Una buena noticia, paradójicamente, comienza a transformarse en uno de los mayores desafíos de las sociedades contemporáneas: el aumento de la expectativa de vida constituye, sin duda, una de las grandes conquistas de la humanidad. Es el resultado de mejores condiciones sanitarias, avances de la medicina, reducción de la mortalidad y cambios en las condiciones de vida.
Pero, como contrapartida, la pregunta que surge —cada vez con mayor asidero— es: ¿de qué sirve vivir más si no podemos garantizar que esos años adicionales sean vividos con dignidad, autonomía y calidad de vida?
Ese es, probablemente, uno de los grandes dilemas que enfrenta nuestro país en las próximas décadas, pero que ya tiene sus manifestaciones en el presente. Porque el envejecimiento de la población no es solamente una cuestión demográfica ni un problema de jubilaciones y pensiones. Es un fenómeno que atraviesa prácticamente todas las políticas públicas: seguridad social, salud, vivienda, cuidados, transporte, infraestructura, empleo, familia y, naturalmente, las finanzas del Estado.
La ecuación se vuelve cada vez más exigente. Por un lado, aumenta la cantidad de personas que llegan a edades avanzadas y, dentro de ese grupo, crece el número de quienes superan los 80, 90 e incluso los 100 años. Por otro, disminuye proporcionalmente la población en edad activa que sostiene, mediante sus aportes y su actividad económica, buena parte de los sistemas de protección social.
El dato es particularmente significativo en Uruguay. Según información difundida por el Banco de Previsión Social, la expectativa de vida por sobre los 65 años ha aumentado de manera considerable: pasó de aproximadamente 15 a 20 años en el caso de las mujeres y de 12 a 16 años en los hombres. Esto significa que una persona que se jubila a los 65 años puede permanecer durante dos décadas o más recibiendo una prestación previsional.
Lo verdaderamente relevante es que dejan de ser excepcionales las personas nonagenarias y, cada vez más, las centenarias. Y muchas de ellas no son simplemente sobrevivientes de una larga vida: continúan activas, lúcidas, integradas socialmente y capaces de desarrollar actividades que durante generaciones anteriores parecían impensables a esas edades.
Ese es el envejecimiento que debemos celebrar, pero también existe otro, mucho menos visible y bastante más doloroso: el de quienes llegan a edades avanzadas con enfermedades crónicas, limitaciones funcionales, soledad, ingresos insuficientes o sin una red familiar capaz de sostener las necesidades cotidianas. Allí la edad deja de ser solamente una cifra y se convierte en un factor de vulnerabilidad, en situaciones individuales y familiares que, lejos de festejarse, toman una dimensión dolorosa y de impotencia extrema que se prolonga por muchos años.
Es precisamente en ese punto donde aparece la verdadera dimensión del problema, porque se necesitan recursos ante la longevidad. No alcanza con aumentar la expectativa de vida. El desafío es aumentar también la expectativa de vida saludable.
Una sociedad que consigue que sus ciudadanos vivan hasta los 85, 90 o 100 años, pero que no dispone de los recursos suficientes para acompañarlos durante esas décadas adicionales, corre el riesgo de convertir una conquista social en una fuente de desigualdad y de frustración.
Porque la calidad de esos años depende en buena medida de las condiciones económicas de cada persona y de cada familia. Quien tiene recursos puede acceder a mejores tratamientos, rehabilitación, asistencia domiciliaria, viviendas adecuadas, acompañamiento profesional, alimentación y actividades que favorecen la autonomía. Quien no los tiene queda mucho más expuesto a la dependencia y a la institucionalización. La discusión sobre la seguridad social no puede quedar reducida al monto de las jubilaciones, la edad de retiro o las tasas de reemplazo. La pregunta de fondo es cómo financiar un sistema que deberá atender durante más tiempo a una población beneficiaria creciente, mientras disminuye proporcionalmente la población activa.
Nuestro país no está solo ante este desafío. Los países desarrollados llevan años enfrentando una transformación demográfica similar. Japón, varios países europeos y otras economías avanzadas han visto crecer fuertemente la proporción de adultos mayores, mientras disminuye la población en edad de trabajar.
La diferencia fundamental es que muchos de esos países llegaron al envejecimiento con niveles de ingreso, productividad, infraestructura y capacidad fiscal superiores a los de América Latina. Han podido desarrollar sistemas de cuidados, servicios de atención domiciliaria, residencias especializadas, tecnologías de asistencia y redes sanitarias destinadas específicamente a una población de mayor edad.
Eso no significa que hayan resuelto el problema; por el contrario, las dificultades de financiamiento de los sistemas previsionales y sanitarios son hoy una de las principales preocupaciones de numerosas economías desarrolladas. El aumento de la longevidad incrementa el período durante el cual deben pagarse jubilaciones y pensiones y, al mismo tiempo, eleva la utilización de servicios médicos y de cuidados de larga duración.
Pero la diferencia es que esas sociedades enfrentan el mismo problema desde una posición económica más favorable, en tanto nuestro país tiene que hacerlo con una economía mucho más pobre, con restricciones fiscales, un mercado laboral limitado y una estructura demográfica que ya muestra claramente el avance del envejecimiento.
No es de recibo, por lo tanto, recrear en nuestro medio soluciones diseñadas para países ricos, aunque sí tener en cuenta las experiencias que esos países ya han acumulado.
Al mismo tiempo, el sistema sanitario enfrenta una contradicción particularmente compleja. Los avances de la medicina permiten que personas con enfermedades que décadas atrás eran rápidamente incapacitantes puedan vivir muchos años más. Eso constituye un enorme progreso. Pero esos mismos avances pueden generar tratamientos prolongados, múltiples enfermedades crónicas, polifarmacia, rehabilitación, cuidados permanentes y una creciente necesidad de atención especializada.
Y allí aparece una de las mayores insuficiencias del modelo tradicional de atención: buena parte del sistema sanitario está organizado alrededor de la enfermedad y de episodios concretos de atención, mientras que el envejecimiento requiere cada vez más continuidad asistencial, prevención, rehabilitación, cuidados domiciliarios, salud mental, acompañamiento familiar y atención de largo plazo.
No se trata solamente de tener más camas hospitalarias. En muchos casos, precisamente lo contrario puede ser necesario: evitar internaciones innecesarias y conseguir que las personas mayores puedan permanecer en sus hogares el mayor tiempo posible, con apoyos adecuados. El desafío consiste en construir una red que permita que una persona mayor transite las distintas etapas de su envejecimiento de acuerdo con sus necesidades: desde una vida completamente autónoma hasta situaciones de dependencia severa.
Uruguay no podrá enfrentar adecuadamente esta evolución demográfica simplemente redistribuyendo los recursos existentes. Será necesario generar más recursos: más actividad económica, más productividad, más empleo formal, más aportantes y una estructura fiscal capaz de sostener durante las próximas décadas una demanda creciente de prestaciones, cuidados y servicios sanitarios.
Pretender resolver el problema únicamente aumentando impuestos o trasladando costos entre generaciones puede aliviar determinadas urgencias, pero difícilmente constituya una respuesta suficiente para un fenómeno que será permanente.
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