A propósito del “descubrimiento” de que en la Junta Departamental de Montevideo había “asesores” que solo figuraban como tales pero que no aparecían por la Junta para cumplir con sus presuntas tareas —y, peor aún, que el funcionario de un edil nacionalista con estas características de “ñoqui” fuera procesado por participar en una red de narcotráfico y posesión y tráfico de armas—, se han tejido numerosas versiones, con el agregado del inevitable componente político-partidario, y cada protagonista tratando de llevar agua hacia su molino.
El punto es que, según la Constitución, el cargo de edil es honorario, lo que indica que el parlamentario departamental de ninguna junta puede recibir salario por desempeñar estas funciones, y a lo sumo solo debería percibir viáticos por traslado o alguna otra compensación por algunos gastos.
El caso que nos ocupa, paralelamente, se ha magnificado tanto por la gravedad de que el asesor estaba participando en una red, como por el hecho de que el edil contratante, Gonzalo Gómez —que cuando estalló el episodio estaba en China—, dijo que no sabía en qué rubro lo aconsejaba el asesor, al que no le había indicado ninguna tarea desde que asumió el cargo, hace un año.
Es decir, el asesor cobraba sin trabajar, o por lo menos eso es lo que surge de los documentos, aunque todo parece indicar que de lo que se trata es de un salario encubierto del edil, dado que él cobraría total o parcialmente las partidas para los cuatro asesores que se autorizan en la Junta capitalina por cada edil, más cinco funcionarios transferidos en comisión desde otros organismos del Estado.
Pero claro, estamos ante una norma para los ediles de Montevideo, lo que indica que los ediles de todos los partidos hacen uso de esta autorización para contratar asesores y pases en comisión, y que quienes ejercen estas funciones estarían en muchos casos —no se sabe cuántos, naturalmente— resignando parte de estos haberes en favor de los ediles contratantes, quienes no perciben salarios por una función que naturalmente les absorbe muchas horas. Se sabe también que, en el caso del Frente Amplio, algunos ediles percibirían directamente un salario de su sector político.
Es decir que quien más, quien menos, con poca o mucha elegancia, ha encontrado la forma de hacer una suerte de bypass al carácter “honorario” de la función establecido en la Carta Magna y que, por lo tanto, solo puede ser cambiado mediante una reforma constitucional.
Respecto a la situación de los ediles capitalinos y la no percepción de haberes, el periodista Leonardo Haberkorn, del diario El Observador, reveló que el exedil del Frente Amplio Gustavo Ripoll le manifestó que, dado que no cobraba un sueldo por su trabajo, designó para cargos de secretaría a su esposa y a su hijo, de modo que su familia percibiera ingresos por su labor como edil.
Ripoll fue edil en Montevideo durante el período 2020-2025, electo por el Movimiento Verde Ecologista, perteneciente al Frente Amplio.
“La Junta y las normativas permiten que uno pueda tomar para cargos de secretaría a sus familiares y ahí es cuando ese dinero pasa a ser parte de las arcas del edil. Yo contraté a mi señora para que fuera a los barrios, para que trabajara en el territorio. Y su salario entraba en mi casa. Y mi hijo manejaba mis redes: Facebook, Instagram, TikTok”, contó el edil.
Ripoll sostuvo que contratar familiares está permitido y es legal, pero no es lo ideal. “El edil debería tener un salario, como lo tienen los alcaldes. Entonces se eliminarían todos estos vericuetos y todos estos rebusques que, según mi criterio, son desprolijos”, de acuerdo con lo expresado por Haberkorn en su artículo.
“Yo tuve que usar estos mecanismos —agregó— porque no tenía salario: el edil no genera ingresos, no genera aportes al BPS, no genera ni una hora de aportes jubilatorios, no genera nada. Yo perdí cinco años de aportes jubilatorios por haber sido edil. Y un edil tiene que controlar a la Intendencia, ni más ni menos”.
Los ediles reciben cada mes una partida de secretaría de alrededor de $262.000 en la Junta capitalina. Con los descuentos impositivos aplicados, el dinero ronda los $190.000. Casi todos lo utilizan para contratar a cinco personas, con un contrato de $52.000 cada una.
Los ediles no pueden quedarse con el dinero, puesto que tienen que presentar cada mes los recibos de pago a sus empleados. Ripoll reconoció que “es posible” llegar a acuerdos personales en donde uno o varios de los contratados firmen por cobrar esos $52.000 pero cobren menos, dejando una parte del dinero en manos del edil.
“El edil puede contratar a un amigo y decirle vamos mitad y mitad. Si el que recibe el dinero acepta firmar por 50.000 y cobrar 30.000, es un problema de él. Está dentro del marco legal porque es un acuerdo personal, pero es muy rebuscado y desprolijo. Nada de esto existiría si el edil tuviera un salario”.
A confesión de parte, relevo de pruebas, sostiene el dicho, y es muy difícil desentrañar hasta dónde llega este tipo de maniobras inescrupulosas —todo indica que las hay—, qué ediles y de qué partido las practican, de cuántos se trata y por qué monto. Por supuesto, en los papeles no va a figurar, y todo se enmarca en un acuerdo secreto entre partes.
En la sesión de este viernes de la Junta Departamental de Paysandú el tema fue abordado, y los ediles que la integran señalaron que la Junta sanducera seguramente es una de las pocas en las que los ediles no reciben ninguna remuneración, salvo viáticos cuando deben trasladarse y, eventualmente, vales de nafta cuando se trasladan cumpliendo funciones. Es decir que conservan el carácter de honorario, aunque, como dijeron muchos de ellos, ejercer el cargo “es caro” y le dedican muchas horas de labor, como es el caso del trabajo en comisiones y otras reuniones y gestiones, y que resulta difícil cumplirlo salvo que se pueda tener alguna licencia del trabajo particular de cada uno.
En esencia, hay acá un conflicto entre lo ideal y lo posible. Si se va al fondo de la cuestión, el edil no debería percibir ninguna retribución por lo que hace, sea directa o indirectamente, pero en el mundo real todos sabemos que nada es gratis y que siempre de algún lado debe salir el dinero para compensar horas y horas de tareas, salvo quien lo haga como vocación en un cien por ciento y además tenga dinero propio para sustentarse a sí mismo y a su familia.
De ser así, para ejercer como edil debería tratarse de una persona pudiente, o con muy buenos ingresos, sin tener que dedicar horas del día al trabajo, o, en el mejor de los casos, desempeñar una función “light”, sin preocuparse demasiado por su tarea como legislador y de control.
Es decir, un escenario que no conforma plenamente a nadie, que responde a las contradicciones entre el mundo ideal y la realidad, que se presta además para que se den maniobras del tipo de la que se ha “descubierto”, pero que viene desde hace muchos años.
Tampoco se ha tenido suerte hasta ahora con la intentona de incorporar en la Constitución la posibilidad de que los ediles sean remunerados, porque además la ciudadanía se resiste a volcar más recursos para solventar un sistema político con creciente descreimiento. Ello da la pauta de que, entre otras cosas, debería habilitarse un debate serio sobre el tema, para no seguir metiendo la cabeza bajo tierra, como el avestruz, haciendo como que estas cosas no existen.
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