los plazos y otorga la posibilidad de remitirlo dentro de los 30 días posteriores. Bordaberry planteó que desde el comienzo del actual período de gobierno hubo un uso creciente y excesivo de fondos públicos para financiar viajes al exterior de autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo, y aportó cifras al respecto: entre febrero de 2025 y junio de 2026 se realizaron 73 viajes al exterior financiados por el Senado, de los cuales 51 correspondieron a legisladores y 22 a funcionarios. En conjunto, representaron 430 días de misión y un gasto de al menos U$S 234.464. El senador colorado fundamentó su propuesta en la necesidad de reducir el gasto público.
No podemos dejar de reconocer el saludable gesto de los dirigentes políticos de recortar gastos. No obstante, y antes de entrar en consideraciones sobre las posibilidades reales de que proyectos como los planteados logren avanzar hacia su aprobación, debemos leer las señales detrás de estas iniciativas. Porque, aunque todos podemos coincidir en que es necesario reducir gastos en el Estado, a la postre 235.000 dólares no van a hacer una gran diferencia.
Resulta llamativo que desde el Parlamento surjan estos gestos que, en cierta forma, dan el brazo a torcer respecto de que estos beneficios de los que gozan los legisladores están de más, y de que da lo mismo si existen o no, porque la función se cumplirá de todos modos.
Pero no es lo mismo. No da lo mismo. Así como en la sociedad, también entre los miembros del Parlamento hay diferentes situaciones personales. Hay quienes podrán costearse un viaje para conocer experiencias en el extranjero e intercambiar con parlamentarios de otras culturas o trabajar in situ sobre situaciones que podrían extrapolarse a Uruguay, y habrá quienes no.
Es llamativo que el mensaje que sale desde el Palacio Legislativo sea esta disposición a recortar gastos —sí— pero también calidad legislativa, en lugar de defender la función que se cumple, de la que esta representación y el intercambio forman parte indiscutiblemente. Eso sí, probemos esa presentación obligatoria de informes, en diez o 30 días, y la rendición de gastos, y se verá con prontitud cuáles de las misiones han sido de beneficio.
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