Seis hombres y dos mujeres fueron condenados por delitos vinculados al suministro de estupefacientes. La investigación demandó semanas de inteligencia y trabajo de campo y culminó con seis allanamientos simultáneos en distintos puntos de Paysandú. La Policía destacó la coordinación con Fiscalía y señaló que cuatro de los lugares intervenidos funcionaban como puntos de venta de droga.
El procedimiento, denominado Operación Cerrojo, fue desarrollado por efectivos de la Brigada Departamental Antidrogas, con apoyo del Grupo de Reserva Táctica (GRT) y el Área de Investigaciones, y permitió incautar cocaína, pasta base y marihuana, además de un arma de fuego, dinero en efectivo, balanzas de precisión, teléfonos celulares, equipos de comunicación radial y otros elementos vinculados con la actividad investigada.
La investigación comenzó a partir de información sobre posibles maniobras de suministro y comercialización de drogas y fue avanzando con tareas de vigilancia y recopilación de evidencias. Finalmente, la Justicia autorizó seis allanamientos simultáneos.
Fueron detenidas ocho personas --varias de ellas con antecedentes penales-- entre las cuales se encuentra un árbitro de fútbol local. En los allanamientos se incautaron dosis de cocaína, marihuana y pasta base, además de 3.957 pesos en efectivo, un revólver calibre .22 sin numeración visible con 12 cartuchos, tres balanzas de precisión, 16 teléfonos celulares, cuatro equipos de comunicación radial y una moto.
OCHO CONDENADOS
Luego de las actuaciones cumplidas ante la Sede Letrada en lo Penal de 8.º Turno, la Justicia dispuso la formalización y condena mediante proceso abreviado.
Q.D.G.A. y Q.J.G.S. fueron condenados por un delito continuado de suministro de sustancias estupefacientes, con dos años de penitenciaría de cumplimiento efectivo. Jorge Moisés Gómez Acosta recibió una pena de tres años y seis meses de penitenciaría, también por un delito continuado de suministro de estupefacientes. Kevin Alejandro Fleitas Ojeda, poseedor de antecedentes penales, fue condenado por un delito continuado de suministro de estupefacientes en reiteración real con un delito de tenencia de arma de fuego, en calidad de reincidente, a dos años de penitenciaría de cumplimiento efectivo. Carolina Noemí Barreto Silva fue condenada como autora de un delito continuado de suministro de sustancias estupefacientes a dos años y cuatro meses de penitenciaría.
En tanto, R.M.F.M. y J.M.P.L. fueron condenados por un delito continuado de suministro de sustancias estupefacientes, imponiéndoseles dos años de penitenciaría de cumplimiento efectivo.
Respecto de R.B.A., la Justicia dispuso el aplazamiento excepcional del cumplimiento de la pena, por lo que permanecerá bajo arresto domiciliario total con dispositivo de monitoreo electrónico. La situación será revisada por el juez de Ejecución en un plazo de 60 días.
“UN TRABAJO LARGO Y TENDIDO”
Durante una conferencia de prensa en Jefatura, las autoridades destacaron especialmente el trabajo previo que permitió llegar a los allanamientos. Estuvieron presentes el jefe de Policía de Paysandú, Alejandro Sánchez, acompañado por el director de Coordinación Ejecutiva, Leonardo Haiache; la fiscal titular de Cuarto Turno, Cecilia Irigoyen, y la fiscal adjunta María José Graziani.
El jefe de Policía explicó que la operación comenzó aproximadamente un mes y medio antes de los procedimientos, con trabajo en territorio, tareas de inteligencia y análisis de información. Ese proceso permitió reunir elementos suficientes para que la Fiscalía solicitara las medidas judiciales correspondientes y se concretaran los seis allanamientos de forma simultánea.
Sánchez destacó el trabajo de todo el equipo de la Brigada Departamental Antidrogas y la coordinación mantenida con la Fiscalía de Cuarto Turno, además del apoyo brindado por el GRT y otras unidades policiales.
Remarcó que no se trató de un procedimiento aislado, sino de parte de una línea de trabajo que la Policía viene desarrollando contra el micro y el macrotráfico de estupefacientes.
INFORMACIÓN SOBRE EL SUMINISTRO
La fiscal de Cuarto Turno, Cecilia Irigoyen, explicó que detrás de los seis allanamientos hubo una importante tarea de preparación y coordinación. Señaló que para ejecutar seis procedimientos de manera simultánea se requiere una logística importante. Según explicó, la investigación se desarrolló aproximadamente entre abril y el 31 de julio, período durante el cual la Policía fue reuniendo elementos probatorios.
Uno de los aspectos destacados por la fiscal fue el trabajo realizado previamente con personas que habían adquirido sustancias. Explicó que en el marco de la investigación fueron identificados consumidores que habían sido entrevistados y que algunos de ellos aportaron información respecto de las personas a las que les habían comprado droga.
Aclaró que en algunos domicilios no se encontraron sustancias durante los allanamientos, pero igualmente existía una investigación previa que permitía vincular a determinadas personas con el suministro. Puso como ejemplo uno de los domicilios donde fueron detenidas tres personas y donde se produjo una de las principales incautaciones, con más de 50 gramos de cocaína y marihuana. También explicó que el dinero encontrado en algunos de los lugares investigados era otro elemento que permitía observar la modalidad del microtráfico.
Irigoyen también se refirió a una de las principales dificultades que enfrenta la investigación de los delitos vinculados al suministro de drogas: la necesidad de transformar la información obtenida en evidencia que pueda ser presentada ante la Justicia.
Explicó que muchas personas que aportan información solicitan que su identidad sea mantenida en reserva. Sin embargo, esa reserva presenta dificultades a la hora de llevar adelante un juicio oral, ya que no es posible presentar como testigos a personas cuya identidad permanece reservada.
Por ese motivo, señaló que los investigadores necesitan reunir “más evidencia, más que suficiente” para poder sostener una acusación sin depender exclusivamente del testimonio de una persona.
CUATRO BOCAS FUERA DE FUNCIONAMIENTO
El jefe de Policía precisó que, de los seis lugares allanados, cuatro funcionaban como bocas de venta de droga, por lo que la operación permitió desactivar esos puntos de comercialización. La incautación más importante se produjo en un domicilio donde se encontraron más de 50 gramos de cocaína, además del revólver calibre .22 con munición.
También fueron incautados diversos elementos tecnológicos que ahora serán sometidos a análisis, entre ellos teléfonos celulares, equipos de comunicación y cámaras, algunos de los cuales eran utilizados para controlar los lugares donde se desarrollaba la comercialización. Sánchez consideró que la intervención permitió desarticular una estructura de importancia dentro de lo que es el microtráfico en el departamento.
La fiscal insistió en la importancia de que la población aporte información cuando conozca la existencia de posibles puntos de venta de drogas. Recordó que existe el teléfono 0800 2121, donde se pueden realizar denuncias de manera anónima. Explicó que, si la información permite comprobar la existencia de una actividad ilícita, la Fiscalía puede solicitar al juez las medidas necesarias para profundizar la investigación, entre ellas tareas de vigilancia y otros procedimientos autorizados judicialmente.
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