El Ministerio de Desarrollo Social resolvió extender por hasta otros 20 días hábiles el plazo para responder una solicitud de acceso a la información pública relacionada con el proyectado dispositivo de atención a personas en situación de calle en el edificio del antiguo Sanatorio Pasteur de Paysandú.
La decisión fue adoptada mediante una resolución de la directora general de Secretaría del Mides, Ximena Muñiz. El organismo fundamentó la extensión en “la amplitud y complejidad de la información solicitada” y resolvió acogerse al plazo de prórroga previsto en el inciso segundo del artículo 15 de la ley 18.381 de Acceso a la Información Pública.
La norma otorga a los organismos públicos un máximo de 20 días hábiles para permitir o negar el acceso a la información requerida. Ese término puede extenderse por otros 20 días hábiles cuando existan circunstancias excepcionales, siempre que la prórroga sea fundamentada y dispuesta por escrito.
SE AMPLíA PEDIDO DE INFORMACIÓN
La solicitud había sido presentada por Alicia Torrens y comprende 10 puntos vinculados al destino que se había proyectado para el inmueble del antiguo Sanatorio Pasteur.
Entre otros aspectos, se requiere al Mides identificar formalmente a la organización, oenegé, cooperativa o empresa que hubiera sido seleccionada para administrar y operar el dispositivo, así como entregar copia del convenio, contrato o acto de adjudicación y precisar si la entidad cuenta con antecedentes en la gestión de otros centros del Ministerio. También se solicitan eventuales evaluaciones, auditorías e informes de supervisión sobre su desempeño previo.
El planteo procura conocer además los mecanismos de fiscalización, sanciones y cláusulas de rescisión previstas ante eventuales incumplimientos, así como la modalidad del centro, su capacidad máxima y horarios de funcionamiento.
Otro capítulo refiere a las condiciones de funcionamiento cotidiano. Se solicita información sobre los protocolos previstos para el ingreso y egreso de usuarios y las medidas que se hubieran dispuesto para evitar aglomeraciones o permanencia de personas en las veredas y comercios próximos fuera del horario de atención.
También se requirieron los protocolos de intervención para personas con patologías de salud mental o adicciones y la integración del equipo multidisciplinario, incluyendo cantidad de educadores, psicólogos, trabajadores sociales y personal médico por turno. Finalmente, se pidió conocer el estado de las gestiones ante la Intendencia de Paysandú por viabilidad de uso, cambio de destino y habilitaciones, así como las correspondientes a condiciones higiénico-sanitarias y a la Dirección Nacional de Bomberos.
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