El 11 de setiembre de 2001 cambió la historia contemporánea. No porque hasta entonces Estados Unidos hubiera sido ajeno al terrorismo –el atentado contra el World Trade Center de 1993, los ataques contra sus embajadas en África en 1998 y el atentado contra el destructor USS Cole en 2000 ya habían mostrado la capacidad operativa de Al Qaeda– sino porque aquella mañana un grupo consiguió llevar la guerra hasta el corazón político, económico y militar de la principal potencia mundial.
A las 8.46 horas, el vuelo 11 de American Airlines, secuestrado por cinco hombres, impactó contra la Torre Norte del World Trade Center. Diecisiete minutos después, a las 9.03, el vuelo 175 de United Airlines se estrelló contra la Torre Sur. A las 9.37, otro avión secuestrado, el vuelo 77 de American Airlines, impactó contra el Pentágono (eso, al menos, dice la versión oficial). El cuarto, el vuelo 93 de United Airlines, terminó estrellándose a las 10.03 en un campo cercano a Shanksville, Pensilvania, después de que pasajeros y tripulantes intentaran recuperar el control del avión.
Las Torres Gemelas colapsaron a las 9.59 y a las 10.28. El World Trade Center 7, un edificio de 47 pisos que no había recibido el impacto directo de un avión, cayó a las 17.20, después de incendios prolongados y de los daños provocados por el derrumbe de la Torre Norte. Murieron 2.977 personas, sin contar a los 19 secuestradores.
La dimensión del ataque resultó ser inmediata y extraordinaria. Durante horas, Estados Unidos quedó prácticamente paralizado. Se cerró el espacio aéreo, se suspendieron las operaciones financieras, se evacuaron edificios públicos y el país entró en una situación de emergencia inédita. El presidente George W. Bush, que se encontraba en una escuela de Florida cuando recibió las primeras noticias, regresó a Washington y esa misma noche anunció que Estados Unidos buscaría y castigaría a los responsables.
La investigación posterior determinó que los 19 secuestradores pertenecían a Al Qaeda y que el ataque había sido concebido y organizado por la estructura encabezada por Osama bin Laden.
La Comisión del 11-S, creada por el Congreso estadounidense, reconstruyó durante años la preparación del atentado, las fallas de inteligencia y las decisiones tomadas durante aquella mañana. Su informe final no presentó el ataque como un hecho imposible de anticipar, sino como el resultado de una combinación de amenazas conocidas, información fragmentada, errores institucionales y una incapacidad de las agencias para conectar datos que, vistos después, adquirieron una dimensión distinta.
Ese punto es importante porque la historia del 11-S no terminó con la identificación de los terroristas. Una de las preguntas más incómodas pasó a ser otra: ¿Cómo fue posible que ocurriera? Pero la respuesta institucional estadounidense ha sido, en buena medida, una historia de fallas.
La CIA conocía desde antes la existencia de algunos integrantes de Al Qaeda que posteriormente participaron en la operación. El FBI tenía información sobre actividades sospechosas relacionadas con extremistas y escuelas de aviación. Existían advertencias sobre la posibilidad de ataques contra Estados Unidos. Sin embargo, las agencias no compartían adecuadamente la información y los mecanismos destinados a impedir que una organización extranjera pudiera operar dentro del país resultaron insuficientes.
La investigación conjunta del Congreso sobre las actividades de inteligencia antes y después del 11-S documentó problemas concretos de comunicación entre la CIA y el FBI. Uno de los casos centrales estuvo en Khalid al-Mihdhar y Nawaf al-Hazmi, dos futuros secuestradores que habían sido identificados previamente por la inteligencia estadounidense y que terminaron ingresando y permaneciendo en territorio de ese país.
La Comisión del 11-S describió aquella situación como un fracaso de la estructura de seguridad nacional, no como la prueba de que las autoridades hubieran organizado el atentado.
Después del ataque, Estados Unidos modificó de manera profunda su sistema de seguridad. Se creó el Departamento de Seguridad Nacional, se reforzó el control aeroportuario, se ampliaron las facultades de vigilancia e inteligencia y el FBI cambió buena parte de sus prioridades. La lucha contra el terrorismo pasó al primer lugar de la agenda nacional.
El cambio más allá de Estados Unidos
El 11-S dio origen a la llamada “guerra contra el terrorismo” y ya para octubre de 2001 comenzaba la invasión de Afganistán, donde el régimen talibán había dado refugio a Al Qaeda. Más tarde, en marzo de 2003, Estados Unidos invadió Irak, aunque la dictadura de Saddam Hussein no había sido responsable de los atentados del 11-S y tampoco tenía armas de destrucción masiva como afirmaba Bush.
También cambió la relación entre seguridad y libertad. Los controles aeroportuarios, la vigilancia electrónica, la recopilación de información personal, las detenciones de sospechosos y las operaciones militares fuera del territorio estadounidense pasaron a formar parte de una discusión que todavía continúa.
Las dudas que sobrevivieron al relato oficial
Con el paso de los años, el 11-S también dio origen a una enorme cantidad de investigaciones independientes, documentales y teorías conspirativas que cuestionaron la explicación oficial.
La más conocida sostiene que los atentados no fueron únicamente una operación de Al Qaeda, sino un autoatentado organizado o permitido por sectores del propio gobierno estadounidense. Dentro de ese universo existen hipótesis diferentes: desde la idea de que las autoridades conocían anticipadamente el ataque y decidieron no impedirlo hasta las teorías que sostienen que las Torres Gemelas y el edificio 7 fueron demolidos mediante explosivos. Hay testigos que afirman haberlos escuchado.
