A esta altura del milenio, el avance de las tecnologías de la información (TIC) es parte de una globalización a la que no escapa ninguna de las áreas de actividad, y en este contexto la informática, la digitalización, la incorporación de estas tecnologías en el funcionamiento cotidiano de la sociedad, aún en aspectos elementales, hacen que la educación digital resulte pieza fundamental para un uso adecuado de los instrumentos que se nos brindan y que en muchas áreas son excluyentes.
Es que a medida que se avanza en la difusión masiva de los instrumentos, nos encontramos con que el impacto en la sociedad, sobre todo en lo que tiene que ver con el manejo de los recursos, se presenta en general con una repercusión generacional que es marcadamente diferencial, con notorio desfasaje en el caso de personas de la tercera edad, sobre todo, para insertarse en el nuevo esquema no solo en lo que refiere para el mejor uso cotidiano, sino también para estar al tanto de las “trampas” que se plantean por los ciberdelincuentes para aprovecharse de la confianza y la falta de conocimientos de numerosos usuarios.
La creciente digitalización de nuestra sociedad ha venido acompañada del aumento de la ciberdelincuencia, en forma muy significativa, y los delitos digitales cada vez suponen una proporción mayor en relación con los ataques a personas y organizaciones. De hecho, se calcula que suponen a grosso modo un costo mundial no menor a los diez mil millones de dólares anuales.
Sin embargo, las tendencias al alza no son tan solo de carácter cuantitativo, sino que también se pueden observar cambios cualitativos en relación con la sofisticación de los ataques, especialmente en el ámbito de la ciberdelincuencia económica. Como consecuencia, la ciberseguridad se ha convertido en un sector imprescindible y necesario.
Por definición, la ciberdelincuencia son todos aquellos delitos que se cometen mediante las TIC, ya sea contra individuos, empresas como contra gobiernos. Así pues, los ciberdelitos son una acción antijurídica que está contemplada por el derecho penal en cada país, y a la vez es común imaginar que estos delitos son ejecutados por individuos aislados. Sin embargo, es importante tener en cuenta que cada vez existen más grupos organizados que se dedican a la ciberdelincuencia.
Existen determinadas características intrínsecas a la ciberdelincuencia que dificultan la eficacia de la lucha contra este tipo de delito. En primer lugar, el anonimato y la globalización digital son aspectos que distinguen los cibercrímenes de cualquier otro tipo de actividad delictiva. Así pues, por una parte, los entornos digitales dificultan el rastreo de las identidades de los ciberdelincuentes.
A su vez, Internet permite que los delitos puedan efectuarse desde cualquier lugar del mundo. Como consecuencia, resulta difícil localizar e identificar el origen del delito, así como sus perpetradores.
Otro rasgo típico de los ciberdelitos es que, a menudo, pasan desapercibidos en primera instancia. Así pues, las víctimas no se dan cuenta de que han sido atacadas hasta que ya es demasiado tarde, lo que dificulta una respuesta reactiva rápida y eficaz. Por este motivo, en materia de ciberseguridad, las estrategias proactivas en torno a la investigación y prevención son igual o más importantes que la eficiencia de las respuestas que se puedan generar.
Nuestro país, por supuesto, no escapa a esta regla, y en este contexto la Asociación de Bancos Privados del Uruguay (ABPU), lanzó en estos días una campaña para abordar el desafío apremiante del mundo digital que significa la ciberdelincuencia.
Según da cuenta El Observador, ante la creciente amenaza de estafas en línea y robos de identidad, las instituciones financieras uruguayas se unieron para promover la ciberseguridad como una responsabilidad compartida entre usuarios y bancos.
La tarea, concebida como una colaboración estratégica entre los bancos líderes del país, tiene como objetivo concientizar a la población sobre la importancia de adoptar prácticas seguras en línea y estar alerta ante posibles amenazas cibernéticas.
La directora ejecutiva de ABPU, Barbara Mainzer, enfatizó la necesidad de una acción conjunta en la lucha contra el ciberdelito y expuso que “los bancos permanecen vigilantes y emplean diversas medidas para proteger a los usuarios, pero necesitamos el compromiso activo de los propios usuarios para mitigar los riesgos”.
El plan se basa en mensajes claros y directos, destinados a educar a los usuarios sobre las mejores prácticas en línea. Frases como “no aceptes cosas de extraños” y “no uses la misma contraseña para todo” resuenan en la campaña, recordando a los usuarios la importancia de la prudencia y la seguridad en sus interacciones en línea.
Además de las precauciones básicas, la operación aborda nuevas amenazas emergentes en el panorama digital, desde el phishing hasta el uso de redes Wi-Fi abiertas, ofreciendo consejos prácticos para evitar caer en trampas cibernéticas. “Si hay nuevos peligros, hay nuevos ‘no’”, afirmó Mainzer, destacando la necesidad de adaptarse a un entorno digital en constante evolución.
Sin embargo, consideró que la protección contra la ciberdelincuencia va más allá de la educación y la concientización y también destacó la urgente necesidad de una legislación sólida que aborde específicamente el ciberdelito en Uruguay. Un proyecto de ley para prevenir y reprimir la ciberdelincuencia fue aprobado en la Cámara de Representantes y actualmente se encuentra en el Senado. “Es vital que se apruebe esta ley”, subrayó Mainzer, señalando las limitaciones actuales que enfrentan las instituciones financieras para proteger a los usuarios.
Claro que el tema va mucho más allá de la legislación, pese a que es un tema muy importante, porque la persecución de los autores, y sobre todo recuperar lo perdido por la estafa, es sumamente complejo. Una vez que desapareció el dinero, sobre lo que hay tan numerosas como ingratas y dolorosas experiencias, la recuperación es problemática, por no decir imposible, las más de las veces, porque a partir de que el delincuente obtiene la información que busque del desprevenido usuario, se apodera de su identidad digital y en cuestión de segundos le saca el mayor provecho posible.
Incluso cualquiera de nosotros que utilice correo electrónico debe haber recibido en más de una oportunidad correos electrónicos con logos de bancos e instituciones de todo tipo, muy bien logradas, en los que se pide actualización de datos o vinculación de dispositivos para que no le suspendan la cuenta, sorprendiendo en su buena fe a muchas personas, y de esta forma se abre la posibilidad de estafas y robos de dinero a cuentas personales o institucionales en un abrir y cerrar de ojos, lo que también se da a través del uso de redes sociales como el WhatsApp.
De lo que se trata, realmente, es de extender y perseverar en la educación sobre el manejo de las herramientas digitales, sobre todo de celulares, tabletas y PC, para lo que son fundamentales las campañas como las que promueve la Asociación de Bancos, como así también de organismos del Estado, y los cursos –ya se está trabajando bastante en la materia en Paysandú– de las asociaciones de pasivos, entre otros aportes, para asesorar en particular a los sectores más vulnerables y tratar de ponerlos a cubierto de estas prácticas, haciéndole además la vida más difícil a los ciberdelincuentes.
