El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) presentará un proyecto de ley en el Parlamento para que las empresas avisen con antelación al Estado a la hora de despedir trabajadores. El ministro Juan Castillo respalda la propuesta que obliga a las empresas a informar sobre eventuales despidos masivos o cierres, y aseguró que la iniciativa “no ahuyenta a los empresarios”, sino que busca evitar que las firmas abandonen el país “sin dejar rédito” y sin mecanismos que permitan prevenir impactos sobre el empleo.
La directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios, sostuvo que su aprobación mejoraría la capacidad de respuesta del Estado ante situaciones de riesgo laboral y aclaró que el proyecto “no está pensado para penar a las empresas, sino para que el ministerio se informe al instante de la situación que atraviesa cada firma”. Desde el ministerio critican la modalidad de algunas notificaciones de despidos por WhatsApp.
Respaldo político
Consultado el director en representación de los trabajadores en el Banco de Previsión Social, Carlos Clavijo, señaló a EL TELEGRAFO que “el respaldo político se verá, en la medida en que se vaya discutiendo el tema”.
De acuerdo al director, cuando el país capta una inversión que se instalará en Montevideo, la zona metropolitana o el Interior, “tiene que tener garantías para el país porque se le da mucho”.
Explicó que Uruguay brinda “la infraestructura, exoneraciones, pone el sistema tanto de salud o seguridad social al servicio de las empresas que vienen a generar sus ganancias. Por lo tanto, una multinacional que se va del país tiene que tomar el compromiso de avisar al gobierno de turno con al menos un año de antelación. Ese plazo daría tiempo al Poder Ejecutivo y los organismos, a buscarle la vuelta. No solo para captar otras inversiones en los lugares, sino para reconvertir a sus trabajadores, pensar en los seguros de paro y tratar que no dejen el país de un día para el otro y repercuta en toda la sociedad”.
Según Clavijo, “es una cuestión lógica y los partidos políticos deberían tomar como propio este tema porque, en definitiva, es la defensa del Uruguay y su gente”.
Ejemplificó que “lo ocurrido en Yasaki fue una demostración muy clara de lo que no debe pasar. Por mensaje de texto echaron a 1.200 trabajadores, el gobierno de turno no se enteró. Las intendencias de Colonia y Canelones, que siempre estaban en contacto con la empresa porque ocupaba predios municipales, tampoco se enteraron. Es decir, nadie se enteró hasta que enviaron los mensajes de texto. Eso no debe pasar, porque genera un caos social muy importante en el país”, concluyó.
