Que el sol alivie el bolsillo

La energía solar se perfila como la gran protagonista para cubrir la segunda etapa de la transición energética del país, en la cual resulta clave acompañar el crecimiento de la demanda eléctrica, la electrificación del transporte y el desarrollo de las industrias de hidrógeno verde.
Sin embargo, producir nuestra propia electricidad sigue siendo una rareza reservada a unos pocos. La injusticia de fondo es clara: en el litoral noroeste se encuentran grandes parques solares que alimentan la red nacional, nuestra región pone la tierra y soporta el costo territorial de las grandes obras de infraestructura energética, pero los vecinos pagan exactamente la misma tarifa que quienes viven a metros de la sede central de UTE.
Cuando las autoridades del Ministerio de Industria, Energía y Minería presentan los índices de descarbonización de la matriz eléctrica, el mapa del territorio nacional marca invariablemente el noroeste, donde la radiación solar y las corrientes de aire constituyen la fuente primaria de uno de los orgullos del modelo energético uruguayo. Sin embargo, si dejamos de lado las grandes plantas comerciales, los barrios de nuestras ciudades litoraleñas presentan un contraste evidente: los techos de los hogares, de las pequeñas industrias, de las pequeñas empresas y de los comercios tradicionales de nuestros entornos cercanos continúan mayormente desprovistos de paneles solares.
La imagen del ciudadano común produciendo su propia electricidad a partir de la energía solar mediante la denominada microgeneración distribuida (que no es otra cosa que el panel fotovoltaico en el techo propio) sigue siendo casi una excepción. Existen además barreras reglamentarias, costos de inversión inicial y esquemas de facturación que realmente no incentivan la adopción masiva del autoconsumo fotovoltaico.
Entender esta asimetría implica repasar las cifras oficiales y las perspectivas del sector energético nacional. Según el Boletín de Energía Solar (2014-2024), elaborado por la División Gestión Tecnológica Nacional de Propiedad Industrial del MIEM, Uruguay experimentó una década de crecimiento continuo de esta tecnología, pasando de apenas 5 MW de capacidad solar instalada en 2014 a 310 MW en 2024. Cabe mencionar que en ese lapso los equipos de generación redujeron su costo un 90%, costando actualmente la décima parte de lo que costaban en 2014. Este despliegue permitió que la potencia per cápita aumentara de 1,5 W/hab a 88 W/hab en el mismo período, posicionando al país por encima del promedio latinoamericano y generando un impacto ambiental directo, ya que la generación de energía limpia de fuente solar tiene un equivalente ambiental igual al retiro de unos 160.000 automóviles en circulación. Sin embargo, más del 96% de esa potencia pertenece a grandes emprendimientos comerciales.
Según el informe, en la matriz eléctrica nacional la energía solar representa algo más del 3% de la generación total, y aunque las proyecciones oficiales apuntan a alcanzar los 450 MW para 2030, la realidad actual muestra que el grueso de la potencia instalada corresponde a parques de generación de gran porte. El pequeño usuario quedó al margen.
La microgeneración domiciliaria y comercial, si bien se encuentra amparada bajo el régimen de facturación neta, que permite inyectar excedentes a la red pública a cambio de compensaciones en la factura, avanza a un ritmo mucho más lento que la capacidad instalada a gran escala. Esto se debe a que lo que UTE paga la energía no justifica en absoluto la inversión necesaria.
Es verdad que el país construyó un marco legal pionero para abrir el mercado e incentivar las energías renovables. Por ejemplo, se crearon leyes para la participación del sector privado en la generación energética, que anteriormente era una actividad reservada en exclusiva al Estado; posteriormente se autorizó a UTE a contratar potencia proveniente de fuentes renovables, y por primera vez los inversores privados pudieron participar en condiciones transparentes y predecibles, con la posibilidad de realizar contratos de compra de energía a largo plazo.
En los años siguientes se emitieron decretos adicionales que aumentaron la potencia instalada e incorporaron formalmente la fuente fotovoltaica. También se abrió la puerta a la microgeneración, permitiendo que hogares y pequeñas empresas generaran su propia energía a partir de fuentes renovables y pudieran volcar los excedentes a la red eléctrica nacional, lo cual puede considerarse un hito que convirtió a los consumidores en actores activos del sistema.
Sin embargo, en el día a día del vecino o comerciante del barrio, ese andamiaje choca contra una pared: la inversión inicial sigue siendo muy grande, los beneficios fiscales están diseñados para grandes empresas y los trámites ante UTE y la Ursea pueden ser una maratón burocrática que desestimula a cualquiera. En este sentido, la Cámara Solar del Uruguay y diversos actores del sector han argumentado sobre la necesidad de simplificar los procesos para los inversores residenciales.
Claramente existen barreras que hacen que la adquisición e instalación de un sistema fotovoltaico residencial exija un desembolso significativo, que incluye, además de los equipos, ciertos trámites que desestimulan una inversión de lenta amortización.
Considerando que en el litoral noroeste del país se hallan ubicados grandes generadores solares, un debate sobre este tema implica también una dimensión de equidad territorial.
Históricamente, las poblaciones del litoral hemos convivido con costos territoriales —y eventualmente ambientales— de las grandes obras de infraestructura energética nacional (pensemos, por ejemplo, en las represas, en los parques de energía renovable, en la discusión sobre la instalación de la industria del hidrógeno verde), aunque la estructura tarifaria uniforme que tenemos en el país impide que las familias adyacentes a las zonas de generación perciban una ventaja económica directa o un estímulo por alojar en su zona esa matriz limpia.
La superación de esta situación podría significar una verdadera democratización de la energía, a partir de la transformación de consumidores en “prosumidores”, es decir, productores y consumidores de su propia energía.
Algunas ideas para concretarlo podrían articular líneas de microcréditos blandos con subsidios parciales, sumados a la simplificación de trámites ante UTE. Un programa de techos solares para el litoral que resulte efectivo permitiría avanzar hacia las metas de generación de energías limpias nacionales y beneficiar a familias y pequeñas empresas.
Si la energía solar va a ser la gran protagonista de la segunda transición energética, la verdadera democratización no puede quedarse en el discurso ni limitarse al alcance de los grandes generadores comerciales. Aún estamos a tiempo de imaginar que nuestra región deje de ser un mero escenario de generación para avanzar en la soberanía energética cotidiana, con créditos blandos, subsidios focalizados y trámites ágiles que permitan, de una vez por todas, que el sol alivie el bolsillo de la gente.