El directorio de ASSE resolvió por unanimidad que presentará una denuncia penal contra las autoridades anteriores por irregularidades en compras directas sin licitaciones, contrataciones de servicios y traslados de usuarios, como resultado de auditorías iniciadas en Casmu, Círculo Católico y en los hospitales de Treinta y Tres, Cerro Largo, Paysandú y Soriano.
En el hospital local las auditorías se efectuaron en 2025 y aún no hay novedades, de acuerdo a lo indicado por su director, Sergio Venturino, a EL TELEGRAFO.
EL COMIENZO
Las auditorías fueron anunciadas en marzo del año pasado y ejecutadas a partir de abril, luego de la asunción de Álvaro Danza al frente del actual directorio, que registró una deuda del principal prestador de salud –con 1,5 millones de usuarios– en torno a 280 millones de dólares.
Al finalizar el gobierno anterior, las autoridades salientes aseguraron que la deuda total en 2024 llegaba a 6.512 millones de pesos o unos U$S 154 millones. De esta cifra, los exjerarcas informaron que 4.214 millones de pesos eran de “deuda flotante”, y los restantes 2.298 millones pesos por “deuda pendiente sin registrar”, sin crédito.
Las autoridades informaron, a su vez, que el monto de deuda total que dejaban al gobierno actual era mayor a lo que recibió el gobierno de Lacalle Pou: 5.812 millones de pesos, en valores de 2019 ajustados a 2024. Pero destacaron que la “deuda pendiente sin registrar” el año pasado ($2.298 millones) fue el doble que lo registrado en 2019 ($1.176 millones).
El equipo de gestión pasado, estimó que esos números no corresponden a ASSE, sino al Sistema Informático de Recepción de Factura Electrónica (Sirfe), en tanto es la única herramienta con la que cuenta el ministerio para conocer el monto de la deuda.
Argumentaron, además, que el Sirfe es un sistema con “debilidades” porque se obtienen datos de facturación en bruto “sin pasar por el control de ASSE”. Por ejemplo, argumentaron que las facturas por comisión de inversiones están pagas pero en el sistema figuran como deuda, y se pagan por otra vía.
La depuración no se observa en el Sirfe, donde la factura se visualiza en bruto e incluso cuando los proveedores realizan notas de créditos, tampoco lo registra el sistema.
De acuerdo a las autoridades anteriores, el área Presupuestal de ASSE –dependiente de la Gerencia Administrativa– contaba con los datos más fiables, que fueron entregados durante la transición.
El informe de la ain
La Auditoría Interna de la Nación (AIN) detectó “apartamientos normativos” en ASSE vinculados a gastos de funcionamiento y la ejecución de compras, entre otros aspectos de la gestión.
Respecto a las compras, el informe señala que ASSE “debe ajustar su actuar a las normas que regulan los procesos de compras estatales” y enumera “ausencia de mecanismos” que permitan conocer de forma oportuna la necesidad de las unidades ejecutoras.
La auditoría concluyó que por esta razón, se lleva a las contrataciones carezcan de “eficiencia por no contar con las ofertas más convenientes” y las compras que se realicen sin crédito disponible, son deudas que quedan pendientes para ejecutarse en el ejercicio siguiente.
El informe identificó “debilidades en los procedimientos de compras, incluye la falta de planificación de compras y servicios, el incumplimiento respecto a los requisitos en los pliegos, la no entrega de documentación por parte de las Unidades Ejecutoras, la emisión de órdenes de compra no autorizadas y la omisión de solicitudes de presupuesto”. También aseguró que hubo “controles insuficientes” en los pagos, “pago a proveedores con atrasos”, “omisión y atrasos en la facturación”.
Gasto exponencial
La auditoría interna concluyó, además, que hubo un aumento exponencial del gasto en servicios contratados al Casmu y un significativo aumento en el Círculo Católico. El gobierno indagó si durante la gestión del expresidente Leonardo Cipriani se privilegió a dicha mutualista, donde había ocupado el cargo de director técnico antes de asumir al frente de ASSE y a la que volvió al finalizar el gobierno de Lacalle Pou. Consultado por medios capitalinos, Cipriani aseguró que antes de su ingreso en ASSE, “el Círculo era el segundo proveedor. Ahora pasó a ser el cuarto o quinto”.
En diciembre de 2021 se cerró la mutualista Casa de Galicia y el prestador público debió salir a buscar otras empresas para suplantar los servicios que le tercerizaba. En 2022 realizó dos Convenios de Complementación de Servicios, uno con Casmu y otro con el Círculo Católico.
Con esto, se aumentó la cantidad de camas de CTI y cuidados moderados. La auditoría detectó que, según los expedientes analizados, no se realizó un llamado a precios a otros proveedores del mercado para la negociación de estos convenios.
Las compras de traslados médicos de ASSE a la empresa ITHG (hoy UTAM) fue uno de los temas de controversia entre el Frente Amplio y la coalición durante la gestión pasada. El documento detalla que ITHG fue contratada con precios por encima del mercado, que hubo falta de controles de las facturas que emitía la empresa para que le pagaran y que hubo desvíos de hasta 700% sobre la pauta de contratación prevista, de acuerdo al resultado de la auditoría.
En tres años, los pagos ascendieron a unos U$S 50 millones, donde se registraron “diferentes criterios y errores de imputación” que “imposibilitaron” a la auditoría “determinar con exactitud el gasto de traslados contratados y su evolución”.
Hospitales del interior
La auditoría incluyó un análisis del Hospital de Treinta y Tres, donde señaló un aumento de las intervenciones con médicos tercerizados, y una “disminución” con médicos propios de ASSE, lo que supone un “incremento” del gasto. También se auditaron las contrataciones privadas de estudios y camas de CTI en el Hospital de Paysandú. “Para el total de compras analizadas, no se observan procedimientos licitatorios ni convenios vigentes, realizando la unidad ejecutora todas las compras directas”. Agregó que “no se realizan controles” en la gestión de pacientes y seguimiento ineficiente de recomendaciones presupuestales (el 65% de las cuales no se implementaron, según datos de enero de 2026), con aumento significativo de pago por contrataciones.
Las resoluciones del Hospital de Paysandú indican el envío de documentación a la Auditoría Litoral Norte para la intervención del Contador Delegado del Tribunal de Cuentas de la República. El director del Hospital que asumió en abril de 2025, Dr. Sergio Venturino, dijo a EL TELEGRAFO que “el año pasado se hicieron varias auditorías y aún no hay novedades. Incluso es probable que sigan haciéndose” nuevas consultas.
En el Hospital de Maldonado fueron auditadas diversas contrataciones entre 2016 a 2020, con datos al 2024, que incluyeron varias observaciones. En las contrataciones de tomografías, por ejemplo, el 65% de las recomendaciones no fueron implementadas. Registró la contratación del mismo servicio a dos mutualistas, a precios diferentes, con autorizaciones de forma “verbal” y sin firmas.
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