Recientemente la Mesa Política Nacional del Frente Amplio emitió un comunicado en el que repudió las “agresiones” que recibió la senadora Blanca Rodríguez luego de la polémica por sus declaraciones sobre la penalización de los discursos de odio en redes sociales y medios de comunicación.
El documento, firmado por la presidencia del FA, señaló que Rodríguez fue “destinataria de una campaña de descalificación y desprestigio” basada en la “tergiversación” de sus dichos, cuyo objetivo fue desacreditar su iniciativa de regular los discursos de odio.
La coalición de izquierda calificó las agresiones de “violencia política basada en género” (¿?) y sostuvo que el método de descalificar a la persona en lugar de debatir ideas “es parte de las prácticas estructurales de violencia machista para amedrentar y silenciar a las mujeres que asumen el compromiso de ocupar lugares de representación política”.
La controversia se originó a comienzos de la semana pasada, cuando Rodríguez afirmó que “hay que penalizar los discursos de odio” en redes sociales y medios de comunicación “porque en algún lugar van a parar”.
La senadora aclaró que no se refería únicamente al sistema político, sino a “todo discurso violento en cualquier ámbito”. También señaló que no hay todavía un proyecto de ley y que el tema “se está conversando”.
Sus palabras generaron cuestionamientos desde la oposición y críticas de parte de muchos usuarios en las redes sociales. El diputado del Partido Independiente Gerardo Sotelo sostuvo que el Estado “no puede castigar una idea porque la considere odiosa”, mientras que el senador colorado Andrés Ojeda señaló que ya existe una normativa similar y que “bastaba con consultar a ChatGPT” antes de proferir esos dichos.
Más allá de este episodio puntual, corresponde considerar que hay sectores políticos, pero sobre todo corrientes ideológicas, que, a falta de argumentos de peso, pretenden entreverar la idea central del tema en discusión, y por retorsión de argumentos se colocan como víctimas, señalando que los oponentes descalifican al otro “porque son mujeres”, porque utilizan la “violencia política basada en género”, cuando en realidad lo que se hace es exponer argumentos en un plano de igualdad, como debe ser, debatiendo ideas o posturas, pero sin distingos por el hecho de que se trate de un hombre o una mujer que ocupa una banca, por lo que la senadora solo ve fantasmas cuando dice que “se trata de silenciar a las mujeres que asumen el compromiso de ocupar lugares de representación política”.
Sin dudas, estamos ante un verso que a fuerza de repetirlo se trata de imponer como verdad ante el ciudadano desprevenido o poco inmerso en los detalles del tema, porque basta con tener dos dedos de frente para identificar que en esta discusión no se está criticando a una mujer por su pertenencia de género, sino que se rebaten los argumentos o conceptos que expone.
No es nada difícil de discernir ni mucho menos, pero quienes quieren llevar las cosas a su terreno entreveran las cartas a propósito, llevando el eje del tema al terreno de la discriminación o la perspectiva de género, por motivaciones ideológicas. Sin ir más lejos, lo mismo se hace a menudo en la Junta Departamental de Paysandú por algunas edilas del Frente Amplio, por citar un ejemplo mucho más cercano.
Y esto lleva a considerar que es una discusión que merece ser planteada sin prejuicios ni consignas: ¿hasta dónde corresponde aplicar la perspectiva de género y en qué momento su utilización comienza a convertir cualquier conflicto protagonizado por una mujer en un supuesto caso de violencia contra ella por el hecho de ser mujer?
El episodio protagonizado por la senadora Blanca Rodríguez ofrece un buen punto de partida para esa reflexión. El Frente Amplio calificó como “violencia política basada en género” las críticas y descalificaciones que recibió luego de sus declaraciones sobre la eventual penalización de los discursos de odio. Sin embargo, una pregunta resulta inevitable: ¿toda crítica severa a una mujer que participa en política constituye violencia de género?
Criticar una propuesta legislativa, cuestionar una declaración pública, señalar una contradicción o incluso considerar equivocada una iniciativa no debería convertirse automáticamente en una cuestión de género. En una democracia, las ideas de una mujer pueden y deben ser sometidas al mismo escrutinio que las ideas de un hombre. Si un dirigente masculino propone una determinada regulación y recibe objeciones, esas objeciones no constituyen violencia política contra los hombres. Del mismo modo, si una dirigente mujer formula una propuesta, el hecho de que sea mujer tampoco transforma automáticamente las críticas en violencia machista.
El género puede ser relevante cuando existe efectivamente una conducta motivada por discriminación, hostigamiento o violencia dirigida contra una persona precisamente por su condición de mujer. Pero si el objeto de la controversia es el argumento, la propuesta o la actuación política, introducir el género como explicación automática termina desnaturalizando el concepto.
Y existe un riesgo adicional: cuanto más amplia sea la definición de violencia de género, más difícil resulta distinguir entre una agresión real basada en prejuicios y el ejercicio legítimo del derecho a cuestionar a quien ocupa una función pública.
La misma discusión puede trasladarse a otros ámbitos, particularmente al terreno de los conflictos familiares y judiciales. Las sociedades necesitan mecanismos eficaces para proteger a las mujeres víctimas de violencia y para atender situaciones en las que existe una verdadera desigualdad o vulnerabilidad. Pero proteger a quien puede ser víctima no debería significar presumir siempre la culpabilidad de quien es denunciado.
En un Estado de derecho, una denuncia debe ser investigada y una acusación debe ser probada conforme a las garantías correspondientes. La condición de hombre del denunciado no puede convertirse, por sí misma, en una presunción de culpabilidad, del mismo modo que la condición de mujer de quien denuncia tampoco debería ser utilizada como fundamento para desestimar automáticamente cualquier cuestionamiento de los hechos.
El problema, entonces, no es la perspectiva de género en sí misma. El problema aparece cuando una herramienta destinada a identificar discriminaciones reales se transforma en una explicación universal de cualquier conflicto en el que participa una mujer, por el uso que hacen determinados grupos de activistas ideologizados a ultranza.
Una sociedad verdaderamente igualitaria debería aspirar precisamente a lo contrario: que las mujeres puedan ser criticadas por sus ideas sin que cada crítica sea interpretada como misoginia, y que los hombres puedan denunciar una situación injusta sin que su condición masculina sea utilizada para descalificar de antemano su reclamo.
La igualdad también implica igualdad ante la crítica, igualdad ante la ley y, sobre todo, igualdad en las garantías. Si cada discusión se convierte en una cuestión de género, al final dejamos de discutir lo verdaderamente importante: qué se dijo, qué se hizo, qué pruebas existen y cuáles son los argumentos que permiten sostener una u otra posición.
Y eso debería valer exactamente lo mismo cuando quien habla es una mujer que cuando quien habla es un hombre.
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