El episodio de las falsas amenazas de bomba que alteró la normal tranquilidad uruguaya hace algunos días ya tiene una entrada propia en Wikipedia, pero además tuvo cierta repercusión en medios internacionales que suelen incluir en sus agendas la información de nuestro acontecer nacional. Pero no es la única situación fuera de lo común que nos ha atravesado, porque simultáneamente el país está siendo objeto de una serie de hackeos a páginas de instituciones estatales pero también privadas.
La primera de estas dos “oleadas”, la de las bombas, parece haberse desactivado después de algunas detenciones de presuntos responsables de estas acciones. “Pusimos una bomba”. Esa frase, o variantes de ella, fueron transmitidas a lo largo de varios días a diferentes instituciones y centros comerciales de Montevideo provocando la evacuación preventiva y alterando el normal desarrollo de las actividades.
Las falsas alertas comenzaron el sábado 22 cuando en Montevideo Shopping se recibió una amenaza de bomba y el centro comercial debió ser evacuado, al día siguiente sucedería lo mismo en ese mismo lugar y también en el de Punta Carretas; luego sería amenazado el Portones Shopping. Luego siguieron por el Mercado Agrícola de Montevideo (MAM), después fue el turno nuevamente de Portones Shopping en Carrasco y otra vez en el de Punta Carretas y posteriormente en todas las sedes de la Universidad Católica del Uruguay (UCU) en Montevideo, Salto y Madonado, donde se interrumpieron las clases de ese día. También hubo otras amenazas contra la mutualista Círculo Católico y contra sedes de la Universidad de la República, por ejemplo. Fueron unas 20 llamadas telefónicas y al menos cinco correos electrónicos amenazantes dirigidos contra más de una docena de instituciones públicas y privadas.
Insólitamente, se detectó que quien generó la amenaza, un guardia de seguridad, durante la segunda evacuación de Montevideo Shopping ofreció una entrevista televisiva, relatando los hechos. Esta persona, al cabo de la investigación, fue condenada a seis meses de prisión en régimen de libertad a prueba. Asumió su participación en el hecho investigado y se le imputó simulación de delito y violencia privada en concurso formal. No explicó por qué realizó los avisos de amenaza de bomba. También fue imputado un hombre de 20 años, con antecedentes penales por receptación, que estaba detenido como sospechoso de ser autor de amenazas de bomba contra centros educativos. Deberá cumplir con arresto domiciliario con tobillera electrónica por 120 días.
Además, por violencia privada y simulación de delito fue imputada una mujer de 28 años, que trabajaba en Montevideo Shopping, la cual deberá estar 45 días de prisión domiciliaria con tobillera electrónica. La investigación continúa porque hay demasiados cabos sueltos. Para el ministro del Interior, Carlos Negro, no se trata de las únicas personas involucradas y prometió llevar “a todas y cada una” a la justicia y cobrarles las multas estipuladas por la ley, que pueden alcanzar los 182.000 pesos.
Además de lo “pintoresco” de esta situación, que en alguna medida puede haber sido aprovechada por otras personas para evadir responsabilidades laborales o estudiantiles, con mucho menos repercusión hay otra serie de episodios que también tienen en vilo a las autoridades. Se trata de una serie de hackeos contra instituciones oficiales y que ha tenido secuelas también en algunas páginas de empresas del sector privado, como Buquebús o el diario El País. El más reciente de la lista fue el caso del Ministerio de Desarrollo Social, donde se detectó la filtración de más de 37.000 documentos. Se viene repitiendo esta forma de proceder de vulneración y publicación de estos bloques de datos a la venta en alguna plataforma de la deep web.
Sobre este último episodio publicó El País que la empresa Birmingham Cyber Arms LTD alertó del ciberataque y la filtración de 37.756 documentos, que incluyen información personal de los ciudadanos uruguayos junto a la amenaza de que se trata solo de “una muestra” y aseguró que cuenta con información de más de 290.000 viviendas. Promete archivos con datos personales como la cédula de identidad, fecha de nacimiento, núcleo familiar, domicilio, número de teléfono y correo electrónico de los ciudadanos.
Esta seguidilla comenzó con la vulneración de la página de Dinacia, Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica, cuando dejaron un mensaje y publicaron el número de teléfono del presidente de la República, Yamandú Orsi, con un mensaje amenazante y se filtraron 15.000 solicitudes de visa atribuidas a la Dirección Nacional de Migración, 13 gigabytes de datos de la Masonería uruguaya y se difundió información personal de 500 profesores de la Universidad de la República. Lo constante en las últimas intervenciones ha sido el reclamo de liberación de un joven de 18 años, el único responsabilizado por la Justicia, quien se encuentra cumpliendo prisión preventiva bajo la imputación por los delitos de vulneración de datos agravado, acceso ilícito a datos informáticos y tres delitos de interceptación ilícita.
El director de Agesic, la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y Comunicación, Daniel Mordecki, aseguró que detrás de este tipo de delitos no hay una motivación económica sino la intención de lograr un daño reputacional, de forma de “dañar la imagen del gobierno y de la gestión de gobierno”.
De momento no puede hablarse más que de cierto paralelismo en la oportunidad, de una coincidencia en el tiempo de estas dos “olas”, que se producen justo al comienzo de un gobierno. Es de destacar la celeridad con que se han hallado personas a las que atribuir al menos una responsabilidad parcial, aunque no se ha llegado a fondo con una explicación sobre las motivaciones detrás de estas acciones y si, eventualmente, hay algún tipo de conexión entre ellas. Lo deseable sería que apareciesen algunas de las respuestas a estas preguntas y que no queden como un nuevo “Caso Feldman” (2009), una cosa rara que pasó y no terminamos de comprender del todo.
