La Asociación Cuidacoches de Uruguay (ACU), afiliada a Fuecys (Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios), emitió un comunicado en el que manifestó su preocupación ante lo que definió como una “ofensiva” de algunas intendencias contra la economía informal, y particularmente contra los trabajadores que cumplen tareas de cuidado y ordenamiento de vehículos en la vía pública.
En el documento, el sindicato sostuvo que los cuidacoches “se resisten a ser expulsados del sistema laboral, social y económico” y expresó su solidaridad con otros colectivos de trabajadores en conflicto. Asimismo, denunció situaciones que calificó como “discriminación social”, “persecución laboral” y “persecución sindical”. La organización argumentó que existe discriminación social hacia el sector por pertenecer –según expresa el comunicado– a “las capas más vulnerables” de la clase trabajadora. En cuanto a la persecución laboral, señaló que históricamente la actividad no ha sido plenamente atendida ni regulada por las autoridades, “por acción u omisión”. También cuestionó a actores del sistema político por, a su entender, criticar el derecho de los cuidacoches a sindicalizarse y organizarse.
Señalamientos a intendencias
La ACU denunció en particular al intendente de Salto por presunta persecución sindical e irregularidades en el trato y en la distribución de los trabajadores en las paradas asignadas.
En el caso de Colonia, el sindicato cuestionó un plan elevado a la Junta Departamental que, según afirma, abarca a distintos sectores de la economía informal, como cuidacoches, malabaristas y vendedores ambulantes. De acuerdo al comunicado, la iniciativa se fundamenta en el combate a la “mendicidad abusiva” y derivó en la derogación de un decreto municipal vigente desde 2004 que regulaba la actividad en ese departamento.
La organización sostuvo que, tras esa derogación, la responsabilidad sobre la situación en la vía pública resultó ser trasladada al Ministerio del Interior y al área de seguridad pública, lo que –según entiende– implica un desentendimiento de la administración departamental respecto a la regulación y capacitación del sector.
Reclamo por regulación
En su declaración, la ACU afirmó que no desconoce los problemas sociales vinculados a la vía pública, como el consumo problemático de alcohol y drogas o la mendicidad, pero sostuvo que la solución no pasa por eliminar la figura del cuidacoches.
“Avanzar en su regulación y legalidad, con capacitación y trabajo en equipo con los municipios y el Ministerio del Interior” es, según el sindicato, el camino para abordar la problemática. La organización indicó además que, ante la ausencia de políticas públicas eficaces en materia de seguridad, los propios trabajadores quedan expuestos a situaciones de riesgo en el desempeño cotidiano de su tarea.
Estado de alerta
El comunicado concluye con la declaración de “alerta permanente nacional” ante lo que el sindicato considera una ofensiva contra el sector. Asimismo, convocó a los trabajadores de todo el país a organizarse y sindicalizarse. Las posiciones de las intendencias señaladas no fueron incluidas en el comunicado difundido por la organización.