No obstante, las investigaciones técnicas realizadas por el National Institute of Standards and Technology (NIST), la principal investigación federal sobre el comportamiento estructural de los edificios, concluyeron que las Torres 1 y 2 colapsaron como consecuencia de los daños producidos por los impactos de los aviones y los incendios posteriores.
NIST también estudió expresamente la hipótesis de una demolición controlada. No encontró evidencia que respaldara la utilización de explosivos en las Torres Gemelas y señaló que tampoco encontró evidencia de misiles contra los edificios.
Eso no significa que todas las preguntas hayan desaparecido. A lo largo de estos 25 años aparecieron investigadores y profesionales que sostienen que la explicación estructural oficial no responde adecuadamente a determinadas características de los derrumbes.
El edificio 7 se convirtió en uno de los principales puntos de discusión (incluso, Larry Silverstein, presidente de la empresa que tenía el control de ese edificio, justo no se encontraba en el lugar). No lo impactó directamente un avión y su caída, ocurrida varias horas después de las Torres Gemelas, alimentó una parte considerable de las teorías alternativas.
También quedaron interrogantes sobre lo sucedido dentro de los edificios, sobre la respuesta de los servicios de emergencia, las comunicaciones de los bomberos y policías, la evacuación, las decisiones adoptadas en los minutos críticos y la información disponible para las autoridades.
Los que siguieron preguntando
Para los familiares de las víctimas, las preguntas nunca fueron solamente técnicas. Hubo reclamos sobre qué información conocían previamente las agencias de inteligencia, qué vínculos internacionales tenían algunos de los secuestradores, qué información permaneció clasificada y qué responsabilidades políticas correspondían a los funcionarios que no lograron impedir el ataque.
La cuestión de Arabia Saudita ha sido particularmente controvertida. La Comisión del 11-S no concluyó que el gobierno saudita, como institución, hubiera financiado Al Qaeda (15 de los 19 terroristas eran sauditas).
Sin embargo, investigaciones posteriores, documentos desclasificados y reclamos de familiares mantuvieron abierta la discusión sobre posibles vínculos de individuos sauditas con algunos de los secuestradores y sobre la financiación de la organización terrorista. La controversia llegó al Congreso y continuó durante años.
Los bomberos y policías tienen, además, otra clase de preguntas. Muchos estuvieron entre los primeros en ingresar a las Torres y otros permanecieron durante horas en la zona del desastre. Miles de socorristas quedaron expuestos a una enorme cantidad de polvo y sustancias tóxicas. El propio FBI reconoce que numerosos primeros respondedores padecieron posteriormente consecuencias adversas para su salud.
A su vez, la explicación oficial se puso bajo la lupa desde el comienzo y determinadas actuaciones del gobierno estadounidense alimentaron la desconfianza. La muerte de Bin Laden en 2011, durante una operación estadounidense en Pakistán, cerró uno de los capítulos de la persecución de los responsables, pero no todas las discusiones sobre el 11-S.
Uruguay en aquel setiembre
Nuestro país recibió el 11 de setiembre desde una situación muy distinta de la estadounidense, pero tampoco estaba fuera del contexto internacional. Jorge Batlle llevaba poco más de un año y medio en la Presidencia y el país estaba entrando en el tramo final de una recesión que había comenzado en 1999, y que se profundizaría durante 2002 con una grave crisis. La economía uruguaya dependía fuertemente de la región y sufría el deterioro de Brasil, que había devaluado su moneda, y cada vez con mayor intensidad, de Argentina.
En setiembre de 2001 todavía no había comenzado el derrumbe bancario que marcaría al Uruguay un año después. La crisis regional, la caída de la actividad y la incertidumbre financiera formaban parte de la vida cotidiana. Por tanto, el 11-S agregó un nuevo elemento de incertidumbre internacional.
En Uruguay, como en buena parte del mundo, la noticia llegó primero por las radios y la televisión. Todo el mundo, acá también, recuerda qué hacía exactamente en ese momento. Los canales interrumpieron su programación y durante horas las imágenes de las Torres Gemelas ocuparon prácticamente toda la pantalla. Para una generación acostumbrada a pensar las guerras y los grandes conflictos como acontecimientos lejanos, la transmisión en directo produjo un gran impacto.
El episodio también tuvo consecuencias concretas para los uruguayos vinculados con Estados Unidos, para las empresas con actividad internacional, para el transporte aéreo y para quienes tenían familiares o conocidos en esa nación. Como en otros países, durante las primeras horas la preocupación pasó también por la posibilidad de que hubiera uruguayos entre las víctimas (el único, Alberto “Pocho” Domínguez, de 66 años, oriundo de Colonia y que vivía en Australia, y viajaba en el vuelo 11 de American Airlines).
Pero el efecto político uruguayo resultó ser bastante más limitado que el económico y cultural. El país estaba mirando hacia otro problema inmediato porque la crisis económica regional se agravaría durante los meses siguientes y desembocaría en la crisis bancaria de 2002. Argentina entraría en su propia crisis terminal a fines de ese año y la situación repercutiría con fuerza en Uruguay.
Así, mientras Estados Unidos iniciaba una transformación completa de su política exterior y de seguridad, Uruguay entraba en uno de los períodos económicos y sociales más difíciles de su historia reciente.
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