La Fiscalía General de la Nación (FGN) es un servicio descentralizado al cual le corresponde ejercer el Ministerio Público y Fiscal en nuestro país. Entre los cometidos sustantivos de esta institución pueden incluirse, entre otros, los siguientes: a) fijar, diseñar y ejecutar la política pública de investigación y persecución penal de crímenes, delitos y faltas, b) dirigir la investigación de crímenes, delitos y faltas, c) ejercer la titularidad de la acción penal pública en la forma prevista por la ley, d) atender y proteger a víctimas y testigos de delitos, e) ejercer la titularidad de la acción pública en las causas de adolescentes infractores y f) ejercer la titularidad de la acción fiscal en las causas por infracciones aduaneras.
La sola enumeración de los cometidos sustantivos antes mencionados deja en claro la importancia de la tarea que la FGN lleva adelante y de la repercusión que tiene como protagonista calificado del estado de Derecho. Sus actuaciones tienen una sensible relación con diversas conductas de todos los habitantes de nuestro país, pero la misma se torna mucho más delicada cuando sus acciones están dirigidas contra figuras políticas o involucran temas que repercuten directamente en la opinión pública. En los últimos meses, la FGN ha incurrido en claras omisiones a la hora de preservar la reserva de sus actuaciones y de los distintos involucrados, una práctica que afecta o puede afectar a todos los ciudadanos de nuestro país, se trate de políticos renombrados o se simples ciudadanos “de a pie”. El pasado 24 de octubre en el programa radial “En Perspectiva” se presentaba de esta forma esa terrible situación: “La Fiscalía General de la Nación está de nuevo bajo la picota. Esta vez por filtraciones de la causa por explotación sexual de menores en la que fue imputado el exsenador, Gustavo Penadés. Hace dos semanas, antes de que el exlegislador fuera formalizado, se filtró en la prensa el contenido de las escuchas telefónicas ordenadas por la fiscalía a un grupo de colaboradores de Penadés. En esas conversaciones intervenidas las personas admitían, entre otras cosas, que el exsenador les había pedido que ‘limpiaran’ sus teléfonos antes de ir a declarar a Fiscalía. No es la primera vez que se filtra información, de una causa de altísima sensibilidad política. Por ejemplo, el año pasado se filtraron decenas de chats y audios de WhatsApp del excustodio presidencial Alejandro Astesiano. A través de aquel goteo de información se conocieron diversas derivaciones de la causa penal en la que se investigó a Astesiano y a otros jerarcas”. En el curso de una entrevista relacionada con este tema, el diputado nacionalista Rodrigo Goñi expresó lo siguiente: “Estoy preocupado por el acceso de terceros a información confidencial de cientos de ciudadanos. Se está afectando la institucionalidad democrática”. En el caso de Goñi, y tal como informara el programa periodístico que dirige Emiliano Cotelo, “su preocupación se centra en datos de personas que no son las directamente indagadas pero que terminan apareciendo en comunicaciones intervenidas o en teléfonos incautados. El hecho de que esa información circule por varias manos, no solo de periodistas, puede llevar, por ejemplo, a que esas personas sean extorsionadas por terceros a partir de datos íntimos, familiares o laborales. Según Goñi, el fiscal de Corte no está dando las garantías que la sociedad necesita para estar segura ante las patologías que pueden de los sistemas legales de intrusión en comunicaciones.
Las filtraciones no terminan en esos casos. Tal como lo reseña el diario “La Mañana”, “uno de los casos más sonados, y que involucra a dos funcionarios de la fiscalía, fue la investigación sobre la destrucción de documentos y la supuesta sustracción de otros en la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec). Dos funcionarios de Fiscalía fueron acusados de filtrar a personas cercanas al expresidente de la Ursec, Nicolás Cendoya, una foto de un elemento que estaba en la carpeta de la investigación. Se trataría de la denuncia policial por la destrucción de documentos que forma parte del expediente”. La publicación referida menciona, asimismo, otros antecedentes en esta triste materia: uno de los casos de filtración reciente tuvo que ver con la investigación sobre el asesinato de tres infantes de Marina. La fiscal Mirta Morales se quejó por la filtración de las fotos de los cuerpos de las víctimas y que inclusive la prensa llegara antes que la policía en un allanamiento relacionado con el caso. También se filtró a la prensa las amenazas de muerte contra la fiscal Mónica Ferro, quien tiene a cargo la investigación de casos relacionados con estupefacientes, lo que generó preocupación en el entorno de la Fiscalía General de la Nación. Asimismo, se filtraron detalles de la solicitud de la Fiscalía por el tema del desafuero del senador y líder de Cabildo Abierto, el general Guido Manini Ríos”. Queda claro que, tal como lo expresa el título de este editorial, la fiscalía “es un colador” por la cual se filtra información altamente sensible y capaz de perjudicar a las causas en curso y a las personas relacionadas con las mismas. Si bien está claro que la prensa debe cumplir con su deber de informar, también lo es que la difusión de información tan sensible es verdaderamente preocupante, como también lo es que ciertos periodistas y medios de prensa se benefician de esas filtraciones.
Cuando el periodista Ignacio Alvarez difundió los audios sobre una sobre el caso de una violación grupal, las instalaciones de la emisora Azul FM fueron allanadas. La fiscal Mariana Alfaro, dispuso que se allanara asimismo la casa de Álvarez, pero esta diligencia no pudo ser cumplida porque no se contaba con la dirección correcta, según informaron fuentes de la investigación. El papelón cometido por la Fiscalía en este caso fue tan grande que el fiscal de Corte, Juan Gómez, se reunió con la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) por estos allanamientos y Fiscalía admitió que hubo “excesos en el procedimiento” y que fue “innecesario”. Llama la atención que la FGN no haya actuado con la misma velocidad y diligencia tantos otros casos de filtraciones.
A todo ello debe sumarse la desaparición de audios u otros medios probatorios, así como de archivos de determinadas causas y en general la absoluta incompetencia de la FGN para cumplir en tiempo y forma con los objetivos que le asigna la legislación vigente. Como todo el mundo sabe, las denuncias que se tramitan ante fiscalía “duermen el sueño de los justos” y serán atendidas “tarde, mal o nunca” generando situaciones extremadamente complejas y angustiantes que poco parecen importarles a los supuestos responsables de tramitarlas, resolverlas y ejecutarlas. Cuando de políticos se trata, siempre aparece un fiscal llamativamente diligente para dar un trámite supersónico al tema en cuestión, pero cuando el damnificado sea “Juan Pueblo” todo el aparato de la FGN se tomará el tiempo necesario para tratarlo “a su debido tiempo”. Ante semejante combinación de falta de garantías no resulta extraño que los ciudadanos se sientan desprotegidos en el goce efectivos de sus derechos más elementales.
La FGN tiene la palabra y no puede seguir jugando con los derechos y garantías de quienes viven en nuestro país. Por acción o por omisión, su desempeño ha sido, por lo menos, un motivo de vergüenza para el prestigio institucional de Uruguay. Es hora de que aparezcan los responsables y se tomen las medidas necesarias de una vez por todas.
