El gobierno brasileño de Luiz Inácio Lula da Silva prohibió temporalmente las apuestas deportivas en línea. A nueve días de las elecciones de primera vuelta, en las que disputa un nuevo mandato frente al senador Flávio Bolsonaro, en un escenario de empate técnico, no hay forma de que el asunto no se entremezcle en la campaña.
Para colmo de males, en el otro extremo de la discusión están nada menos que los clubes del fútbol brasileño, tal vez los clubes con más hinchas del mundo. Las casas virtuales de apuestas o “bets” (bet es literalmente “apuesta”), son una de las principales fuentes de financiamiento de estas instituciones, pero son a al vez una de las más importantes causas del endeudamiento de las familias, según justificó el gobierno. Las apuestas tuvieron un despegue desde que el propio gobierno de Lula generó un marco regulatorio en el 2023.
El ministro de Economía, Darío Durigan, en un acto en Sao Paulo junto a Lula anunció que dejarían de existir en el país los sitios, aplicaciones y el patrocino legal de las apuestas. Según expuso Durigan, la decisión llegó tras los frustrados intentos por regular el sector. Las apuestas, afirmó, se han transformado en un problema de salud pública.
En 2025, unos 25 millones de brasileños realizaron apuestas por un volumen estimado de 220.600 millones de reales (unos 42.500 millones de dólares), mientras que la recaudación tributaria asociada al sector rondó los 9.000 millones de reales (U$S 1.737 millones). Esa cifra ya había sido superada durante los primeros ocho meses de 2026. Eso es mucho dinero, en un país entre cuya población abundan las situaciones de precariedad. Ocho de cada diez familias brasileñas afrontan algún tipo de deuda, según datos de la Confederación Nacional del Comercio.
Bolsonaro, a su vez, acusó a Lula de practicar una “estafa electoral” por anunciar la prohibición de las apuestas deportivas en internet a solo nueve días de los comicios y señaló a Lula como el responsable de las apuestas deportivas virtuales, que fueron reglamentadas en su mandato. También señaló que fue su gobierno quien se benefició de los impuestos pagados por las 85 casas de apuestas que autorizó, pero que ahora, por motivos electorales, anuncia su prohibición. Además observó que la prohibición es por un decreto ejecutivo temporal que perderá vigencia en algunos meses.
En el gobierno de Jair Bolsonaro, padre del actual contendiente de Lula, los casinos virtuales no estaban habilitados. La prohibición, decía, cosechó fuerte rechazo desde el mundo del fútbol, que a su influjo se ha vuelto el más poderoso de la región y ha logrado disputar contratos de jugadores a los clubes europeos.
Son 13 de los 20 equipos de la primera división brasileña los que tienen actualmente acuerdos comerciales con casas de apuestas, en contratos que conjunto rondan los U$S 200 millones anuales. Una cifra que impresiona, pero que cuando se pone al lado de los 11.000 millones que se recaudan, parece un retorno hasta escueto. La voz cantante en la oposición a la decisión del gobierno la ha llevado el Flamengo, el club más popular del país y que de un tiempo a esta parte ha sido animador constante de los torneos continentales.
El club carioca advirtió que la prohibición “afecta en lleno” al deporte brasileño y predijo que tendrá impacto desde el fútbol profesional y de base hasta el fútbol femenino y los deportes olímpicos. Su rival de todas las horas, Fluminense, pide un período de transición para que los clubes puedan adaptarse al fin de estos patrocinios. En su conjunto los clubes se manifestaron advirtiendo que esta medida del gobierno podría favorecer al mercado clandestino, que podría ocupar el espacio dejado por las empresas autorizadas --algo así como lo que ocurre en nuestro país con los cigarrillos de contrabando--. En el mismo sentido la Asociación Nacional de Juegos y Loterías (ANJL), el Instituto Brasileño de Juego Responsable (IBJR) y las 85 empresas que tenían licencia para operar, firmaron un comunicado conjunto expresando que “la prohibición no acaba con las apuestas en Brasil sino con la protección de quien apuesta”.
Pero, ¿y acá cómo estamos? Hay un solo sitio de apuestas autorizado a operar. Se trata de Supermatch, cuya publicidad puede verse en los entretiempos de los partidos del fútbol uruguayo.
El resto es considerado ilegal. De hecho, según información oficial de la Banca de Quinielas, al 29 de julio de este año se habían bloqueado 1.730 sitios de apuestas ilegales. Sin embargo hay plataformas ilegales que aparecen y desaparecen de la noche a la mañana. Hay sitios de póker que mueven hasta 200.000 dólares cada noche.
Los uruguayos apuestan unos 700 millones de dólares por año, decía un informe de El País del 15 de julio pasado, citando fuentes oficiales. Según un estudio publicado por el portal de la Universidad de la República, en Uruguay había en 2023 más de 35.000 personas adictas al juego, pero cerca del doble padecían de juego problemático. Por supuesto que no son comparables las cifras con las de una población gigante como la de Brasil, incluso en términos porcentuales estamos lejos. No obstante, no se puede decir que no tengamos un problema. Incluso un problema de sobreoferta.
El juego está muy a mano desde edades muy tempranas, porque aunque no se pueda entrar a un casino oficial hasta tener 18 años --si alguien va el día que los cumple no solo puede ir, sino que además le hacen un obsequio de bienvenida--, hay, por ejemplo, en los barrios maquinitas tragamonedas que no piden la cédula para jugarse una fichita.
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