En el Interior, en poco más de una semana, murieron tres bebés en circunstancias marcadas por la violencia, el abandono y la indiferencia. Muertes que podrían haberse evitado si las alarmas y los mecanismos de seguimiento sanitario y judicial se hubiesen activado a tiempo.
En Tarariras, una bebé de tres meses fue encontrada muerta en una pensión, tras haber permanecido 17 horas en estado de abandono. Hija de padres con problemas de adicciones, había sido trasladada a San José para recibir tratamiento por exposición a drogas y sífilis.
Permaneció 11 días internada en ese centro hospitalario y luego fue derivada al hospital de Colonia, donde se realizaría una valoración social de su entorno. El caso fue judicializado a raíz de una denuncia de los funcionarios de la salud, quienes señalaron que la madre presentaba un estado físico y mental inadecuado para la crianza de la niña.
El INAU envió una psicóloga que recomendó priorizar el derecho al vínculo con el padre. Sin embargo, los funcionarios del hospital insistieron en su denuncia, dado que el hombre, con antecedentes penales y también consumidor, no estaba en condiciones de cuidar a su hija. A pesar de ello, la Justicia resolvió que la bebé fuera trasladada a Montevideo para permanecer con su padre y una tía. Solo unos días después, la niña apareció muerta y abandonada en una pensión de Tarariras. Nadie sabe cómo llegó allí, ni tampoco en qué concluirán las “pericias pendientes”, según el Ministerio Público.
Días más tarde, fue ingresada al hospital Pereira Rossell una bebé de 19 días con signos de maltrato severo: fracturas de costillas, hematomas abdominales que evidenciaron una laceración hepática y hemoneumotórax, una condición médica de extrema gravedad. Actualmente, la niña se encuentra al cuidado del personal del hospital, a la espera de una resolución judicial. El padre, que estaba solo con ella al momento de los hechos, alegó en su defensa que se quedó dormido y, al darse vuelta, accidentalmente la aplastó.
En Tacuarembó, la madre de mellizas de nueve meses fue imputada por homicidio especialmente agravado por el vínculo y por brutal ferocidad. Una de las niñas falleció y la otra estuvo internada en CTI. Ambas presentaban signos de violencia física. La mujer tenía antecedentes por violencia doméstica contra otros miembros de su familia. Cumplirá 180 días de prisión preventiva mientras se espera el juicio oral.
La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, reparó en esta dolorosa estadística —ocurrida en apenas un fin de semana— y enfatizó la necesidad de un Estado que prevenga y repare. “Pero también nos desafía como sociedad. Estos problemas debemos abordarlos en conjunto y no limitarnos a contar cuántas personas, desgraciadamente, fallecen o no”, señaló.
Lustemberg, pediatra de profesión, con trayectoria como legisladora y exdiputada por el Frente Amplio, presentó un proyecto de ley que reorganiza las políticas públicas dirigidas a la infancia y adolescencia.
La iniciativa, tras múltiples acuerdos y gestiones impulsados por la propia exlegisladora, fue aprobada casi al final de la legislatura pasada. Comenzó a gestarse en 2017, ingresó a comisión en 2019, pero el período legislativo concluyó sin que pudiera tratarse. El proyecto retomó discusión en 2020 y, cuatro años después, fue finalmente sancionado.
La ley garantiza atención integral para niños y adolescentes, con una visión global y evitando la fragmentación institucional. Según Lustemberg, esta normativa apunta a consolidar políticas de Estado dirigidas a la primera infancia.
Entre sus innovaciones, crea un sistema único de información para coordinar servicios y dar respuestas más rápidas a las necesidades de la niñez, sin crear nuevas instituciones ni exigir recursos adicionales, sino mediante una mejor planificación y monitoreo del presupuesto público.
¿Qué ocurrió con esta ley? ¿Está implementándose como se pensó? Su aplicación permitiría actuar con mayor rapidez y eficacia en casos como los ya mencionados.
Hace pocos días, en una nueva edición de Desayunos Búsqueda, Lustemberg afirmó que el 57% de las muertes de menores de 15 años son evitables, y citó como ejemplo la muerte de dos bebés en dos días: una por lesiones y otra por sífilis.
Desde allí desgranó una larga lista de carencias que atraviesan a la primera infancia en un país donde, además, cada vez nacen menos niños. En ASSE, 30.000 personas esperan atención en salud mental. En el hospital Pereira Rossell, 300 niños aguardan una cirugía oftalmológica.
Lustemberg recuerda siempre una frase del expresidente José Mujica: si no ingresaba al sistema político, no podría cambiar esa realidad. Participó desde el primer gobierno del Frente Amplio, estuvo al frente del Área de Niñez y Adolescencia de ASSE, coordinó el programa Uruguay Crece Contigo, fue subsecretaria del Ministerio de Salud, legisladora, y hoy ocupa el cargo de ministra.
Aunque Uruguay presenta una de las tasas de mortalidad infantil más bajas de América Latina, los casos mencionados no debieron ocurrir. Si sucedieron, es porque los organismos responsables de la salud, la infancia o la justicia no actuaron o no alertaron a tiempo.
Y lo más preocupante: a veces, estos seguimientos se pierden. Justo en un territorio pequeño, donde nacen alrededor de 29.000 bebés por año.
Según la Usina de Percepción Ciudadana, Lustemberg es una de las ministras con mayor aprobación pública. Esto ha despertado atención dentro de su fuerza política, que empieza a observar sus potencialidades de cara al futuro. La ministra no se pronuncia al respecto: sabe que aún queda mucho camino por recorrer. Pero los hechos siguen sucediendo, y la crónica política —como su partido— se mantiene atenta, aunque aún falte mucho para 2029.
Al menos por ahora —tal como dijo la ministra—, las muertes de estos niños deben servir para corregir lo que el Estado debe prevenir. Y que no sea demagogia hablar de políticas públicas sostenidas.
Que así sea.
