La Liga del Trabajo de Guichón fue sede del segundo encuentro entre autoridades y productores, quienes plantearon su preocupación por la problemática que representan las jaurías para las majadas y el delito de abigeato en una zona de pequeños y medianos emprendimientos agropecuarios. En la segunda semana de agosto, el Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) concurrirá a la comisión parlamentaria de Bienestar Animal. El diputado Fermín Farinha asistió a la reunión y, a su salida, señaló la necesidad de establecer una iniciativa parlamentaria que cambie la condición de las jaurías y poder actuar en consecuencia.
“A partir del asesoramiento letrado que ya posee el instituto, le solicité insumos para trabajar por la vía legislativa en lo que tiene que ver con la calificación de estos animales que, en jaurías e individualmente, atacan a majadas. Es decir, ver la posibilidad de cambiar su condición porque no son animales de compañía y con la elaboración de un informe jurídico, estudiar la situación de estos animales que no cumplen con la condición de domésticos”, dijo el legislador a EL TELEGRAFO. Explicó que “cualquiera sea la categoría en la que se incorporen, se regulará también las condiciones para cumplir cuando se establezcan estas condiciones. Más allá que lo regula el Código Rural, también tenemos que saber lo que ocurre si se ven circulando por la vía pública, en zonas como Guichón donde la ciudad y la campaña son cercanas. O cuando hay constancia de que atacaron majadas y mataron decenas de lanares. Aquí hay una situación de riesgo para las personas del entorno”.
En este sentido, señaló la necesidad de “generar mecanismos de protección para los otros animales de la producción en general. Más allá de la responsabilidad de su tenedor, si es que lo tuvieren, porque son animales que no están castrados ni chipeados en la mayoría de los casos y se hace compleja su identificación. Pero, ¿qué pasa con esos animales que atacaron a otros? Durante la reunión se discutió sobre la categoría jurídica y, para mí, no deben entrar en la lógica de animales de compañía que están regulados por el bienestar animal”. Farinha destacó que “las jaurías se encuentran en otro contexto. Por eso, solicitamos asesoramiento al INBA para generar algún mecanismo y resguardar a los productores. Porque en la discusión también se deben agregar las zoonosis y otras circunstancias vinculadas al tema sanitario y de seguridad. Esperemos que no llegue a mayores y hasta ahora no ha sucedido, pero si estos animales atacan a personas, entonces se genera otro inconveniente mayor”. En la próxima ley de presupuesto “se busca que el INBA cambie su naturaleza jurídica y pase a funcionar como una persona pública no estatal, o paraestatal, dentro del derecho privado. De similares características al INIA o el LATU. Después se resolverá sobre su financiación”, concluyó.
