La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios atraviesa uno de los momentos más tensos en su historia reciente. A pocos días de las elecciones del miércoles 10 de diciembre, la organización Profesionales Independientes –una asociación civil formada hace tres años– intensifica sus críticas a la conducción del organismo y afirma haber identificado “las causas profundas” de una crisis que, asegura, resultó ser provocada por decisiones políticas y administrativas tomadas durante más de dos décadas.
“Cuando iniciamos este camino entre muy poquitos, nos propusimos en primer lugar estudiar las posibles causas de la crisis de la Caja. Allí empezamos un camino a través del cual llegamos a un diagnóstico de la situación”, dijo Sergio Bedrossian, uno de los principales referentes de la agrupación, en diálogo con EL TELEGRAFO.
La organización nació en redes sociales, pero desde hace un año funciona como asociación civil sin fines de lucro. Ese cambio, explicó, les permitió transparentar procesos internos y ordenar la participación. “Porque les quisimos dar, por supuesto, una orgánica a la organización. Logramos exigencias muy grandes desde el punto de vista formal, en cuanto al funcionamiento democrático, transparencia. Somos casi 800 integrantes”, indicó.
Un diagnóstico que apunta al sistema político
Para Bedrossian, la crisis financiera de la Caja no es producto de la inercia sino de decisiones deliberadas. “El diagnóstico principal fue que la caja sufre una crisis provocada por la gestión de los directorios que en los últimos 20 años han afectado seriamente la institución, en complicidad directa con los partidos gobernantes”, afirmó. “Les toca a las dos coaliciones”.
También asegura que, más que errores, hubo una línea de acción que debilitó las reservas y redujo la capacidad de financiamiento del organismo. Señala, entre otros factores, decisiones sobre el portafolio de inversiones, fallas en la recaudación y la subvaluación del valor del timbre profesional.
“Se golpeó duramente a la Caja en el manejo del portafolio de inversiones. Este portafolio fue convertido abruptamente en papeles del Estado, de muy baja rentabilidad. Eso afectó seriamente, más del 80%, el 83% los tenemos convertidos en papeles”, dijo. Según Bedrossian, la decisión benefició al Estado en detrimento de la institución: “Nos quedamos con papeles que nos condenan en cuanto a las reservas”, señaló.
También cuestiona el mecanismo de recaudación: “Había un atraso muy importante, más de 6.000 notificaciones a deudores. No se les notificaba cuando reglamentariamente correspondía”. A ello suma “aprobación de exoneraciones a pago de timbre que despiertan sospechas” y “sueldos principescos” en la gerencia general, pese a lo que describe como un “caos administrativo”.
Un punto clave de sus críticas es la subvaluación del timbre profesional por haber sido ajustado según el IPC y no por el Índice Medio de Salarios. “Solamente ese factor hubiese evitado una crisis económica en la caja. Hoy tendríamos un superávit, no un déficit”, aseguró.
La dimensión política
Para la organización, la crisis institucional fue utilizada como argumento para modificar el sistema de seguridad social de los profesionales. Bedrossian señala el artículo 9 de la reforma de 2004, que establece que el Estado no se hace responsable en caso de crisis, en contradicción –afirma– con el espíritu del artículo 67 de la Constitución.
“Es como que se estaba preparando una maniobra para la cual era necesario presentar números rojos en la caja para cambiar el modelo de Seguridad Social”, dijo. Ese cambio culminó –según interpreta– en la ley 20.730, que obliga a los nuevos afiliados, desde diciembre de 2023, a destinar aportes también a AFAP.
Esto, sostiene, no ha sido casual. “Hemos tenido como asesores en la Caja a Rodolfo Saldain, un profesional ligado empresarialmente a las AFAP. Y hemos tenido a la actual presidenta del BPS, la economista Jimena Pardo”, afirmó. Para Bedrossian ese vínculo es “escandaloso”, porque –asegura– no se puede “defender a la vez un portafolio de inversiones manejado por los propios afiliados cuando las AFAP tenían el ojo puesto allí”.
Derogaciones, fiscalización y autonomía
Las propuestas de Profesionales Independientes abarcan desde ajustes normativos hasta cambios operativos: derogación del IASS; aplicación correcta del timbre profesional, sin exoneraciones “impresentables”; aumento de la base de aportantes; aportes sobre ingresos reales y no fictos para jóvenes profesionales con ingresos irregulares; transparencia en la gestión administrativa y uso prioritario de equipos técnicos internos; revisión del rol del Estado en la gobernanza, especialmente en lo que describe como un “poder de veto” del Poder Ejecutivo.
“No apoyaremos ningún proyecto que nos deje en manos del Estado”, dijo. “Ya tuvimos una experiencia en estos tres años en donde los partidos políticos no solamente no han atendido los problemas, sino que han sido responsables del agravamiento de la crisis”.
Una campaña que se apoya en el Interior
La organización ha recorrido el país para presentar su diagnóstico. “Hemos ido al Interior, hemos estado en Rivera, Paysandú, Florida. Ninguna organización se movilizó como nosotros”, aseguró Bedrossian, destacando el trabajo de referentes locales.
Sus críticas al sistema político son severas. Habla de “secretismo”, “omisiones”, “corrupción ideológica y material” y de un sistema “lleno de privilegios”. En tres años mantuvieron “más de 130 reuniones” con legisladores y señalan que encontraron “mediocridad y perversidad”.
Pese a eso, afirma que la agrupación no se reduce al ciclo electoral. “No nacimos ni morimos en la elección. Esta organización es para siempre. Otra caja es posible”, dejó en claro.
Una disputa que excede la Caja
Para Bedrossian, lo que ocurre con la Caja de Profesionales representa un reflejo de un proceso mayor. “Se está aplicando un modelo de ajuste sobre la sociedad que ataca especialmente a las clases medias, entre ellos a los profesionales”, aseveró. Al mismo tiempo, menciona la reforma tributaria de 2007 y la influencia de organismos internacionales de crédito.
Pero insiste en que la propuesta de su agrupación no busca aislar a los profesionales del resto del sistema. “Queremos una solución de la seguridad social para todos los uruguayos. No estamos alimentando ninguna burbuja”, subraya.
