La Fiscalía de Paysandú no descarta la existencia de otras víctimas ni la participación de terceras personas en el caso de trata con fines de explotación sexual de la adolescente sanducera de 15 años que fue trasladada a Argentina. El fiscal letrado departamental de Segundo Turno, Joaquín Suárez Bozzolo, confirmó a EL TELEGRAFO que se desarrollan múltiples medidas de investigación y reveló que también se abrió una línea específica para esclarecer las circunstancias en que la menor atravesó el paso fronterizo. Asimismo, ratificó que Uruguay insistirá en la extradición del imputado, pese a su reciente procesamiento con prisión preventiva por la Justicia argentina.
Las declaraciones del representante del Ministerio Público permiten establecer que las actuaciones judiciales en nuestro país mantienen abiertas distintas hipótesis, más allá de la responsabilidad penal del hombre detenido en la localidad bonaerense de Campana, donde fue encontrada la adolescente. “Son múltiples las medidas de investigación que ya se obtuvieron y que se están desarrollando, tanto sobre la existencia del delito que se está investigando, así como también la existencia de otros delitos y la identificación de otras víctimas y de eventuales terceros que pueden haber colaborado”, explicó Suárez Bozzolo.
La investigación procura determinar si existieron otras personas involucradas en la captación y el traslado de la adolescente, así como establecer si los hechos investigados pueden estar vinculados con otras conductas delictivas.
En ese sentido, el fiscal fue categórico al señalar que las actuaciones no se encuentran limitadas a la persona que permanece detenida en Argentina. “No descartamos la participación de ningún tercero y en esos términos es que estamos investigando. No descartamos la participación de ninguna persona en la investigación que se está desarrollando”, afirmó.
De todas maneras, aclaró que se trata de líneas de investigación que deberán ser corroboradas mediante las medidas probatorias correspondientes, sin que hasta el momento se haya establecido públicamente la existencia de otras víctimas o la responsabilidad de eventuales colaboradores.
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