Hay un paradigma que debería ser tan sencillo como necesario para cualquier sociedad que pretenda vivir bajo reglas de convivencia: el que rompe, paga. Y si quien rompe es menor de edad, debería existir un mecanismo efectivo para que sus responsables legales respondan por los daños ocasionados, como es de rigor en las sociedades de países desarrollados, por lo menos, donde se sabe que el “pobrecito” que se aplica hoy es el potencial caldo de cultivo de grandes males –muchas veces irreparables– en el futuro.
La reflexión se da en este caso a partir de los graves episodios registrados en Francia durante las recientes protestas estudiantiles. Más allá de las razones que puedan haber originado las movilizaciones –algunas de ellas vinculadas a reclamos legítimos sobre la educación–, una cosa es protestar y otra muy distinta es destruir, incendiar, agredir y/o poner en riesgo a terceros.
Según el balance difundido por las autoridades francesas, una de las jornadas dejó 1.949 detenidos y 305 policías y gendarmes heridos, mientras que más de un millar de establecimientos educativos resultaron afectados y más de 400 debieron cerrar temporalmente. La respuesta del gobierno francés incluye reclamar responsabilidad económica por los daños provocados por menores a sus padres o responsables legales.
El concepto merece especial atención y reflexión también en Uruguay, porque detrás de cada vidrio roto, cada pared pintada, cada banco destruido, cada contenedor incendiado y cada espacio público vandalizado hay una factura. Y esa factura no desaparece como por parte de magia, sino que alguien la paga.
La paga el Estado con dinero que proviene de los impuestos, el comerciante que debe reparar la fachada de su negocio, el vecino que encuentra destrozado un espacio que también es suyo. La paga, en definitiva, el ciudadano que es absolutamente ajeno a la protesta, no rompió nada y no tuvo ninguna responsabilidad en el episodio.
Ese es el punto que no debería perderse de vista, porque si bien dentro de determinados límites la protesta es un derecho, destruir no lo es, y una sociedad democrática debe garantizar el derecho a manifestarse, reclamar y expresar desacuerdos, pero sin que se transforme en una suerte de licencia para destruir bienes ajenos o públicos, sin responder por ello.
Cuando una movilización deriva en vandalismo, el problema deja de ser exclusivamente político o reivindicativo, y aparece una cuestión elemental de convivencia: quien provoca un daño debe hacerse responsable de su acción.
Si una persona rompe, pinta, incendia o destruye y finalmente no sucede nada, el mensaje que recibe esa persona –y también quienes observan– es que el costo de la conducta puede terminar siendo inocuo, poco menos que una travesura del momento, cuando en realidad el costo y la reparación –cuando es posible– de los actos vandálicos es absorbido por todos los demás.
Peor aún es que ese mecanismo se repite, y hay integrantes de la sociedad, con criterios confundidos, que comienzan a naturalizar la impunidad de pequeñas y grandes transgresiones.
En nuestro país se suele discutir la violencia cuando los hechos alcanzan dimensiones extraordinarias, pero existe otro fenómeno menos espectacular y, precisamente por eso, más peligroso, que es la progresiva naturalización de determinadas conductas.
Pintar paredes que no son propias, destruir mobiliario urbano, romper instalaciones, dañar comercios, destrozar espacios públicos o provocar enfrentamientos no debería considerarse una travesura, una forma de protesta o una consecuencia inevitable de determinadas circunstancias.
La víctima la mayoría de las veces es una persona que trabaja, paga impuestos, sostiene un comercio, alquila una vivienda o simplemente intenta vivir en paz, aunque el problema no es solamente cuánto cuesta reparar un banco, un contenedor, una parada de ómnibus o una fachada. El problema es qué idea de convivencia estamos transmitiendo cuando romper no tiene consecuencias, y la violencia que muchas veces la acompaña sigue contribuyendo al temor de la ciudadanía y a la inseguridad.
Otra faceta de esta problemática, que también tiene que ver con la pérdida de valores, son los episodios de violencia protagonizados por grupos de hinchas deportivos y constituyen otra manifestación de este deterioro de las reglas de convivencia.
La separación de las hinchadas puede ser necesaria como medida de prevención en determinados espectáculos, pero no resuelve por sí misma el problema de fondo. Si dos grupos deben ser mantenidos separados para evitar que se agredan, la pregunta siguiente debería ser qué está ocurriendo con la cultura de convivencia y respeto, con los valores que se cultivan, con ese odio que sobrevuela en hordas que emplean la violencia y hasta llegan a matar a personas que solo han cometido el “agravio” de hinchar por otra camiseta, por otros colores, como si les fuera la vida en ello.
Y tampoco alcanza con identificar el problema después de que ocurre una tragedia. La prevención, la identificación de los responsables y la aplicación efectiva de las consecuencias correspondientes forman parte de una misma política.
Pero sin dudas, se pecaría de ingenuo por quien piensa que se trata solo de pérdida de valores, pese a la importancia de este factor, por cuanto en el análisis de la violencia urbana y de determinados episodios de delincuencia tampoco debería ignorarse la influencia que tíenen el narcotráfico y el consumo de drogas.
Aunque sería una simplificación atribuir automáticamente cada episodio violento a las drogas, sería también ajeno a la realidad negar que el crecimiento de determinados mercados ilegales, las disputas territoriales y las economías asociadas al narcotráfico pueden contribuir a generar ambientes de violencia.
El punto es que se necesitan respuestas que permitan comprender y enfrentar ese fenómeno con mayor eficacia. Hasta ahora, muchas de las respuestas ensayadas no han conseguido eliminar la sensación de que existen espacios donde la violencia y la transgresión encuentran demasiado margen para avanzar, y una muestra cercana la tenemos nomás en Paysandú, donde los espacios públicos, muchas veces en áreas céntricas, a partir de determinadas horas son “copados” por grupos que se dedican a consumir drogas, que por más “blandas” que algunas sean, no dejan de ser tales y disuaden al ciudadano, sobre todo a las familias, de usar este espacio en común.
Quien utiliza un espacio público tiene derecho a disfrutarlo, pero no a destruirlo, de la forma que sea, y tal vez una de las discusiones más importantes que Uruguay debería dar no sea solamente sobre nuevas penas o mayores controles, sino sobre algo mucho más básico: recuperar el principio de que nuestras acciones tienen consecuencias, de que la libertad no es un derecho a hacer cualquier cosa que se nos ocurra, porque termina donde empieza la de los demás.
Y estos derechos esenciales no deben ser una letra muerta que forma parte de nuestro esquema normativo, sino que deben estar acompañados de los controles necesarios, de la prevención y las acciones punitivas cuando correspondan, con las fuerzas del orden como brazo ejecutor, pero con la Justicia actuando en consecuencia, porque el Estado debe garantizar los derechos, debe escuchar las demandas sociales, debe investigar los abusos y garantizar el debido proceso.
Pero también, y sobre todo, debe proteger al ciudadano que cumple las reglas.
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