Buenos Aires (Por Horacio R. Brum).-La noticia no ocupó más que media columna, perdida entre los temas de sociedad, en la edición del diario La Nación del domingo pasado: según la fiscalía general de la provincia de Santa Fe, alrededor de 35.000 niños y adolescentes hicieron apuestas de juegos de azar en un sitio ilegal de Internet. En esa provincia, así como en Entre Ríos, Córdoba y Buenos Aires, las autoridades realizaron allanamientos mediante los cuales se identificó a una sociedad anónima manejada por ciudadanos argentinos y brasileños, que operaba una plataforma electrónica de juego clandestino. Hasta donde pudo averiguar la fiscalía santafecina, el 23% de los apostadores tenía quince años de edad.
1.000 kilómetros al norte, en Salta, la secretaría provincial de Salud Mental y Adicciones ha lanzado una advertencia sobre el aumento de la ludopatía o compulsión al juego y también se menciona a los jóvenes entre los principales afectados. De vuelta en el centro-sur de Argentina, los maestros de la ciudad de Chivilcoy -con una población similar a la de Paysandú-, manifestaron su preocupación porque hay alumnos que utilizan sus celulares para hacer apuestas por dinero durante los recreos y hasta en el aula. Chivilcoy pertenece a la provincia de Buenos Aires, donde 7 de cada 10 menores viven en situación de pobreza, y está la mitad del volumen nacional de las apuestas por Internet.
Como lo reveló el informe Apostar no es un juego, que publicó el mes pasado la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), existe la amenaza de una epidemia de ludopatía juvenil, que se extiende a todo el país. La muestra del estudio incluyó a 9.000 personas de entre 15 y 29 años, en 360 localidades. En promedio, los entrevistados gastaban en apuestas las dos terceras partes de lo que recibían de su familia para los gastos diarios. Por otra parte, los psiquiatras especialistas en adicciones dicen estar recibiendo a los jóvenes como “un nuevo tipo de pacientes”, con angustia, tristeza y depresión, los que resultan inicialmente inexplicables para los familiares, hasta que se descubre la adicción a las apuestas y los problemas que conlleva, como las deudas contraídas y las presiones y amenazas que reciben cuando no pueden pagarlas.
Recientemente, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires informó que ha logrado bloquear 1.086 sitios electrónicos ilegales de apuestas, pero no existe una legislación nacional para el control y depende de cada provincia el número de operadores autorizados. En la capital, por ejemplo, estos son once, pero en la provincia bonaerense, cuya jurisdicción comienza simplemente al cruzar la avenida General Paz, son siete las licencias concedidas y en Mendoza hay cinco. En Chile, la propia Corte Suprema resolvió que todas las apuestas por Internet son ilegales, aunque existe una relación al borde de la ley con algunos clubes de fútbol, que tienen contratos de auspicios con las empresas de juegos que funcionan desde el exterior. Lo que dificulta los controles o las prohibiciones es que esas compañías mueven grandes sumas de dinero; en el caso argentino, los gobiernos provinciales suelen percibir el 10% de las ganancias, en forma de impuestos.
Además, en el marco de la desregulación total que promueve el gobierno de Javier Milei, hay poco ambiente para interferir con los negocios privados. Hace dos meses, la Defensoría del Pueblo solicitó al Banco Central que estableciera más controles sobre las cuentas abiertas por menores en los bancos y en las billeteras virtuales (medios electrónicos de pago que se cargan con transferencias de dinero); hasta ahora, la solicitud no ha sido acogida y solamente algunos bancos, como el Santander, han tomado la iniciativa de bloquear el acceso de las cuentas de menores a todo tipo de apuestas por Internet. No obstante, hay numerosos operadores clandestinos que, según los especialistas en el problema, actúan casi como los vendedores de drogas, al ofrecer inicialmente a los niños y jóvenes “fichas” o crédito para jugar. La cadena del enviciamiento suele comenzar con los influencers, unos sujetos que emplean las redes sociales para hacerse conocidos por sus comentarios, consejos u opiniones. Estos individuos reciben dinero por recomendar productos o servicios a sus seguidores, y establecen el vínculo con los “cajeros”, a quien el futuro apostador llama por el sistema de mensajes WhatsApp, le dice a qué quiere jugar y recibe instrucciones para obtener un crédito, previa transferencia de dinero a una cuenta bancaria. Hecha esta operación, el cajero entrega unos códigos para entrar en la página del juego. Hay en Internet páginas para juegos y apuestas de todo tipo, pero como lo comprobó este corresponsal en una plataforma legal, los mecanismos para proteger a los menores son mínimos y por lo general se reducen a un link o enlace que dice: “certifico que soy mayor de 18 años”.
De acuerdo a lo que informan los investigadores del problema, en el ambiente ilegal hasta es posible que los menores se conviertan en cajeros, atraídos por el hecho de que ellos llegan a recibir el 40% del valor de la apuesta. Una profesora de Córdoba denunció en el diario La Nación que hay adolescentes de 15 o 16 años haciendo de cajeros. Otros jóvenes pueden convertirse en prestamistas de los amigos que incurren en deudas para financiar el vicio; por lo general, en la clase media y alta pertenecen a hogares con un buen poder adquisitivo y tienen cuentas bancarias propias. Al deudor lo presionan por la culpa, diciéndole que necesitan desesperadamente recuperar el dinero del préstamo, pero en los barrios populares, donde los prestamistas pueden estar relacionados con el microtráfico de drogas, la amenaza de la violencia física es lo usual.
El psiquiatra Federico Pavlovsky, analizó con colegas de otras disciplinas el problema del enviciamiento de los menores con las apuestas por Internet. Su libro Apuestas online tiene el subtítulo de “la tormenta perfecta”, porque advierte de un escenario catastrófico si el problema no es enfrentado de forma integral, mediante la educación y la regulación. El gobierno nacional inició en junio la campaña “Cuando apostás al juego siempre perdés”, dirigida a los adolescentes. Sin embargo, en lo que parece ser una medida contradictoria, la Comisión Nacional de Valores emitió este mes una norma para permitir que desde los 13 años sea posible especular en la Bolsa, mediante la compra y venta de acciones y bonos. Anteriormente, ya era posible que a partir de esa edad los menores pudieran tener cuentas de ahorro con tarjetas de débito y realizar depósitos a otras cuentas (lo que se emplea para las apuestas por Internet); ahora se les abre el mundo de la Bolsa, supuestamente con la supervisión de los adultos, como una manera, en la versión oficial, “de impulsar la educación financiera desde edades tempranas”. Además, el año que viene serán obligatorias en todos los colegios secundarios de la ciudad de Buenos Aires las clases sobre el manejo en el mundo de las finanzas.
Las empresas captadoras de capitales están entusiasmadas con estas medidas y creen que así los menores harán inversiones “serias”, alejándose del ambiente de las apuestas clandestinas. Quienes critican la medida expresan que, en primer lugar, cabe preguntarse cómo se educará a los padres para supervisar a sus hijos-inversores. También apuntan los críticos a las notorias deficiencias actuales de la educación argentina: “Quizás ocurra el extraño fenómeno de chicos que no entienden un texto, pero aún así parecen estar en condiciones de conocer los resquicios de la Bolsa …como para comprar y vender bonos”, escribió un columnista del diario Página12.