El concepto de la medición de la pobreza multidimensional no es nuevo ni a nivel global ni en Uruguay. A nivel mundial, desde 2010, alrededor de cien países miden las carencias básicas de las poblaciones vulnerables, considerando aspectos más allá de las transferencias estatales o los ingresos monetarios. En nuestro país, un informe presentado en 2013 por el Ministerio de Desarrollo Social, titulado “Pobreza multidimensional: ejercicio de medición para Uruguay”, constituyó una primera aproximación para analizar las carencias en áreas como vivienda, servicios, dificultades en la escolarización, y el acceso a la seguridad social y a prestadores de salud.
La semana pasada, el director técnico del Instituto Nacional de Estadística, Diego Aboal, presentó los datos correspondientes al año 2024. En primer lugar, es importante aclarar que el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) es distinto a la pobreza monetaria, que mide el ingreso de los hogares.
De acuerdo con este indicador, el 18,9% de la población está privada de 4 o más de los 15 indicadores de las distintas dimensiones analizadas en el informe, tales como educación, condiciones habitacionales, servicios básicos, protección social y empleo. Es decir, esta fracción de la población es pobre multidimensionalmente.
El 17,5% de la población vive en hogares donde al menos uno de sus miembros mayores de 18 años presenta carencias en años de escolarización. En el 13% de los hogares, alguno de sus integrantes mayores de edad enfrenta la informalidad laboral, mientras que el 11,2% de los hogares tiene problemas con la infraestructura o los materiales de sus viviendas.
El indicador es más elevado en la población residente en el interior del país. El 21,4% de las personas que viven fuera de Montevideo se encuentran en situación de pobreza multidimensional, mientras que solo el 15,1% de los habitantes de la capital se encuentra en la misma situación.
Si el enfoque es multidimensional, el abordaje no debe ser responsabilidad exclusiva de un ministerio u organismo. Tampoco puede ser el resultado de una única gestión gubernamental, ya que las carencias en vivienda, la escolarización de la población y los altos índices de informalidad laboral son consecuencias de años de falta de políticas de Estado.
Es fundamental medir estos datos desde la perspectiva de las políticas públicas, y no desde la partidización de las propuestas. Es, además, un dato relevante que el propio Estado comience a generar un cambio cultural en la medición de la pobreza, entendiendo que esta no es exclusivamente monetaria.
Por ejemplo, casi un 9% de las personas pobres tienen problemas de hacinamiento, lo que debería ser abordado por el Ministerio de Vivienda. En el interior del país, la falta de saneamiento es uno de los problemas más graves, que corresponde a OSE, así como la falta de conectividad a Internet, que es responsabilidad de Antel.
Este enfoque integral es una oportunidad para fomentar el trabajo complementario entre organismos y ministerios. Las gestiones, en general, tienden a dividirse en compartimentos estancos, donde cada organismo se considera incompetente frente a cuestiones relacionadas con la pobreza.
Al hablar de pobreza en Uruguay, las miradas casi siempre se dirigen al Ministerio de Desarrollo Social (Mides), y se le exige que sea el principal responsable de las transferencias monetarias y los programas enfocados en la vulnerabilidad. Sin embargo, como hemos visto, el Mides no ha podido hacerlo solo, y esto ha sido evidente en todas las gestiones en las que ha participado.
Es crucial que los ministerios y organismos vinculados a diversos servicios y prestaciones se sienten a la mesa para evaluar enfoques multidimensionales para un problema multicausal. De lo contrario, corremos el riesgo de dotar al debate de discursos políticos innecesarios e ineficaces.
El informe también revela un dato que no suele asociarse con la pobreza: los años de escolarización de las personas influyen a lo largo de su vida, tanto en sus oportunidades laborales y, por ende, en sus ingresos, como en su desarrollo humano.
En este caso, es necesario observar a la población en su totalidad y no solo a los hogares. El 46% de los uruguayos, es decir, casi la mitad de la población del país, vive en hogares donde al menos uno de sus miembros no alcanza el nivel mínimo de escolarización. Este dato, por sí mismo, no ha generado suficiente preocupación a lo largo de los años. Si hubiera sido una prioridad, se habrían implementado medidas para mejorar la escolarización y, por ende, la calidad de vida de estas personas.
El núcleo duro de la pobreza afecta al 7,4% de los hogares, es decir, a una población que enfrenta carencias monetarias para acceder a una canasta básica, además de otros indicadores multidimensionales.
Tampoco causó sorpresa que el índice de pobreza infantil entre los menores de 6 años sea elevado, afectando al 31,4% de esta franja etaria. Entre los 6 y los 12 años, el índice asciende al 27,5%, y entre los 13 y los 17 años, al 27%. Estas cifras son considerablemente superiores al promedio general de pobreza multidimensional, que es del 18,9%.
Los hogares pobres tienen una mayor cantidad de niños, lo que, al contabilizarlos, da como resultado una proporción aún mayor de pobreza multidimensional en comparación con el resto de la población.
Por último, la calidad de esta estadística es fundamental para mejorar el trabajo académico y otros estudios técnicos. Sin embargo, esta información solo será útil si se trabaja sobre las cinco dimensiones claras que establece el informe, ya que cada una de ellas tiene el mismo peso.
A nivel regional, son más de una docena los países que cuentan con indicadores comparables, 13 de los cuales incluyen a Uruguay. Sin embargo, los ingresos monetarios no siempre pueden compararse debido a diversos factores. No obstante, la precariedad en las viviendas y la informalidad laboral son indicadores claves para comenzar a trabajar con un enfoque multidimensional.