Es por todos sabido que la llamada “corrección política” es un tipo de comportamiento que abarca diversos campos de la actividad humana. De acuerdo con el académico Pablo Fernández-Yañez Arce, “el concepto de la corrección política puede parecer relativamente nuevo, pero lleva presente en la sociedad de Occidente durante mucho tiempo, buscando reprimir, desprestigiar y censurar aquellas opiniones o figuras que no se ajusten a una narrativa dominante, según la cual existen grupos de víctimas que son generalmente oprimidos. A través de un repaso contextual e histórico de este concepto pueden entreverse y analizarse sus consecuencias desde una perspectiva contemporánea, gracias a la cual es posible vislumbrar un fenómeno por el que se intenta censurar la oportunidad de desarrollar un pensamiento contrario a las posiciones de la corrección política, a través de presión mediática, despidos laborales, pérdida de reputación, marginalización social o incluso violencia”.
Los máximos de velocidad en las carreteras uruguayas y su control mediante radares es un claro ejemplo de como la corrección política se basa en la hipocresía, pero por sobre todas las cosas en una total falta de sentido común. En los últimos días desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas se indicó que serán eliminados los radares móviles pero por otro lado se continuarán colocando radares fijos.
Lo cierto es que antes de colocar radares (o de seguir haciéndolo) las autoridades deberían racionalizar las velocidades en todas las carreteras como forma de adaptarlas a las diversas variables que se relacionan con el tránsito vehicular. A modo de ejemplo, en los últimos treinta años no sólo se ha producido un notorio incremento del parque automotor, sino que también se ha modernizado tanto en su mecánica como en las medidas de seguridad (cinturones de seguridad traseros, ABS, mejores frenos, airbags, direcciones hidráulicas más precisas, control de estabilidad, mejor visibilidad, mejores niveles de insonorización, etcétera), lo que ha salvado innumerables vidas, como también lo ha hecho la obligatoriedad de conducir con luces cortas encendidas en dichas carreteras, medida ésta que no tiene ninguna justificación lógica ni práctica en los centros poblados.
Todos esos avances en materia de seguridad y el crecimiento en la potencia de los motores deberían llevarnos a fijar nuevas reglas de juego en las carreteras, ya que quien las transita lo hace para poder desarrollar velocidades más altas que en un camino vecinal. Por algo quienes vivimos en Paysandú y debemos viajar a Montevideo, por ejemplo, usamos la ruta 3 y no los caminos rurales en los cuales seguramente el tránsito es más escaso y por ende las posibilidades de sufrir accidentes son más bajas. Así pues, resulta claro que no basta con colocar radares y fijar velocidades que son insostenibles en la práctica sino que se debe rediseñar todo el sistema y comprometer a los conductores sin esperar que una determinada velocidad solucione todos los problemas, tal como no se pueden evitar los choques de frente disminuyendo la velocidad ya que los mismos tienen otras causas (adelantamiento en lugares no habilitados para ello, sueño del conductor, distracciones varias dentro del vehículo, etcétera). Se trata de algo que parece de Perogrullo: si las velocidades son razonables se van a respetar, pero si no lo son serán sólo una disposición que nadie cumplirá y que como siempre sucede ese incumplimiento traerá aparejado otros de igual o mayor gravedad.
Así las cosas, la Unasev se ha radicalizado en los últimos años y le ha dado la espalda al sentido común y a la práctica de lo que sucede todos los días en nuestras rutas. Es una organización que se ha transformado (si se nos permite la expresión) en un exponente de “los terraplanistas del tránsito”, dispuestos a negar y confrontar con todo lo que no figure como correcto en su concepción del tránsito y la seguridad vial. Hace 50 años los autos eran tremendamente inseguros y lo mismo sucedía con las carreteras, que eran mantenidas tarde, mal o nunca o estaban mal señalizadas o plagadas de animales sueltos tales como vacas, ovejas o caballos, situación esta última que ha mejorado, pero está muy lejos de ser ideal. Lo que no existía en esa época son los múltiples distractores tales como los celulares o los sofisticados sistemas de comunicaciones y sonido que desvían la atención de los conductores causando múltiples accidentes.
En efecto, en lugar de inventar regulaciones absurdas, tanto la Unasev como el MTOP deberían realizar estudios serios sobre las razones de los accidentes carreteros y adaptar tales disposiciones a las causas reales de los accidentes, no de criterios delirantes como el famoso y ridículo botiquín obligatorio, el cual ya no se encuentra vigente pero seguramente habrá otorgado grandes ganancias a quienes lo impulsaron. Resulta una contradicción indefendible que se pueda circular a 60 kilómetros por hora en varias avenidas de la ciudad (o incluso a 75 kilómetros por hora en la rambla de Montevideo) pero se exijan velocidades máximas de 45, 50 y 60 kilómetros en las rutas nacionales. Lo mismo sucede con la falta de controles al uso de chalecos reflectivos en las miles de motos que transitan en nuestras calles y carreteras en vehículos en pésimo estado pero con total impunidad.
Pero claro… el camino más fácil es echarle la culpa a la velocidad y como consecuencia de ello colocar radares cuyo único fin es recaudatorio, más allá de la “reculada en chancleta” que está tratando de dar el ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, seguramente pensando en el ciclo electoral que comenzará en junio de 2024 con las elecciones internas, pero a cuyos votantes hay que dejar contentos desde antes. No se pueden poner y sacar radares “al grito de la tribuna” y hamacarse entre la corrección política del terraplanismo del tránsito a Unasev y las quejas de los votantes del Interior, donde el partido político de Falero gobierna la mayoría de las intendencias departamentales.
De acuerdo con la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras (NHTSA, por su sigla en inglés), una organización gubernamental estadounidense, basándose en las cifras de 2017, el exceso de velocidad es un factor en el 26% de todos los tipos de accidentes. Según la NHTSA “estas cifras incluyen no solo los accidentes en los que están implicados conductores que superan los límites de velocidad indicados, sino también aquellos que pueden haber estado viajando dentro de la velocidad indicada pero demasiado rápido para el estado de las carreteras”.
De una vez por todas, las autoridades de nuestro país deben abordar el tema del tránsito de manera global, con sentido común y escuchando a quienes utilizan las carreteras nacionales en forma frecuente. No se puede ser políticamente correcto con la tribuna y al mismo tiempo tomar medidas que necesitan voluntad política para ser implementadas. En el tránsito, como en la realidad, es muy difícil silbar y comer gofio.
