Uruguay registra cifras récord de llegada de cubanos desde el año pasado. En 2025, incluso, la cifra ya triplicaba la correspondiente a 2024. A estos guarismos hay que sumar que el país entregó cerca de 14.000 cédulas de identidad a ciudadanos cubanos, lo que convierte a esta nacionalidad —con excepción de los uruguayos— en la que más documentos obtuvo.
Cuba atraviesa situaciones cada vez más dramáticas. La crisis del combustible no tiene antecedentes; los hospitales suspenden cirugías, los hoteles cierran y el suministro de energía se interrumpe durante largas horas.
Casi dos millones de personas abandonaron la isla en menos de un lustro y, además de Estados Unidos, son varios los países latinoamericanos que reciben esa oleada migratoria. Uruguay recepciona una cantidad importante cada año. De hecho, la organización UruVene, creada para los venezolanos residentes en el país, atiende cada vez más consultas de cubanos. Algo similar ocurre en Venezuela, donde faltan medicamentos e insumos básicos para intervenciones quirúrgicas.
El gobierno de Donald Trump comenzó una campaña de deportaciones masivas en la que utiliza inteligencia artificial para el rastreo, la vigilancia y la detención de indocumentados. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE por sus siglas en inglés, incrementó los arrestos domiciliarios y las interceptaciones callejeras de personas.
La administración de Trump destinó unos 3.000 millones de dólares a incentivar a los gobiernos estatales y locales a colaborar en estos operativos y permite que las agencias policiales actúen como agentes migratorios. Esta política ha generado un fuerte impacto económico y social debido al temor generalizado y a la salida de trabajadores, que puso un freno a la producción agrícola y a la construcción.
La consecuencia es directa y proporcional al daño: se dispararon los precios de los alimentos y de las viviendas. En forma paralela, se impusieron mayores barreras a los estudiantes internacionales y se incrementó de manera sostenida el número de deportaciones a más de 40 países, mediante vuelos de traslado masivo con destino a América Latina, el Caribe, África y Asia.
Es decir, Estados Unidos terceriza las deportaciones mediante acuerdos con países de distintos continentes. Entre ellos se encuentra Uruguay, cuya Cancillería mantiene conversaciones diplomáticas para que el país reciba a cubanos y a personas de otras nacionalidades deportadas desde Estados Unidos.
Cuando el 29 de julio un diario estadounidense informó sobre el intercambio de un documento preliminar de “entendimiento” sobre cooperación migratoria, saltaron todas las alertas.
En principio, porque los propios legisladores oficialistas se enteraron por los medios de prensa y, en segundo lugar —pero no menos importante—, porque las reivindicaciones históricas de la fuerza política en el gobierno se daban de bruces con la realidad.
En medio de la noticia surgieron debates vinculados con la soberanía, los derechos humanos y la necesidad de incrementar un perfil de población que es minoritario en un país envejecido. Mientras tanto, otros países latinoamericanos firman acuerdos de este tipo con el gobierno estadounidense, lo que instala un debate público de connotaciones diversas.
El texto que se discute deja a Estados Unidos la discrecionalidad de sugerir candidatos a la deportación, mientras Uruguay mantiene la potestad de aceptarlos o rechazarlos. El criterio de la administración Trump es que en el territorio uruguayo ya se encuentra instalada una numerosa comunidad cubana.
Sin embargo, los migrantes cubanos trabajan en condiciones precarias y pagan altos costos de alquiler. En los últimos días, un amplio desalojo en la Ciudad Vieja de Montevideo reveló situaciones de hacinamiento y la ocupación de antiguas propiedades en condiciones poco claras, donde residen personas de varias nacionalidades. Esto acarrea problemas de convivencia, ante la comprobación de que en distintos lugares se utilizan las instalaciones para la venta de droga. Además, intervino el Ministerio de Desarrollo Social, dado que se trata de familias que literalmente pasaban a situación de calle.
Entonces, mientras no se aseguran las mínimas condiciones indispensables para quienes ya residen en el país y aún no se resuelven unas 30.000 solicitudes en el Ministerio de Relaciones Exteriores, el gobierno negocia nuevas llegadas de migrantes.
En este caso, la condición de deportados es diferente de la inmigración —una realidad histórica en América Latina—, en tanto se trata de destinos obligados y no elegidos. Una vez instalados en el país, los choques son inmediatos con el alto costo de vida y con las tensiones que se expresan en las redes sociales, donde quedan en evidencia sectores de la población poco receptivos.
Por su parte, el presidente Yamandú Orsi y el canciller Mario Lubetkin reconocieron la existencia de ese diálogo cuando ya era evidente la información divulgada por un medio estadounidense y replicada, con mayores detalles, por otro medio capitalino.
Las tensiones internas en el Frente Amplio son visibles, aunque los discursos hacia afuera mantienen cautela. Los legisladores de la oposición han realizado pedidos de informes y reclaman explicaciones, mientras el gobierno niega que existan documentos formales.
En medio de las deportaciones, el gobierno de Trump reconfiguró el sistema judicial migratorio y trasladó sus competencias al Departamento de Justicia. Esto obligó al reemplazo de centenares de jueces para acelerar la resolución de los casos. Y, mientras enfoca su política en el argumento de la seguridad nacional para expulsar del país a criminales convictos y pandilleros, los operativos también afectan a indocumentados sin antecedentes penales.
Es, en definitiva, una población que no cumple con el ideal de nación racial que tanto impulsa desde la Casa Blanca. El interrogante no está sobre lo que se ve, sino todo lo contrario. En cualquier caso, cabe preguntarse cuáles son los intereses políticos y económicos que están detrás de esta situación y que aún no han sido explicados a los uruguayos.
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