(Presidencia-el país)
“El bien supremo es garantizar el acceso al agua potable de la población del área metropolitana, de aquí a 2035”, dijo el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez. El anuncio fue realizado el viernes 11 de abril en Torre Ejecutiva, tras la reunión en la que, además de Sánchez, participaron el ministro de Ambiente, Edgardo Otuño, y el presidente de OSE, Pablo Ferreri, con los representantes del consorcio de empresas encargado de concretar el proyecto Neptuno.
El secretario dijo que, en el encuentro, el gobierno planteó al consorcio “frenar la ejecución” del proyecto por los próximos 90 días, como forma de poder renegociar el contrato. El acuerdo implica que “se congela todo lo que firmó el gobierno saliente” y no se innovará en ninguna de las áreas que supone la iniciativa, explicó.
Sánchez añadió que esta medida permitirá instalar una mesa de trabajo permanente para renegociar el contrato. “Tenemos una visión crítica del proyecto Neptuno”, dijo.
Señaló que el objetivo del gobierno es garantizar el abastecimiento de agua potable para la población del área metropolitana hasta 2035. El cumplimiento de este objetivo requiere una estrategia que abarque obras, acciones e inversiones.
En otro orden, indicó que el Ejecutivo mantiene el compromiso de concretar la construcción de una represa en Casupá, en el departamento de Florida. Se trata de una obra prioritaria, expresó, que garantiza la reserva suficiente de agua bruta para el abastecimiento.
El jerarca dijo que ya se comenzó a trabajar, dado que había un avance sustantivo en el proyecto. Se están actualizando los estudios de impacto y viabilidad, y también se avanza en los aspectos vinculados con la aprobación ambiental, aseguró.
Como se recordará, representantes del gobierno de Lacalle Pou firmaron a finales de enero de 2025 este polémico contrato para la puesta en marcha del proyecto Neptuno en Arazatí, para la construcción de una planta potabilizadora que tomaría agua del Río de la Plata para abastecer el área metropolitana y alrededores.
El consorcio, que obtuvo la adjudicación en agosto de 2023, está integrado por las empresas Berkes, Saceem, Ciemsa y FAST.
Tras la firma, Presidencia brindó detalles del acuerdo. Allí se indicó que el contrato permitiría “iniciar las obras del proyecto Arazatí, la inversión más grande de la historia del país en infraestructura para agua potable”.
El gobierno de Lacalle Pou añadió entonces que “para dimensionar la importancia y necesidad de esta obra, conviene recordar la histórica crisis hídrica que afectó al país en 2023 y su impacto en la calidad del agua” y que el proyecto Arazatí garantizaba “un derecho básico a la población que reside en Montevideo y el área metropolitana”.
“La obra es un compromiso del gobierno para hacer frente a un problema que se arrastra desde hace décadas, relacionado con la ausencia de una segunda fuente para el suministro de agua potable, para abastecer a más del 60% de la población del país”, concluía el escrito.
PROCESADO POR TENENCIA DE MARIHUANA EN PUENTE MAUÁ
(Prefectura Nacional)
Este viernes a las 11, un ciudadano brasilero ingresaba al país por Río Branco por el puente Barón de Mauá y el vehículo, un taxi, fue sometido al control de rutina. El único ocupante del vehículo, de 26 años e iniciales R.F.D.N., no fue claro en sus motivos de ingreso al Uruguay, por lo que se inició una tarea de vigilancia que terminó con la detención del individuo y la incautación de una mochila que contenía siete paquetes de una sustancia vegetal con un peso de 2.386 kilogramos, que arrojó resultado positivo a la prueba de campo para marihuana.
R.F.D.N. fue puesto a disposición del Juzgado Letrado de 2.º Turno de Río Branco y procesado con prisión como autor de un delito de tenencia no para consumo de una sustancia estupefaciente a la pena de dos años y dos meses de penitenciaría.
DGI ADVIERTE POR FRAUDE CON CORREO ELECTRÓNICO
(DGI)
DGI informa que recibió reportes de diversos contribuyentes respecto a un correo electrónico fraudulento en el que se les comunica la existencia de un supuesto saldo a favor para cobrar en DGI, condicionado al pago previo de un impuesto. En ese correo se adjunta un archivo pdf que contiene una firma escaneada perteneciente a la anterior directora de DGI y copias de sellos oficiales de organismos públicos. “Este mensaje es fraudulento y no ha sido emitido por nuestra organización”, advierte la DGI.
“Solicitamos a todos los destinatarios que no respondan ni realicen ningún tipo de pago y que, en caso de que consideren necesario, lo informen a Reporte de incidentes técnicos de DGI”, concluye el comunicado.