El Plan Quinquenal de Vivienda y Hábitat para el período 2025-2029 que proyecta alcanzar a 69.334 hogares, a través de subsidios de alquiler, garantía de arrendamiento, préstamos, mantenimiento de viviendas, entre otros, fue presentado en las últimas horas en el Parlamento por el Ministerio de Vivienda, y Ordenamiento (MVOT).
Es decir que se trata de casi 70.000 intervenciones, que no significan la misma cantidad de nuevas viviendas, sino que se incluyen en esta cifra distintas intervenciones destinadas a contemplar familias de menores recursos, de acuerdo al texto del mensaje remitido al parlamento.
Señala el ministerio que el costo que se destina a vivienda en los hogares uruguayos condiciona de manera decisiva los ingresos disponibles, teniendo en cuenta que los hogares inquilinos destinan en promedio 24,5% de sus ingresos al alquiler, proporción que asciende a 37,6% en el quintil más bajo, y que esto obliga a muchas familias a resignar gasto en alimentación, salud, educación o cultura para poder sostener la vivienda.
Carencias críticas
Asimismo, hay 66.882 hogares del país –equivalente al 5,4%– que presentan al menos una carencia crítica en materia de vivienda: hacinamiento, falta de acceso a agua potable y saneamiento, ausencia de baño de uso exclusivo o deficiencias constructivas en pisos, techos y paredes.
A juicio de las autoridades ministeriales, estas cifras reflejan que la política de vivienda no puede reducirse a la construcción de nuevas unidades, sino que requiere un abordaje integral que atienda simultáneamente la asequibilidad, la calidad habitacional y la integración al hábitat, combinando respuestas inmediatas para los hogares en mayor vulnerabilidad con estrategias estructurales de largo plazo.
A partir del diagnóstico, el plan organiza su acción en cinco grandes lineamientos estratégicos: el primero es la emergencia habitacional y la vulnerabilidad social, que concentra la atención en los hogares con carencias críticas, en los más de 667 asentamientos identificados en el país y en poblaciones específicas como niños y niñas, mujeres, personas mayores, personas con discapacidad y personas liberadas del sistema penitenciario.
Para estos hogares se prevén respuestas rápidas –a través de materiales, mano de obra y asistencia técnica– que permitan mejorar de inmediato las condiciones de vida, asegurando al mismo tiempo la continuidad hacia soluciones más estables.
En este eje se proyectan 19.850 acciones sobre el stock habitacional existente, 5.580 subsidios de alquiler y 213 nuevas soluciones habitacionales.
En consonancia con las prioridades definidas por el Poder Ejecutivo, el plan quinquenal del ministerio establece que la política de vivienda y hábitat también desempeñará un rol activo en la erradicación de la pobreza infantil extrema.
En ese sentido, en este primer lineamiento estratégico se destaca la creación del programa “Crece desde el pie”, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social y la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), que busca dar respuesta a hogares con niños y niñas recién nacidos en situación de vulnerabilidad social y que residen en viviendas con alta precariedad habitacional.
Coordinación con otros actores
Esta iniciativa contempla la coordinación interinstitucional con actores del sistema de salud y de protección social, con el fin de garantizar un abordaje integral y oportuno, así como la intervención directa en las condiciones de habitabilidad.
El segundo lineamiento es el acceso y la permanencia en la vivienda, orientado a diversificar las modalidades de tenencia mediante opciones de propiedad, alquiler social, cooperativas y autoconstrucción, respaldadas por instrumentos de crédito, subsidios y garantías. Dentro de este eje se destaca el programa Primera Vivienda, dirigido a hogares de ingresos medios y medios bajos que encuentran dificultades en el mercado formal.
En total, este lineamiento proyecta 20.681 soluciones habitacionales, junto con 640 acciones de mejora del stock existente, además de 1.200 subsidios parciales de alquiler y 3.800 garantías de alquiler, ampliando el alcance del Sistema Público de Vivienda (SPV) a sectores que tradicionalmente han quedado excluidos.
También se proyecta en este segundo lineamiento, las modificaciones del programa “Entre Todos” que se ha llevado adelante para acceso a viviendas promovidas amparadas a la Ley 18.795, dirigida a población objetivo del MVOT. Esta revisión y evaluación pretende transitar hacia un programa que permita –fundamentalmente– reperfilar los mecanismos de acceso, con tope de precios para las viviendas y subsidios a la demanda.
Mevir e integración urbano-rural
El tercer lineamiento también se orienta a la vulnerabilidad social, pero con foco en la integración urbano–rural. Impulsa intervenciones en barrios y localidades pequeñas que incluyan realojos, mejoras, procesos de regularización y conexión a saneamiento. Bajo este lineamiento se proyecta llegar a 17.370 hogares, que incluyen la concreción de 4.620 nuevas soluciones habitacionales. En esta línea de acción Mevir desplegará programas integrales en su área de actuación, beneficiando a las familias del interior disperso y de localidades menores a 15.000 habitantes, señala el ministerio.
Además de los programas Mejoramiento de Barrios, Plan Juntos y el Plan Nacional de Relocalizaciones, se destaca en este lineamiento la creación del Programa Más Barrio, que buscará impulsar intervenciones integrales de desarrollo urbano y vivienda en zonas con alta concentración de vulnerabilidad, exclusión socioterritorial y violencia, con el objetivo de transformarlas en comunidades habitables, seguras e integradas.
El cuarto lineamiento refiere al suelo urbano, con la puesta en marcha de una segunda Estrategia Nacional de Acceso al Suelo Urbano (Enasu). Su objetivo es aprovechar de manera eficiente los inmuebles públicos y promover distritos de innovación en ciudades del interior, articulando vivienda, infraestructura y equipamientos.
Finalmente, el quinto lineamiento se centra en la gestión del SPV, con el propósito de fortalecer la planificación, el monitoreo y la evaluación basados en evidencia, así como promover la transparencia y la participación social en todo el proceso de implementación.
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