La Suprema Corte de Justicia advirtió al Senado que los jueces trabajan sobreexigidos y sin los recursos necesarios, debido a un presupuesto insuficiente y estancado. Esta situación, que se ha mantenido a lo largo de las distintas administraciones, se agrava conforme pasan los años y aumenta la carga de causas.
Al menos en la capital del país, cada juez inició un promedio de 726 causas nuevas en un año, que se acumularon a los trámites pendientes. En medio de los reclamos, el Poder Judicial lleva una ejecución al límite de los recursos disponibles, ya que opera con cerca del 97% de su presupuesto asignado, lo que refleja un escaso margen operativo ante la creciente demanda.
Las partidas generales destinadas a gastos de funcionamiento no reciben un incremento desde hace al menos 15 años, mientras se acumulan los reclamos no atendidos. La Asociación de Magistrados del Uruguay señaló que la Corte solicitó la creación de 36 juzgados, pero el proyecto presupuestal contemplaba solamente dos, orientados a violencia doméstica, y tres juzgados multimateria en Ciudad del Plata, dejando numerosas necesidades sin cubrir.
Mientras tanto, aumenta el delito y los jueces y fiscales incrementan sus actuaciones vinculadas a situaciones de violencia basada en género. Más del 40% de las pericias realizadas por el Instituto Técnico Forense son solicitadas por la Fiscalía. La presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Doris Morales, dijo a los senadores que la prolongación de los procesos judiciales profundiza la desigualdad en el acceso a la justicia para las personas de menores recursos.
En general, los magistrados advierten que el incremento constante de delitos y de casos de violencia doméstica, sexual y basada en género debe ser atendido con la misma cantidad histórica de jueces.
Los principales reclamos apuntan a mejoras en la infraestructura y el personal, así como al fortalecimiento de la Defensoría Pública. Incluso el Poder Judicial ha solicitado asistencia en el Parlamento para gestionar cobros y deudas acumuladas por parte de algunas intendencias departamentales.
Y, aunque no tengan la visibilidad necesaria, los gremios de los operadores judiciales denuncian que estos desbordes operativos repercuten en las licencias médicas por estrés físico y emocional.
Para tener una idea de la magnitud del problema, el presupuesto asignado al Poder Judicial representa entre el 1,06% y el 1,09% del gasto total del Gobierno central y equivale al 0,32% del Producto Bruto Interno (PBI). Es decir, por cada 100 pesos que el Estado destina al presupuesto nacional, poco más de un peso se dirige al Poder Judicial. El sistema político también tiene responsabilidades, porque ha desestimado la gran mayoría de las peticiones para crear juzgados especializados y reforzar la defensa pública.
La realidad revela, además, la existencia de vacantes crónicas. Ante los senadores, la Fiscalía expuso que la institución mantiene sin cubrir cerca del 20% de sus cargos presupuestales, es decir, casi uno de cada cinco. El dinero correspondiente a los sueldos no ejecutados se destina al pago de alquileres, limpieza, vigilancia e informática. A medida que no se incorporan nuevos funcionarios, las estimaciones indican que en Uruguay hay un juez cada 6.248 habitantes, de acuerdo con los datos oficiales del Anuario Estadístico del Poder Judicial.
La carga de trabajo tampoco es uniforme, ya que Montevideo concentra el 35% de los litigios del país y dispone de menos del 30% de los magistrados. En el interior, departamentos como Maldonado y Salto afrontan un volumen superior a los 500 o 600 casos por juez al año.
Mientras tanto, persiste el reclamo de equiparación salarial entre fiscales adjuntos y adscriptos que cumplen las mismas funciones, además de mayores recursos que garanticen la seguridad de los fiscales y la protección de víctimas y testigos. Incluso la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, advirtió en el Parlamento sobre el peligro de perder juicios complejos por falta de personal técnico especializado, como, por ejemplo, contadores.
Existen otros casos en los que se han creado fiscalías en distintas localidades sin la infraestructura edilicia ni el personal indispensable para afrontar las reformas introducidas por el Código del Proceso Penal.
Cuando el sistema político analiza el Presupuesto General del Estado, suele argumentar que los recursos son limitados y deben distribuirse entre múltiples prioridades, como la salud, la educación o la seguridad. No obstante, existe un amplio consenso en que una justicia sin los recursos humanos y materiales adecuados ve comprometida su eficacia.
Aplicar una ley sin presupuesto ni recursos en Uruguay da lugar a lo que jurídicamente se conoce como una “ley de papel” o una norma programática sin efectividad real, un fenómeno recurrente que genera fuertes tensiones institucionales, políticas y operativas. Cuando el Parlamento aprueba leyes complejas, pero posterga o niega su financiamiento en el Presupuesto Nacional o en las Rendiciones de Cuentas, traslada un problema crítico a los organismos encargados de ejecutarlas.
Cuando se promulgan normativas que exigen nuevas ventanillas de atención, peritajes o fiscalizaciones, pero los recursos no acompañan, las instituciones deben reasignar personal o absorber la demanda con la misma estructura existente.
El Poder Legislativo aprueba, en ocasiones, artículos que establecen de forma explícita que las nuevas competencias no deben implicar un costo presupuestal. Esto obliga a los ministerios o entes autónomos a valerse exclusivamente de una reestructura de sus recursos vigentes.
Las asociaciones civiles y los sindicatos públicos suelen recurrir a la denuncia pública y a la movilización cuando las leyes destinadas a proteger derechos no se cumplen efectivamente por falta de recursos.
En Uruguay, el presupuesto se vota de forma quinquenal al inicio de cada administración, mientras que las Rendiciones de Cuentas anuales constituyen la principal instancia para corregir estas asimetrías.
Si un gobierno argumenta restricciones derivadas de la regla fiscal o de incrementos del déficit, los recursos solicitados para aplicar nuevas normativas pueden quedar «retaceados», lo que termina postergando su efectiva aplicación.
La cuestión, por tanto, no se limita a cuánto dinero recibe el Poder Judicial, sino a la relación entre las obligaciones que el Estado establece mediante las leyes y los recursos que efectivamente pone a disposición para cumplirlas. Una norma que reconoce derechos, crea procedimientos o establece nuevas competencias, pero que no cuenta con personal, infraestructura ni financiamiento suficiente, corre el riesgo de convertirse en una declaración de principios difícil de llevar a la práctica.
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