El presidente Yamandú Orsi convocó este jueves un Consejo de Ministros para cerrar el proyecto de presupuesto quinquenal que se remitirá al Parlamento el próximo domingo. El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, y la contadora general de la Nación, Adriana Arosteguiberry, encabezaron una conferencia de prensa para hacer públicos los resultados del citado Consejo.
El objetivo del presupuesto quinquenal, compuesto por unos 700 artículos, es “hacer una prospección para los próximos cinco años y establecer una agenda de trabajo”, afirmó Oddone. En ese sentido, sostuvo que es “una manifestación de rumbo” en un “contexto de enormes desafíos y de gran incertidumbre”. Mencionó como ejes prioritarios del proyecto presupuestal el crecimiento económico, el fortalecimiento de la matriz de protección social y la mejora de la seguridad pública. El ministro no dejó de mencionar los principios sobre los que el presupuesto está “sentado”. El primero de ellos, la “responsabilidad” de velar por la situación fiscal del país, “de manera intertemporal, de manera tal de asegurarles, tanto a quienes toman decisiones a nivel local y a quienes ven a Uruguay como una oportunidad de inversiones, como a quienes son financiadores de operaciones públicas de Uruguay, un contexto de predictibilidad”.
En segundo lugar Oddone se refirió a la “transparencia”, ya que incluye un conjunto de iniciativas que “fortalecen la transparencia del proceso presupuestal y la rendición de cuentas de parte del Poder Ejecutivo, no solamente al Parlamento, sino a la ciudadanía”. A su vez, el proyecto apuesta por “una enorme eficiencia”. Oddone sostuvo que las asignaciones presupuestales incrementales “son modestas”, pero invita a que los ministerios “busquen áreas de eficiencia” para “poder reorientar gastos y prioridades”.
El ministro explicó que el proyecto prevé asignaciones presupuestales incrementales, según las cuales, para 2026, el espacio fiscal será de 140 millones de dólares, pero, al final del período, alcanzará los 240 millones de dólares. “En primer lugar, y con distancia, la infancia y la adolescencia”, afirmó Oddone, en referencia a las prioridades del presupuesto, e informó que el 40% de las asignaciones presupuestales incrementales están focalizadas en acciones a esa población.
En segundo lugar, mencionó la seguridad pública, a la que se destina el 12% de las partidas presupuestales. En tercer lugar, Oddone mencionó el crecimiento económico, levemente por debajo del 12% y en el que se incluye la innovación, programas sectoriales, fortalecimiento de la investigación y la captación de inversiones. Le sigue la salud, también dotado con un 12%, donde está incluida una serie de iniciativas que el Ministerio de Salud Pública prevé en materia de atención a la infancia y la salud mental.
Un área que en los últimos tiempos pasó a ser muy polémica, la de las personas en situación de calle, tendrá un 10% de las partidas de incremento de asignación, mientras que el rubro “otros” se lleva aproximadamente un 14%.
Una “meta unidimensional” según Oddone incluirá “una regla fiscal”, que tendrá un tope de endeudamiento pero que no tendrá una meta sobre el tope de gasto. El ministro puntualizó que “detrás de la regla del tope de gasto” hay un “componente ideológico y político” que el gobierno no comparte.
“El tope de gasto y el gasto público no es esencialmente malo. El gasto público tiene que estar dentro de los parámetros para poder manejar la política fiscal, pero no es necesario la existencia del tope de gasto para mantener las finanzas públicas de manera equilibrada”, señaló.
Sobre el tema de la seguridad, Oddone dijo que está previsto el ingreso de mil funcionarios para el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y otros mil para el Ministerio del Interior. Además, dijo que para el año 2028 se duplicarán las partidas que cobran los policías de calle.
A su vez, se creará la fiscalía de cibercrimen y un juzgado y una fiscalía en Ciudad del Plata, además de un juzgado de género, y se introducirán recursos para las medidas alternativas. También se llevará de 13.000 a 18.000 la cantidad de cámaras de videovigilancia.
La represa de Casupá, la planta potabilizadora de Aguas Corrientes y la represa de Solís Chico serán las obras principales del proyecto y también robustecer el sistema penitenciario con al menos dos nuevas cárceles con participación pública y privada.
CASOS DE VARICELA AUMENTARON 62%
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La directora general de Salud, Fernanda Nozar, advirtió que la situación actual de la varicela en el país es “diferente a los años anteriores”. Los casos aumentaron 62% respecto al año pasado.
“Es una enfermedad endémica, es decir que hay una circulación mantenida, a bajo nivel porque tenemos un plan de vacunación, y en determinadas circunstancias pueden haber brotes, varias infecciones en un tiempo determinado, en un lugar determinado”, indicó.
Ante casos de varicela, se analizan los lugares donde se dieron y se aplican medidas preventivas para evitar contagios.
También se analiza “qué está sucediendo con las personas que se infectan, qué características tienen, sobre todo en cuanto a la cobertura vacunal, para ver si lo que estamos haciendo como medida preventiva es efectivo o no”. Los rangos con mayor contagio son en adultos jóvenes y en niños menores a cinco años.
MODIFICAN EDAD PARA CASARSE
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Con el voto de todos los partidos políticos, la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género del Senado aprobó el proyecto que de ley que modifica la edad para contraer matrimonio en el país: será desde los 18 años, con excepciones.
La senadora Liliam Kechichan dijo que el proyecto de ley se gestó durante la legislatura del último período de gobierno, después de haber recibido a Unicef y Naciones Unidas. “A nivel internacional, se trabaja mucho en contra del matrimonio infantil y se declara que son niños las personas menores de 18 años. Uruguay tenía un desfasaje en su legislación”, expresó la legisladora frenteamplista. De todos modos, el proyecto indica que quienes quieran contraer matrimonio a los 16 –como lo establece la legislación actual– podrán hacerlo con el aval de su padre, madre o tutor y la autorización de un juez.
