Una nueva anomalía térmica en el océano Pacífico desencadena otra vez una fase activa del fenómeno de El Niño, iniciando otro ciclo de incertidumbre que interpela directamente la capacidad de respuesta de nuestras instituciones, la solidez de sus infraestructuras y la madurez de su debate público.
La tentación de asignar a estos eventos meteorológicos etiquetas como “catástrofes impredecibles” o situaciones “de fuerza mayor” choca de frente con la evidencia técnica acumulada. La variabilidad climática es una constante estructural, acelerada por el calentamiento global, y en nuestra zona, eventos como las inundaciones recurrentes del río Uruguay marcan la necesidad de una reflexión sobre cómo la política pública, la inversión en infraestructura y la planificación territorial deben articularse para transformar la vulnerabilidad en resiliencia.
Las recientes advertencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) señalan un incremento preocupante en la frecuencia e intensidad de los desastres hidrometeorológicos. Para las regiones en desarrollo de América Latina y el Caribe, estos fenómenos generan una presión severa sobre la producción agroalimentaria, la infraestructura vial, la seguridad sanitaria y la población.
En la cuenca del río Uruguay, la fluctuación del clima es un factor determinante para la estabilidad económica regional, la preservación del tejido social y el desarrollo productivo.
Las proyecciones trazadas por las instituciones técnicas para el ciclo actual confirman la magnitud del desafío. En nuestras páginas hemos abordado informes del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) ante el Congreso de Intendentes, que trazan un panorama crítico, dado que el fenómeno podría extenderse hasta los primeros meses de 2027 y se esperan acumulados de lluvia que podrían alcanzar los 500 milímetros mensuales, con un impacto social que dejaría hasta 25.000 personas desplazadas a nivel nacional.
Se trata de un escenario perfectamente cuantificado, que podría tener incidencia sobre la generación eléctrica, encarecer los costos de la canasta familiar e impactar severamente en la infraestructura vial, especialmente en el medio rural.
Frente a este horizonte de severidad, el Estado está movilizándose para tratar de anticipar el impacto. Existen marcos institucionales y planes estratégicos que han dado lugar a comités interinstitucionales, con participación del MSP, el Ministerio de Ambiente, el Sinae, Inumet y la Organización Panamericana de la Salud, que constituyen una expresión de un esfuerzo explícito por coordinar las redes asistenciales antes de que el agua comience a caer.
El plan de contingencia impulsado por el MSP busca garantizar la continuidad de la atención sanitaria, reforzando la logística de suministros médicos, el monitoreo de afecciones respiratorias, las infecciones de transmisión hídrica y la prevención epidemiológica ante vectores como el Aedes aegypti, mosquito transmisor del dengue.
A este despliegue se suman herramientas financieras del gobierno nacional, como la asignación de 750 millones de dólares en créditos acordados para atender la emergencia, al tiempo que el Sinae ha desplegado centros logísticos temporales y avanzado en la compra centralizada de equipamiento para los Centros Coordinadores de Emergencias Departamentales (Cecoed), tendiente a optimizar las operaciones de evacuación y retorno seguro a los hogares.
Tal como lo han definido las autoridades en medios de prensa, la meta es blindar al Estado para gestionar lo que técnicamente se perfila como una “catástrofe de baja intensidad” pero de alta duración.
A pesar de esto, el desafío radica en la integración de estas medidas de emergencia con políticas de ordenamiento territorial e inversión estructural de largo plazo. El abordaje sanitario y crediticio es fundamental para contener el daño inmediato, pero la prevención de fondo requiere evitar que las poblaciones más vulnerables continúen habitando zonas de cotas históricas de inundación, o que las áreas pobladas queden expuestas en forma indefensa ante cada crecida.
En este aspecto, el escenario local de Paysandú ofrece una de las señales más claras de evolución conceptual hacia la resiliencia física. El proyecto impulsado por la Intendencia para construir una defensa costera contra las inundaciones, con un costo que podría rondar los 40 millones de dólares, representa un quiebre profundo en la forma de abordar el problema.
El diseño propone combinar muros de hormigón y compuertas móviles con un paseo elevado que integre la obra al paisaje urbano. Se trata de una iniciativa que responde a una premisa económica y social insoslayable: cuando se administra de forma perpetua la emergencia, el presupuesto público no encuentra fondo, mientras que la inversión preventiva en ingeniería y ordenamiento territorial es una solución de más largo alcance. Al complementarse con la relocalización definitiva de más de 500 familias fuera de las cotas vulnerables, que se ha venido realizando en los últimos años, el proyecto apuesta a la adaptación climática como un compromiso realizable a partir de la cooperación internacional, la ejecución técnica y la decisión política.
Asimismo, instrumentos como el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático en Ciudades e Infraestructura (NAP Ciudades) marcan una hoja de ruta hacia la protección de activos estratégicos y la preservación de las cuencas.
Sin embargo, el ritmo de ejecución de estos planes estratégicos a menudo se enfrenta a cuellos de botella burocráticos y restricciones presupuestales complejas, que imponen una tensión entre la formulación de políticas públicas y su brecha temporal con la concreción física en el territorio.
En el ámbito productivo, el MGAP también afronta grandes desafíos derivados de la necesidad de contener el impacto sobre la producción agrícola y ganadera, contemplando la eventual declaración de emergencia agropecuaria y la evaluación de prórrogas en el pago de tributos para los productores directamente afectados.
Desde el punto de vista ambiental, la degradación de los montes nativos y de las zonas de amortiguación fluvial reduce la capacidad natural del territorio para absorber lluvias extraordinarias, multiplicando la velocidad de las escorrentías hacia los núcleos urbanos.
Por otra parte, es necesario considerar que las contingencias climáticas no actúan en forma homogénea sobre la economía local, y que, aunque las grandes cadenas exportadoras y los sectores agroindustriales de mayor escala cuentan con instrumentos de cobertura financiera para mitigar las pérdidas, el pequeño productor o comerciante, el productor hortícola familiar y los trabajadores informales sufren las consecuencias en gran medida.
La resiliencia territorial se construye con infraestructura, asignación de presupuestos para la relocalización, y respaldo financiero y tecnológico para que la producción resista los embates del clima. Uruguay posee la institucionalidad, la información técnica y el respaldo de la cooperación internacional para liderar procesos de adaptación climática de vanguardia, pero el reto, claramente, es sostenerlos como prioridad transversal permanente.
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