Hay debates que Uruguay parece condenado a repetir una y otra vez, como si el paso del tiempo, los cambios tecnológicos y las transformaciones de la sociedad no fueran suficientes para revisar posiciones que se mantienen casi inalteradas. La posibilidad de habilitar los allanamientos nocturnos es uno de ellos. Mientras el narcotráfico se expande, las organizaciones criminales diversifican sus actividades y la ciudadanía reclama mayor seguridad, una parte del sistema político —el Frente Amplio, concretamente— continúa mostrando reservas frente a una herramienta que, bajo autorización judicial y con las garantías correspondientes, podría ampliar la capacidad de respuesta del Estado.
El tema ha vuelto a la agenda política a impulso de Cabildo Abierto y del Partido Nacional, con receptividad también en el Partido Colorado. La propuesta de crear una comisión multipartidaria o bicameral para estudiar el asunto puede ser un camino razonable para reunir información, escuchar a especialistas y analizar experiencias internacionales. Sin embargo, el debate no debería convertirse en otra instancia destinada a prolongar indefinidamente una discusión que Uruguay arrastra desde hace años.
Porque la disyuntiva de fondo es sencilla: ¿estamos dispuestos a actualizar nuestros instrumentos de combate al delito para responder a una realidad que ha cambiado, o seguiremos aferrados a concepciones que parecen desconocer tanto las posibilidades de la tecnología como las necesidades de la seguridad pública?
La Constitución, en su artículo 11, establece la inviolabilidad del hogar y dispone que los allanamientos durante la noche requieren consentimiento de sus moradores. Modificar ese régimen exige una reforma constitucional, con los procedimientos y las garantías democráticas correspondientes. Por tanto, no se trata de una decisión que pueda adoptar unilateralmente el Poder Ejecutivo ni de una autorización para que la Policía actúe sin límites.
Precisamente por eso, el debate debe darse con seriedad, sin simplificaciones y sin convertir una cuestión de seguridad en una disputa ideológica. Habilitar allanamientos nocturnos no significa eliminar las garantías constitucionales, desconocer la autoridad judicial ni entregar a la Policía un poder ilimitado. Significa discutir si, en determinadas circunstancias y bajo condiciones estrictas, el Estado debe contar con una herramienta adicional para actuar cuando la actividad delictiva se desarrolla aprovechando las limitaciones horarias de los procedimientos actuales.
Resulta difícil comprender que, en pleno siglo XXI, sigamos discutiendo este asunto como si Uruguay viviera en una época en la que no existían medios técnicos para mejorar la seguridad de una operación policial. Hoy se dispone de cámaras térmicas e infrarrojas, sistemas de comunicación, dispositivos de iluminación, equipos de protección y otros recursos que pueden contribuir a reducir riesgos y mejorar la planificación de los procedimientos. Naturalmente, la tecnología no elimina todos los peligros ni garantiza resultados exitosos, pero constituye un elemento que debe ser evaluado antes de descartar una alternativa. Porque, además, la otra alternativa es que los narcotraficantes y delincuentes pesados sigan amparándose en normas de otro siglo para evadir la Justicia, aprovechando estas limitaciones para desenvolverse a sus anchas, con el ciudadano como víctima.
Y la modernización del Estado no consiste solamente en incorporar cámaras de videovigilancia o adquirir equipamiento, sino que también supone revisar las normas y los procedimientos para determinar si continúan siendo adecuados frente a nuevas formas de criminalidad.
La postura del Frente Amplio vuelve a poner sobre la mesa una dificultad recurrente de la izquierda uruguaya cuando se trata de aplicar instrumentos de carácter represivo, incluso cuando estos se encuentran sujetos al control de la Justicia. Sus reparos frente a iniciativas como los allanamientos nocturnos, las propuestas de reforma vinculadas a la seguridad y otras medidas de endurecimiento de la respuesta penal reflejan una visión que privilegia determinadas precauciones, pero que corre el riesgo de restar importancia a las necesidades concretas de quienes padecen la delincuencia.
Desde el oficialismo se ha sostenido que el tema no es urgente y que las prioridades deben estar en una mayor presencia policial en las calles, más efectivos, cámaras y tecnología. Son objetivos atendibles. Nadie podría discutir que se necesitan policías suficientes, mejores recursos y una investigación criminal más eficiente. Pero una cosa no excluye la otra. No hay razón para presentar la incorporación de tecnología y el aumento de efectivos como alternativas incompatibles con la discusión de nuevas herramientas legales.
Si se necesitan más policías, más cámaras y mejores sistemas de investigación, también corresponde preguntarse si las normas vigentes permiten aprovechar plenamente esos recursos. El combate al delito requiere un conjunto de medidas coordinadas, no una selección de instrumentos condicionada por las preferencias históricas de cada sector político.
La dificultad aparece cuando, ante cada propuesta que supone ampliar las capacidades de actuación del Estado, se levantan objeciones que terminan postergando su consideración. En el caso de los allanamientos nocturnos, la discusión no debería resolverse mediante una negativa anticipada ni mediante la afirmación de que existen otras prioridades. Lo razonable sería estudiar las condiciones en que podrían aplicarse, sus resultados potenciales, sus riesgos y las salvaguardas necesarias.
La izquierda también debe hacerse cargo de que gobernar implica responder por la seguridad de la población y evaluar instrumentos concretos, incluso aquellos que anteriormente rechazó, como la baja de la edad de imputabilidad en su momento. Los dogmas ideológicos no deberían convertirse en una barrera que impida revisar políticas cuando cambian las circunstancias.
Uno de los argumentos que debe examinarse con mayor atención es el relativo a los riesgos de los procedimientos nocturnos. Por eso, cualquier reforma debe establecer requisitos precisos, protocolos de actuación, capacitación, identificación de los agentes y mecanismos de control y rendición de cuentas, naturalmente con la autorización judicial previa como garantía central.
No es de ninguna manera aceptable utilizar la defensa de las garantías constitucionales como argumento para mantener sin discusión cualquier restricción existente, con independencia de su eficacia frente a las nuevas modalidades delictivas. Las garantías deben proteger a las personas frente al ejercicio arbitrario del poder, no transformarse en una excusa para dejar al Estado sin instrumentos adecuados.
En particular, el narcotráfico plantea desafíos que no pueden ignorarse. Las organizaciones dedicadas a esta actividad pueden utilizar viviendas para almacenar y vender drogas, distribuir sustancias, ocultar armas o coordinar operaciones, incluso letales. Cuando existen indicios suficientes y una investigación judicial en curso, es necesario evaluar si las limitaciones horarias dificultan intervenciones oportunas.
La aprobación de una reforma no implica por sí sola la solución automática del problema, pero sí es un paso adelante para disponer de un instrumento que dote de mayor eficacia la investigación financiera y la persecución de las redes criminales. Porque la ciudadanía que vive bajo la amenaza de robos, rapiñas, enfrentamientos entre bandas y actividades vinculadas al narcotráfico necesita algo más que declaraciones de empatía y excusas: reclama respuestas eficaces e instituciones que funcionen.
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