Uruguay ha impulsado importantes avances normativos y de gestión para transformar su sistema de salud mental, aunque persisten grandes desafíos estructurales. La consolidación de la Ley de Salud Mental N° 19.529 y la implementación de la Estrategia Nacional de Salud Mental y Bienestar 2025-2030 están perfiladas para dejar atrás el modelo asilar y de atención hospitalaria para avanzar hacia un modelo de atención comunitario y territorial.
Con el lanzamiento de la Acción País por la Salud Mental, el gobierno impulsa la creación de planes departamentales en todo el territorio con presupuestos asignados y la articulación con la sociedad civil. A nivel estatal, las autoridades de ASSE se muestran proclives a ampliar la mirada en la atención y prevención, con iniciativas de apoyo psicológico y psiquiátrico en espacios específicos como el Ministerio del Interior y la red de atención primaria.
Pero en la práctica, persisten las demoras para conseguir consultas con psiquiatras y psicólogos, además de una mala distribución de los especialistas que se concentran mayoritariamente en la zona metropolitana.
A pesar de los planes, los indicadores generales reflejan una alta demanda y un aumento en la prevalencia de trastornos en jóvenes y adultos mayores, con cifras complejas en materia de prevención del suicidio.
Y, en cualquier caso, la sustitución efectiva de los hospitales psiquiátricos monovalentes por dispositivos de medio camino, así como la instalación de equipos comunitarios, avanza a un ritmo lento y desigual en el país.
Por estos aspectos, Uruguay enfrenta importantes desafíos en materia de salud mental, marcados por la alta tasa de suicidios y las dificultades estructurales del sistema sanitario.
En medio de esto, existen otras cuestiones expuestas por los propios especialistas. El subregistro en salud mental demuestra una falencia en el manejo de los datos oficiales, omisiones en las notificaciones y vacíos estadísticos sobre la verdadera magnitud de la población con padecimientos psíquicos y el uso de los servicios de atención.
Y lo ha señalado la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) en sus documentos. Allí indicó que menos del 7% de los prestadores de salud reportan las internaciones prolongadas por más de 45 días, a causa de la salud mental que incumple con lo establecido en la mencionada ley.
Los reportes enviados –en el caso que se envíen– en general presentan escasa información clínica, social o jurídica. Según el Inddhh, con frecuencia se omiten el número de expediente judicial, el tribunal interviniente, si se trata de un primer ingreso o una reinternación, o los motivos reales de la prolongación de la estadía. Este panorama se profundiza cuando se trata de niños o adolescentes.
Por otro lado, Uruguay tiene una proporción elevada de personas con depresión o ansiedad que no reciben tratamiento. Algunas estimaciones aseguran que solo una de cada tres personas con depresión accede a ayuda profesional y eso, es más invisibilización de la demanda real.
Anualmente se registran en torno a 700 suicidios al año, con una incidencia elevada en el interior del país y una mayor prevalencia de autoeliminación en adultos mayores, además de un aumento de consultas por ansiedad y depresión en adolescentes, luego de la pandemia sanitaria.
Un elevado porcentaje de la población percibe soledad, violencia intrafamiliar y problemas económicos que, sumado a los prejuicios culturales, dificulta el pedido de ayuda o el abordaje de esta problemática desde el punto de vista de una “única salud”.
La Organización Mundial de la Salud apuntó a la baja inversión estatal, falta de recursos en el primer nivel de atención, largas listas de espera y atención privada que resulta inaccesible para una gran parte de la población.
En los tiempos actuales, pensarlo con el enfoque puesto sólo en la salud mental acelera una separación del sufrimiento pisquiátrico con respecto al cuerpo, cuando el enfoque de “una salud” demostraría otras cuestiones, sin tantos miedos al estigma.
Es aquí donde, también es necesario el abordaje de la prevención del suicidio con enfoque de género, en tanto marca una tendencia superior en los varones, lo que exige romper con los roles rígidos, campañas educativas continuas y derribar las barreras culturales que naturalizan el sufrimiento o castigan la vulnerabilidad.
Sin embargo, el debate sobre la salud mental suele activarse con fuerza ante casos de suicidio de gran impacto público o durante fechas conmemorativas específicas –como el pasado 10 de octubre– aunque en los últimos años existe un esfuerzo creciente por mantener el tema en la agenda pública de manera permanente.
El país no escapa de la realidad global. Más de 1.000 millones de personas en todo el mundo viven con un trastorno de salud mental, lo que equivale aproximadamente a 1 de cada 8 personas en el planeta.
Las estadísticas afirman que el 45% de las personas a nivel internacional, identifica la salud mental como el mayor problema sanitario actual. La inversión escasa de los gobiernos, así como la falta de acompañamiento derivan en el suicidio como la tercera causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 21 años en todo el mundo.
Es la nueva crisis global que busca respuestas. Es la pandemia silenciosa que se instaló como el principal problema de la salud pública, tal como ocurre en Uruguay.
Y si bien no suele considerarse la pérdida de productividad económica, conviene recordar que el perjuicio implica un billón de dólares que provocan la depresión y ansiedad combinadas, a nivel internacional.
La salud mental no es una lucha individual ni un asunto aislado, sino un pilar colectivo del bienestar humano. Exige que se derriben los estigmas para hablar sin miedo y políticas públicas solidarias como pasos indispensables para construir un mundo más empático, sostenible y humano.
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